SE SOLICITA A LAS CORTES DE ARAGÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

La Asociación se ha dirigido, en ejercicio del derecho de petición, a la Mesa de las Cortes de Aragón para solicitar que, de conformidad con lo previsto en el propio Reglamento del Parlamento autonómico, se valore la oportunidad de incorporar al procedimiento de tramitación del Proyecto de Ley de Calidad de los Servicios Públicos, una vez concluido el periodo de presentación de enmiendas, un conjunto de comparecencias de expertos y de entidades sociales representativas especialmente interesadas con los objetivos del proyecto normativo, de manera que el debate parlamentario pueda verse enriquecido con los enfoques aportados en dichas comparecencias.

Dicha iniciativa se debe al hecho de que el citado Proyecto de Ley se haya elaborado prescindiendo de cualquier trámite de participación ciudadana y, lo que resulta todavía más cuestionable, sin que el personal de la Administración Pública haya tenido la oportunidad de conocer su contenido y formular propuestas para su mejor definición.

Toda política de calidad en una organización ha de partir de la implicación del personal, para que éste pueda hacer y sentir suyos los objetivos de mejora que se proponen, pasando de ese modo a ser un factor de impulso de los programas de calidad. De este otro modo, al haber quedado al margen del proceso de elaboración del Proyecto de Ley, se corre el riesgo de que la política de calidad sea un objetivo impuesto de forma normativa y jerárquica, sin que venga a incidir  realmente  en la “cultura organizativa” de la Administración autonómica.

Ha de resaltarse el error estratégico en que ha incurrido el Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, al no apelar al compromiso e implicación de los funcionarios autonómicos y de los responsables de los diferentes servicios departamentales para poder enriquecer la Ley llamada a fijar el marco general de calidad del conjunto de los servicios públicos autonómicos.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito de petición dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón:

“Mesa de las Cortes de Aragón

Palacio de la Aljafería

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 16 de mayo de 2013.

Estimados señores:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con número 01-Z-1989-2007, como entidad comprometida con las ideas de buen gobierno y buena administración en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, deseo expresarles nuestro interés por el Proyecto de Ley de Calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, actualmente en tramitación por parte de ese Parlamento, y nuestro deseo de que la aprobación de dicha norma permita la incorporación de la cultura de la calidad en los diferentes ámbitos de la Administración aragonesa.

La trascendencia de dicha norma en la futura gestión pública de los diferentes servicios de titularidad de la Comunidad Autónoma y en la mejor atención de los derechos de los ciudadanos no se ha visto acompañada, a nuestro juicio, del necesario proceso de debate público y participación ciudadana que la finalidad del anteproyecto de ley hubiera aconsejado, lo cual creemos que ha tenido un claro reflejo en su orientación y contenidos.

A la vista de dicha carencia en el proceso de elaboración del anteproyecto —carencia significativa en una Ley que contempla la regulación de mecanismos de participación ciudadana y de los empleados públicos, que adolece de participación en su elaboración, lo que resulta incoherente con el espíritu de la norma—, consideraríamos aconsejable que por parte de los órganos que ordenan la actividad parlamentaria, y más en concreto la tramitación dada al citado Proyecto de Ley, se valore la oportunidad de acordar, conforme a lo previsto en el artículo 56.1.c) del Reglamento de las Cortes de Aragón, la realización de una ronda de comparecencias de entidades y expertos en materia de calidad de los servicios públicos para contribuir al mejor trabajo legislativo por parte de la Comisión encargada de su tramitación, de modo que la Ponencia pueda hacer suyas aquellas aportaciones que entienda valiosas a través de lo previsto en el artículo 129.5 del Reglamento..

Valoramos muy positivamente la colaboración de la sociedad civil en el estudio y análisis de las iniciativas legislativas, por la posibilidad de incorporar a las mismas elementos que refuercen su eficacia futura. Por dicho motivo, no comprendemos que una iniciativa legislativa como la referida a la calidad de los servicios públicos no haya posibilitado la intervención de organizaciones especializadas en la materia, pero sobre todo de entidades representativas de los usuarios de los servicios públicos y de los empleados públicos llamados a asegurar su correcta aplicación.

Consideramos que la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley cuenta con mecanismos idóneos, como son las comparecencias en las Comisiones, para subsanar la ausencia de debate técnico y ciudadano respecto a la orientación y contenidos de la Ley, permitiendo así enriquecer el insustituible debate parlamentario y afianzando los cauces de comunicación y colaboración entre las instituciones públicas y la sociedad civil, de modo que la voz de ésta se haga presente de forma razonada y razonable en el ejercicio de la función legislativa del Parlamento, cuando ello se estime aconsejable.

Por todo ello, y al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, solicitamos a ese órgano que considere la oportunidad de incorporar al proceso de tramitación del Proyecto de Ley de Calidad de los Servicios Públicos un turno de comparecencias de expertos y entidades sociales que puedan aportar reflexiones útiles sobre la inclusión de la cultura de la calidad en la gestión de los servicios públicos.

Agradeciéndoles de antemano su atención, aprovecho para expresarles nuestro máximo respeto y consideración.

Julio Guiral Pelegrín”