PERSISTE LA ILEGAL PUBLICIDAD DE LOS NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA.

Si resulta decepcionante la actitud del Gobierno de Aragón, y en particular del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la falta de ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por las que se anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, vulnerando con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública, el Boletín Oficial de Aragón de hoy vuelve a mostrarnos unos responsables políticos y administrativos reacios a respetar la legalidad y a rectificar prácticas invalidadas por los Tribunales, reiterando comportamientos que desmienten cualquier proclama a favor de la legalidad, la transparencia y la calidad de la gestión pública.

Hoy se publica un anuncio de la Secretaría General Técnica del Departamento de Política Territorial e Interior, dando publicidad al nombramiento, acordado días atrás, de un asesor del Gabinete del titular de dicho Departamento.

Verdaderamente resulta incomprensible que, tras los pronunciamientos del Justicia de Aragón sobre tales publicaciones y el dictado de la sentencia 133/2012, de 7 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Zaragoza, recaída en recurso contencioso-administrativo promovido por esta Asociación contra dicha práctica, declarándola contraria a Derecho, nuevamente aparezca en el Boletín Oficial un anuncio por el que se da publicidad al nombramiento de personal de confianza de un miembro del Gobierno de Aragón.

Con ello reincide el Gobierno de Aragón en sustituir la publicación del acto de nombramiento por un simple anuncio de publicidad del mismo, burlando la exigencia establecida en el artículo 25.5 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, según el cual “el nombramiento y cese de los Directores, Jefes y demás miembros de los Gabinetes, así como del resto de órganos de asistencia y apoyo previstos […], serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón”.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Zaragoza, a la vista de la exigencia legal de publicación, estimó las razones de la demanda, procediendo al fallo siguiente: "se anulan los anuncios de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos citados, en cuanto que no se procedió a la publicación de las resoluciones de los nombramientos y ceses del personal eventual, debiendo procederse  a la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de las correspondientes resoluciones". La sentencia fue ejecutada por el actual Gobierno de Aragón, procediendo a publicarse la relación de personal eventual de los Departamentos de Presidencia y de Ciencia, Tecnología y Universidad, cuya identificación se omitió en su momento, en el Boletín Oficial de 30 de julio de 2012, pero tampoco en dicha ejecución se llegó a respetar la literalidad del fallo, pues no se publicaron las Órdenes departamentales de nombramiento de dicho personal.

Dicha sentencia vino a confirmar el criterio ya expresado por el Justicia de Aragón en una recomendación, resultado de una queja formulada por esta Asociación. La recomendación fue desatendida por el Gobierno de Aragón, a pesar de que la primera obligación de un Gobierno -y de cada uno de sus miembros- es respetar la ley, en particular cuando la misma le impone exigencias de publicidad y transparencia. Desde la perspectiva de los ciudadanos y de los servidores públicos no hay nada que permita justificar la aparente aversión que muestran los responsables políticos hacia la legalidad y la publicidad, lo cual forma parte de una cultura política que sólo puede menoscabar la confianza democrática.

El anuncio hoy publicado en el Boletín Oficial muestra que la arbitrariedad del poder a la hora de afrontar el cumplimiento de deberes legales parece no conocer de ideologías. Resulta verdaderamente contradictorio abogar por una ley de transparencia o calidad cuando no existe voluntad de cumplir siquiera con el régimen de publicación de nombramientos y ceses del personal eventual que impone la legalidad vigente.