PETICIÓN DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Días atrás la Asociación se dirigió a la Presidenta del Gobierno de Aragón, ejerciendo nuevamente el derecho fundamental de petición, para solicitar que el Gobierno de Aragón remita a las Cortes de Aragón los proyectos de ley con todos los antecedentes necesarios para que los miembros del Parlamento puedan pronunciarse sobre ellos.

Constituye una práctica insólita en el funcionamiento institucional lo que sucede en la Comunidad Autónoma de Aragón, al hurtarse por el Gobierno a las Cortes de Aragón la documentación relevante considerada en la elaboración de un proyecto de ley, dificultando con ello la labor de los parlamentarios en la labor de enmienda, discusión y aprobación del proyecto normativo.

No sólo resulta llamativo el hecho de que el Gobierno de Aragón no cumpla con tal deber de lealtad institucional hacia el Parlamento autonómico, sino que aún resulta más incomprensible el hecho de que la Mesa de las Cortes de Aragón no recabe el envío de tal documentación, pese a exigirlo el Reglamento de la Cámara, de manera que el órgano de gobierno llamado a asegurar el cumplimiento del Reglamento es el primero en descuidar su exigencia, en una cuestión tan fundamental como la que afecta a las relaciones de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Entendiendo que la corrección de tal práctica debe ser resuelta por la máxima responsable del Gobierno de Aragón, la Asociación le ha dirigido un escrito de petición solicitándole que el Ejecutivo respete el Reglamento de las Cortes de Aragón y adecue la regulación de la iniciativa legislativa contenida en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón al régimen de colaboración institucional existente en la regulación estatal entre el Gobierno y las Cortes Generales.

A continuación se reproduce el texto íntegro del escrito de petición formulado:

“Excma. Sra, Presidenta del Gobierno de Aragón

Edificio Pignatelli

Pº María Agustín, 36

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 18 de marzo de 2013.

Estimada señora:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y al amparo del derecho fundamental de petición que reconoce el artículo 29 de la Constitución Española, le dirijo el presente escrito para solicitarle que, en su condición de representante máximo del Gobierno de Aragón, asegure que la remisión a las Cortes de Aragón de los proyectos de ley aprobados por el Ejecutivo aragonés se haga acompañándolos de su memoria y demás antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos, tal y como se exige en el artículo 122.1 del Reglamento de las Cortes de Aragón.

Entendemos que el buen funcionamiento institucional, y en particular el ejercicio de la función legislativa, en todas sus fases, requiere de una especial transparencia ante los ciudadanos y sus representantes, por lo que la información que justifica la elaboración de un proyecto de ley por parte del Gobierno no sólo debiera trasladarse a las Cortes de Aragón, como exige el Reglamento de las Cortes de Aragón y debiera exigir la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, sino que debiera resultar igualmente accesible a los ciudadanos a través de los medios electrónicos y canales de que dispone el propio Gobierno de Aragón.

La acción política exige necesariamente la intervención de los órganos institucionales de los que se dota una sociedad para su gobierno, pero no es posible olvidar que se gobierna y legisla para los ciudadanos y para asegurar el interés general, y, por lo tanto, la adopción de cualquier medida, y particularmente las de naturaleza legislativa, ha de explicarse a los ciudadanos, poniendo a su disposición aquellos documentos que justifiquen su necesidad e idoneidad. Esa publicidad constituiría, además, un eficaz control ciudadano sobre la labor de las instituciones y contribuiría a la calidad en el proceso de toma de decisiones.

No resulta justificable, a nuestro juicio, que la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón no incluya la obligación expresa de que la remisión de los proyectos de ley a las Cortes de Aragón haya de hacerse junto con los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ella, apartándose indebidamente del criterio establecido en el artículo 22.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al regular dicha cuestión en el ordenamiento estatal. Entendemos que todas las carencias reguladoras existentes en el ordenamiento jurídico aragonés frente a la ordenación institucional establecida en el Estado o en otras Comunidades Autónomas debieran tratarse de corregir, pues la homologación en el nivel de exigencias institucionales constituye un primer objetivo en materia de buen gobierno.

Por ello, y visto que la reciente modificación del artículo 37 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, efectuada por la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, no se ha aprovechado para corregir la carencia señalada, le formulamos a través del presente escrito, y al amparo del derecho de petición, la solicitud de que su Gobierno se ajuste a los términos establecidos en el artículo 122.1 del Reglamento de las Cortes de Aragón, al remitir al Parlamento autonómico los proyectos de ley, promoviendo en todo caso la modificación del artículo 37 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón para adecuarlo al reglamento parlamentario y equipararlo a los términos previstos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Agradeciéndole de antemano su atención, aprovecho para expresarle mi más respetuoso saludo.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Julio Guiral Pelegrín”