SEGUIMOS SIN BOLETÍN ESTADÍSTICO.

“Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a depurar las diferentes bases de datos en materia de recursos humanos de todo el sector público autonómico, de forma que sean coincidentes entre sí y permitan en todo momento el conocimiento de los efectivos existentes y su distribución entre los distintos colectivos y entidades que lo integran”. Así se formula una de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Ponencia encargada, dentro del Parlamento autonómico, del estudio del Informe del Tribunal de Cuentas sobre las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a los ejercicios de 2008 y 2009, que lleva fecha de 13 de mayo de 2013.

Resulta lamentable que el Gobierno de Aragón, a estas alturas, siga sin rendir cuentas claras sobre el volumen total y la estructura interna del conjunto de las personas que trabajan en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Es penoso que ese dato lo ignoren los ciudadanos, que son los primeros interesados en conocer y controlar la composición, la evolución y el coste de los diferentes servicios públicos, empezando por el conjunto de los recursos humanos empleados en ellos. Pero aún resulta más lamentable constatar que el Gobierno de Aragón no esté en condiciones de dar una información fiable y coherente a los órganos de control, como son el Tribunal de Cuentas y las Cortes de Aragón.

Tampoco resulta de recibo que los datos sobre interinidad y provisionalidad en los diferentes sectores de la Administración de la Comunidad Autónoma sólo hayamos llegado a conocerlos gracias al trabajo realizado por el Justicia de Aragón, al hacer público su informe sobre el estado del empleo público en la Administración aragonesa, el pasado mes de diciembre de 2012.

Es indudable que la confianza en las instituciones públicas pasa necesariamente por su transparencia y rendición de cuentas, algo que obliga al Gobierno de Aragón a editar un boletín estadístico sobre la función pública aragonesa y personal del sector público de la Comunidad Autónoma que sirva para conocer la situación real de los recursos humanos públicos, en todas sus dimensiones relevantes.

Nada justifica –ni se alega razón alguna para que esto no se corrija año tras año- la total opacidad del Departamento de Hacienda y Administración Pública en lo relativo a estadísticas sobre el empleo público en Aragón. La falta de información, sin embargo, no es el más grave de los incumplimiento en esta materia, pues a la vista están las sentencias condenatorias, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por vulnerar el derecho de acceso a la función constitucionalmente reconocido a los ciudadanos, al no aprobar las Ofertas de Empleo Público de conformidad con lo exigido por la Ley.