PENSAR EN LA CALIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

En el Proyecto de Ley sobre Calidad de los Servicios Públicos, al que deberemos dedicar un detenido análisis en notas futuras de este blog, hay un detalle importante que nos interesa destacar, y es su escasa o nula conexión con la calidad de los servidores públicos. La calidad no será tanto resultado de la aprobación de cartas de servicios o de la implantación de sistemas de evaluación de objetivos o de mecanismos de quejas o sugerencias, como del empeño en potenciar de forma constante y decidida la calidad de los servidores públicos. No hay que olvidar poner el acento en el factor humano.

Cuando se menosprecia el esfuerzo profesional y el compromiso de los servidores públicos y se observa a éstos como objetos reemplazables o como carga económica a suprimir para lograr ajustes presupuestarios, y trasciende así el papel secundario que se atribuye a las personas en el desarrollo de las diferentes políticas públicas, resulta fácil aventurar el absoluto fracaso de las medidas contempladas en la futura Ley de Calidad de los Servicios Públicos. Es, por otra parte, llamativo el que un Gobierno propugne nuevas normas para mejorar la gestión pública –con contenidos, en algunos casos, prescindibles, pues nada aporta el nuevo texto en materia de cartas de servicios o quejas y sugerencias-, cuando permanecen absolutamente inaplicadas las medidas de racionalización de la gestión administrativa ya contempladas en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de 1996, hoy contempladas en el Texto Refundido de la Ley de la Administración de 2001.

Quince años de inaplicación de programas de mejora administrativa como los “manuales de procedimientos” o las “auditorías administrativas” requerirían un ejercicio de autocrítica de la política de calidad y de racionalización administrativa. Sin embargo, nada de ello se aprecia en el citado Proyecto de Ley de Calidad de los Servicios Públicos, lo que es un signo evidente de su falta de verdadera consistencia. ¿Por qué han de llevarse a cabo las evaluaciones, cuando nunca se realizaron las auditorías administrativas legisladas en 1996?

Pensar seriamente en la calidad de los servicios públicos pasa, en primer lugar, por centrarse en la calidad de los servidores públicos, y en tal sentido no se vislumbra ninguna medida por parte de este Gobierno, cuyos gestos hacia los funcionarios públicos parecen inexistentes, a pesar de los sacrificios que se les han exigido. Volvemos a subrayar que el Gobierno –y, particularmente, los Consejeros- no sólo han de ejercer un liderazgo público, dirigido a la sociedad, sino también un liderazgo interno, dirigido al personal que trabaja en cada Departamento y en el conjunto de la Administración, y la política de calidad que se propugna no puede desconocer el inexistente liderazgo que padece, desde hace mucho tiempo, la Administración autonómica, cuyo ritmo viene mantenido en gran medida por el compromiso con su trabajo de cada empleado público.