ESCRITO A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN.

Prosiguiendo con la campaña iniciada por esta Asociación ante el conjunto de las instituciones aragonesas y españolas, para reclamar el respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública que se reconoce a todos los españoles en el artículo 23.2 de la Constitución Española, hoy nos dirigimos a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, desde el convencimiento de que los Parlamentos, como titulares de la potestad legislativa, han de ser los primeros en defender la aplicación y el respeto a las leyes que aprueban, y reclamar del Ejecutivo el escrupuloso cumplimiento de las obligaciones legales establecidas, entre ellas las referidas al régimen de acceso de los ciudadanos a la función pública.

Son diferentes los instrumentos de que disponen los Grupos Parlamentarios para desarrollar su labor de impulso y control de la acción del Gobierno, y consideramos que todos ellos debieran ponerse en  ejecución para asegurar algo tan básico en la configuración de nuestras Administraciones Públicas como es el sistema de selección de su personal a través de procesos selectivos conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La trascendencia de la cuestión justificaría la petición de una comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, ante la Comisión Parlamentaria correspondiente, para exponer las líneas de actuación del Gobierno de Aragón para asegurar la legalidad en materia de acceso a la función pública, incluida la explicación de los motivos por los que no ha llevado a cabo la ejecución de las sentencias firmes del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon, por inconstitucionales, las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito dirigido a los Grupos Parlamentarios:

“Grupos Parlamentario

Cortes de Aragón

Palacio de la Aljafería

Zaragoza, 7 de mayo de 2013.

Estimados señores:

Como presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad dedicada a la defensa y promoción de los principios constitucionales que ordenan la función pública, como son los de legalidad, profesionalidad y ética pública, deseo trasladarles nuestra preocupación por el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón del régimen de acceso a la función pública que regulan tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, en garantía del derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a la función pública en condiciones de igualdad, contemplado en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

La no aprobación de Oferta anual de Empleo Público en los años 2012 y 2013 por parte del Gobierno de Aragón o la aprobación de ofertas insuficientes, sin incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, es un grave incumplimiento de la legalidad administrativa y constitucional, al afectar a un derecho fundamental de los ciudadanos. Así lo declaró el Tribunal Supremo en recurso promovido por esta Asociación.

Precisamente, la no inclusión de la totalidad de las plazas que señalan las leyes citadas supuso la anulación de las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón, por parte del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, respectivamente, sin que ambos fallos judiciales hayan sido ejecutados hasta el momento por el Ejecutivo autonómico, lo que ha obligado a esta Asociación a solicitar del TSJA la ejecución forzosa de ambas sentencias.

Además, las altas tasas de interinidad existentes en la función pública aragonesa, como resultado de la falta de respeto al régimen de selección de personal –fenómeno que ha constatado el Justicia de Aragón en su reciente informe sobre “El empleo público en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”-, constituyen un grave factor de debilitamiento de la Administración Pública, que incide negativamente en su profesionalización y en su ineludible compromiso con el respeto del principio de legalidad y de la igualdad de trato a todos los ciudadanos.

Por todo ello, y al entender que los derechos fundamentales –como es el caso del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública- vinculan a todos los poderes públicos, correspondiendo a todos ellos adoptar las medidas necesarias para asegurar su ejercicio y garantía, nos dirigimos a ese Grupo Parlamentario para solicitarle que, mediante las iniciativas que estime pertinentes, inste o requiera del Gobierno de Aragón el respeto de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la aprobación anual de Oferta de Empleo Público, incluyendo en ella la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, asegurando con ello el ejercicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Desde esta Asociación estamos abiertos a cualquier encuentro que se desee mantener por parte de ese Grupo para analizar la cuestión planteada o cualquier otra que afecta al funcionamiento de la función pública aragonesa.

Agradeciéndoles de antemano la atención prestada al presente escrito, reciban mi más atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín”