UNA COMPARECENCIA FALLIDA.

El hecho de que el Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, compareciese ayer ante las Cortes de Aragón, a petición de un Grupo parlamentario de la oposición,  para valorar el contenido del “Informe sobre el estado del empleo público en la Comunidad Autónoma de Aragón”, elaborado por el Justicia de Aragón, y el propio contenido de la comparecencia, son un claro síntoma de la atonía existente en el Gobierno de Aragón. En materia de función pública, como en tantas otras.

En primer lugar, llama la atención el hecho de que, tras el citado Informe del Justicia de Aragón, el Consejero haya carecido de reflejos para solicitar una comparecencia y expresar la valoración del Informe hecha por el Gobierno de Aragón, en particular respecto a las recomendaciones y sugerencias para corregir las numerosas disfunciones puestas de manifiesto. No hay que olvidar que el Justicia de Aragón es, en cierto modo, un Comisionado Parlamentario para la protección de los derechos de los aragoneses y para la supervisión del funcionamiento de la Administración autonómica.

El informe del Justicia y la comparecencia de ayer ponen de manifiesto un hecho particularmente grave. Este Gobierno de Aragón carece, a estas alturas, de un claro diagnóstico del estado del empleo público en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y si lo tiene, no lo ha dado a conocer ni al Parlamento ni, como sería deseable, a los propios funcionarios públicos. Dicha labor la ha tenido que hacer la institución del Justicia de Aragón, lo que pone en evidencia la desidia de los responsables departamentales en materia de personal y, muy en especial, del responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública. Cuando ahorrar en el capítulo de gastos de personal es prioritario a asegurar el buen estado de la función pública, las disfunciones sólo pueden agravarse.

Los datos sobre número de efectivos, tasas de temporalidad y de provisionalidad en la cobertura de puestos de trabajo ha tenido que ponerlos a disposición de los ciudadanos y de los propios Grupos parlamentarios el Justicia de Aragón y no los responsables de la política de personal. Dato más que significativo de la falta de transparencia existente en este ámbito, por más que esta Asociación venga reclamando desde hace años un Boletín estadístico sobre el empleo público en la Comunidad Autónoma de Aragón. No lo ha habido hasta ahora y no parece que constituya una prioridad de este Gobierno.

Sin embargo, lo peor de todo –tanto de la intervención del Consejero responsable como de los portavoces de los distintos Grupos parlamentarios- es que el debate sostenido, una vez más, es totalmente baldío y prescindible, pues se reduce a una reiteración de tópicos, lugares comunes y evasivas que sobre el tema tienen ya todos bien aprendidos. 

Nadie va a la raíz de los problemas ni nadie critica, acaso porque no les parece mal, la quiebra del derecho de acceso a la función pública, la falta de objetividad y de criterios profesionales en la provisión de puestos de trabajo –la discrecionalidad en el creciente número de puestos de libre designación, la falta de especialización en áreas sensibles de la gestión pública como la Intervención General o la Inspección General de Servicios o la adecuación de los perfiles de tantos puestos de trabajo a candidatos predeterminados, vía modificación constante y arbitraria de las relaciones de puestos de trabajo-, la inexistencia de carrera profesional objetiva, siempre a merced de la decisión política, la degradación del sistema retributivo –nadie osa hablar del injustificado anticipo de carrera profesional que se percibe- o la falta de garantías del actual marco de negociación colectiva en las Administraciones Públicas. Pequeños asuntos espinosos que parece mejor eludir, pues se gobierna sin afrontar los problemas y se ejerce el control sin cuestionar las verdaderas fallas del sistema, a las que no interesa poner solución.

Eso sí, para todos la gran solución es la aprobación de una Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Cabe preguntarse por el sentido de tal coincidencia cuando a nadie parece importarle la vulneración de la actual legislación de función pública. O es que acaso conviene cambiarlo todo para que nada cambie, cambiar las leyes pero persistir en su vulneración. La solución está en el cumplimiento de la ley más que en el cambio de ley, pero es posible que para Gobierno y oposición sea más sencillo lo segundo. Nada ganarán con ello ni los ciudadanos ni los servidores públicos.