LA OFERTA DE EMPLEO REQUIERE UNA COMPARECENCIA PARLAMENTARIA DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Un Gobierno democrático es, por definición, un gobierno responsable, que responde y rinde cuentas de sus decisiones ante los ciudadanos y el ámbito idóneo para hacerlo es el Parlamento, donde los ciudadanos debieran sentirse representados. Esa rendición de cuentas puede realizarla, por decisión propia, cada miembro del Gobierno, o, en su caso, deberá ser solicitada por los Grupos Parlamentarios.

No comprendemos que en un caso que afecta a los derechos de tantos miles de ciudadanos, como es el acceso a la función pública aragonesa, tras haberse producido dos sentencias contundentes declarando vulnerado el derecho fundamental de acceso de los ciudadanos por parte del Gobierno de Aragón al aprobar las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, no digamos cuando dicha Oferta no es aprobada, como sucedió en 2012, nada tenga que decir el Gobierno de Aragón ni nada tengan que preguntar los Grupos Parlamentarios.

¿Acaso creen que la forma de ingreso en la función pública aragonesa es una cuestión menor? ¿Algo que no merece un debate parlamentario ni una explicación por parte del Gobierno de Aragón? ¿Tampoco la inejecución de las sentencias de los Tribunales, en una nueva muestra de desafío a la legalidad, merece una iniciativa parlamentaria para restablecer el derecho fundamental vulnerado? ¿Seguimos con la función pública fuera de la agenda política? ¿Seguimos creyendo que la función pública es un espacio sujeto a la estricta voluntad de los políticos, desconociendo o despreciando su función de garantía del funcionamiento del Estado de Derecho?

Es posible que los que vulneraron la legalidad –el anterior Gobierno- no deseen propiciar un debate que pueda cuestionar sus decisiones del pasado, pero con ello demostrarían su incapacidad para controlar la acción del actual Gobierno y su nula voluntad de contribuir al restablecimiento del respeto a los derechos fundamentales que ellos fueron incapaces de asegurar.

Una vez que el Tribunal Supremo, al anular la Oferta de Empleo Público de 2007, despejó cualquier duda sobre el alcance del derecho de acceso a la función pública y sobre la obligatoriedad de incluir en la Oferta de Empleo Público la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, cualquier pasividad, ya sea del Gobierno o de los Grupos de la oposición, supone una clara dejación en la principal misión de todo poder público, como es contribuir al aseguramiento y realización de los derechos de los ciudadanos, y si esta prioridad se ha olvidado no puede extrañarnos que el desprestigio de los actuales titulares de las instituciones continúe de forma imparable.