REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: UN HORIZONTE DE INTENSO TRABAJO.

En la tarde del pasado martes, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la primera reunión de la Junta Directiva posterior a la asamblea ordinaria celebrada el día 25 de abril, tras haber reasumido Julio Guiral la condición de presidente de la Asociación.

Tras la aprobación del orden del día propuesto, y del acta de la sesión anterior de la Junta, correspondiente al día 9 de abril de 2013, se dio por constituida la nueva Junta resultante de la pasada asamblea, con la reincorporación de Julio Guiral como presidente y la incorporación de Alfonso Salgado como nuevo vocal de la Junta.

Seguidamente, el Presidente informó de las últimas actuaciones llevadas a cabo, fundamentalmente en relación con el derecho de acceso a la función pública, al haberse planteado sendas quejas ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo ante la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público por parte del Gobierno de Aragón en 2012 y 2013, cuestión también planteada a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, y haberse promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la ejecución forzosa de las sentencias firmes del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Se da cuenta también de la respuesta recibida de la institución del Justicia, por la que se acuerda la admisión de la queja planteada, así como del acuse de recibo por parte del Defensor del Pueblo, quedando pendiente el acuerdo de admisión. Asimismo, se ha reiterado al Consejero de Hacienda y Administración Pública escrito de petición relativo a la publicidad de las comisiones de servicios acordadas en puestos de libre designación.

Seguidamente se abordan las nuevas actuaciones que cabe impulsar en defensa del derecho de acceso a la función pública, acordándose la elaboración de un documento claro y conciso de toma de posición en el tema, para proceder a su máxima difusión por todos los canales posibles, incluidas las redes sociales. Se acuerda dirigir sendos escritos de petición a los responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a las Cortes Generales, y también a los responsables políticos del área de función pública de las restantes Comunidades Autónomas. Se baraja igualmente la posibilidad de artículos en prensa y contactos con medios de comunicación para dar a conocer la campaña que se viene realizando. Se abre, además, entre todos los presentes en la reunión, un amplio debate sobre la necesidad de acometer también una acción relativa al creciente e injustificado empleo de la libre designación en la provisión de puestos de trabajo, entendiendo que la reciente revisión de las relaciones de puestos de trabajo no sólo no han reducido su ámbito de aplicación, sino que es posible que lo hayan ampliado, a la vista de las convocatorias que se publican en el BOA en las últimas fechas. Se debate y acuerda la oportunidad de solicitar del Justicia de Aragón un estudio concreto relativo al régimen de provisión de puestos de trabajo, con el fin de acotar el ámbito de aplicación de la libre designación a los supuestos objetivamente justificados, dado que el uso indiscriminado de tal fórmula de provisión compromete gravemente la profesionalidad de la Administración y la vigencia efectiva de los principios de mérito y capacidad.

A continuación, se aborda el análisis del Proyecto de Ley de Calidad de los Servicios Públicos, entendiendo que su contenido puede resultar escaso y particularmente descompensado en cuanto a la regulación de los diferentes programas de acción contemplados, como la evaluación de políticas públicas, las cartas de servicios, los grupos de mejora o las quejas y sugerencias, pero se considera oportuno ofrecer un respaldo crítico a la norma, entendiendo que cualquier normas más ambiciosa que la planteada, debido a la carencia de base real en este ámbito, comprometería su aplicabilidad. Esta puede ser una norma válida para comenzar a introducir o reforzar la cultura de la calidad en la gestión de los servicios de la Administración autonómica, si bien se considera que a la norma le ha faltado un proceso participativo de debate y análisis, por lo que se acuerda sugerir a la Mesa de las Cortes de Aragón que el debate de dicha Ley y la discusión de sus enmiendas vaya precedido de un conjunto de comparecencias de expertos en la materia o de entidades interesadas y representativas. Debería igualmente analizarse el impacto que los contenidos de la nueva Ley tienen sobre los instrumentos de control y racionalización que se contemplan en la actual Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o sobre otras leyes sectoriales que contemplan medidas de calidad, respecto a las cuales la nueva Ley no define suficientemente su efecto.

En el apartado de ruegos y preguntas, se plantea la necesidad de un análisis detenido sobre la actual regulación del régimen de consolidación del complemento de alto cargo por parte de funcionarios que han ocupado puestos de responsabilidad política o directiva de confianza política y la conveniencia de adoptar iniciativas para promover su supresión, al entender totalmente injustificado dicho concepto retributivo, que mezcla de forma improcedente la carrera profesional y la actividad política de los empleados públicos.

Se constata la necesidad de que la Asociación desarrolle un amplio trabajo de propuestas y de exigencia del cumplimiento de la legalidad administrativa, sin ceder al escepticismo generalizado que parece dominar en la Administración Pública.