INCREDULORUM CONVICTIONE.

Frente a los que parecen haber desistido en la tarea de defender el derecho y el respeto al ordenamiento jurídico, empezando por la propia Constitución, y se declaran vencidos de antemano, dejando el campo libre a la arbitrariedad política y administrativa, porque deben considerar muy valioso su tiempo como para desperdiciarlo en batallas estériles o carecen de verdadero convencimiento sobre la trascendencia que tiene la reivindicación del Estado de Derecho, esta Asociación mantiene su firme compromiso para seguir trabajando, con la máxima energía de la que sea posible, por el respeto de los principios y valores de la función pública, lo que exige, al mismo tiempo, la defensa del modelo constitucional de Administración Pública.

Los hay que nunca creyeron en que el Tribunal Supremo dictase el fallo que dictó en materia de acceso al empleo público –dando la razón a las tesis mantenidas por esta Asociación-, y entendían que gastábamos inútilmente nuestras energías y nuestros escasos recursos económicos. Ahora son los que sostienen que nunca lograremos que la Administración cumpla las sentencias dictadas por los Tribunales, tratando de contagiar con ello su propio desánimo y escepticismo a quienes hemos hecho de la batalla por el derecho de acceso a la función pública un objetivo fundamental de la existencia y actividad de esta Asociación. Ni les escuchamos entonces ni les prestaremos atención ahora, porque mantenemos íntegra nuestra confianza en la capacidad del Estado de Derecho para hacer respetar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La actitud de los ciudadanos –el desentendimiento generalizado que ha habido en el pasado respecto al buen funcionamiento de las instituciones- es determinante en la evolución de nuestro sistema democrático e institucional. También resulta determinante el grado de compromiso personal de los funcionarios públicos con el respeto de la legalidad y la garantía de los principios constitucionales. No podemos criticar la creciente degradación de la función pública cuando no estamos dispuestos a defender su buen funcionamiento, su sometimiento a la legalidad, si ello nos ha de suponer el menor contratiempo o riesgo. Si defender el respeto a la legalidad supone un riesgo para un funcionario, podemos certificar que no contamos con la Administración que establece nuestra Constitución, no estamos ante la Administración que sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Como ciudadanos y como servidores públicos, en la asamblea del pasado jueves, reafirmamos nuestro empeño en defender una función pública al servicio de la democracia y de los ciudadanos, dentro de un marco de importantes reformas institucionales para asegurar el buen gobierno y la buena administración, de manera que contemos con unas instituciones fiables capaces de poner freno a la corrupción pública y privada y de hacer frente, de forma solvente, a los graves problemas económicos y sociales que padece nuestra sociedad. No nos concedemos en esta tarea la licencia que se otorgan a sí mismos, para así desentenderse de sus obligaciones como ciudadanos, los incrédulos y escépticos. Creemos en el valor de nuestras instituciones democráticas y en la plena vigencia de nuestra norma constitucional, y desde la exigencia de respeto a la legalidad y demás principios constitucionales –a partir de la ética cívica que presupone una verdadera sociedad-, estamos seguros de que los incrédulos de hoy serán los que mañana tratarán de presentarse como artífices del triunfo de la legalidad sobre la arbitrariedad del poder y el desistimiento ciudadano.