Esta Asociación se constituyó en el mes de febrero de 2007, es decir, hace seis años, lo que permite cobrar perspectiva de la trayectoria seguida desde aquella fecha hasta hoy. El giro ético que se propugnaba como idea fundacional sonó extraño a muchos, a la mayoría. Hoy, sin embargo, nadie se extraña de oir hablar de la corrupción, pero la corrupción estaba en pleno apogeo en aquellos años, y esta Asociación fue la reacción de un conjunto de servidores públicos frente a un estado de cosas altamente preocupante. La respuesta a todas nuestras demandas fue, en la mayor parte de los casos, el silencio. El discurso oficial era que la corrupción no existía y que nuestras denuncias eran meras opiniones mientras no hubiese sentencias. Todos sabemos que no todo delito ni toda ilegalidad llega a ser condenada -por múltiples y diversas razones- y ello no supone negar su existencia. La corrupción detectada y castigada será siempre, por desgracia, una mínima parte de la existente.
La corrupción lastraba la política aragonesa, aunque los azares y las voluntades manifiestas de ocultación hayan minimizado por el momento esa realidad. Los sucesos de La Muela no eran un episodio aislado, aunque parezca haber quedado así. La cultura de la impunidad estaba totalmente extendida entre la clase política aragonesa, y el ejemplo de ASAEL o de la utilización fraudulenta de los puestos de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón eran buen ejemplo de la pérdida del valor del servicio público por nuestras instituciones. La relativización de la legalidad llegó a tal extremo que se creyó que por encima de la norma estaba siempre la "decisión política" y fue esa la cultura que se quiso implantar en el seno de las Administraciones Públicas. La pretensión era inaceptable y la hemos intentado combatir por todos nuestros medios. Algunas sentencias judiciales, de máxima trascendencia, son el resultado de ese esfuerzo desarrollado a lo largo de estos seis años de existencia.
Ahora, cuando todos parecen haber comprendido la gravedad y la dimensión de la corrupción que erosionaba nuestra vida pública ya entonces -una realidad que se ha hecho incontestable e intolerable con la crisis económica padecida por el conjunto del país-, esta Asociación no se contenta con ver sus tesis refrendadas por la realidad. Es el momento de combatir la corrupción pasada -exigir responsabilidades-, pero sobre todo es la ocasión para plantear fórmulas y propuestas de prevención de la corrupción, en un programa de regeneración que no pueden en absoluto liderar los actuales líderes políticos aragoneses, muchos de ellos protagonistas de las políticas de opacidad pasadas.
Hacen falta nuevos liderazgos políticos, con una profunda renovación interna en los partidos políticos, y hace falta restaurar la ética pública de los trabajadores de las Administraciones Públicas, otorgándoles el papel que les corresponde como garantes del Estado de Derecho, ya que no se puede fiar la lucha contra la corrupción sólo a jueces y fiscales, aunque es obligado reconocer su importante papel en dicha lucha. La corrupción ha de prevenirse, detectarse y desactivarse en origen y el origen suele estar en la gestión pública , es decir, en el ámbito propio de la actividad de los funcionarios públicos. Estos tienen que tener reglas y cauces claros para poder reaccionar frente a prácticas corruptas que detecten en su entorno, Corresponde , por lo tanto, definir el papel que han de jugar los servidores públicos en una estrategia global contra la corrupción.
Esa es la tarea principal que se plantea esta Asociación en su inmediato futuro y que ha de concretar en su próxima asamblea anual. Seis años de andadura y rodaje son base suficiente para abordar objetivos que transformen radicalmente el panorama actual de nuestra vida pública.
La corrupción lastraba la política aragonesa, aunque los azares y las voluntades manifiestas de ocultación hayan minimizado por el momento esa realidad. Los sucesos de La Muela no eran un episodio aislado, aunque parezca haber quedado así. La cultura de la impunidad estaba totalmente extendida entre la clase política aragonesa, y el ejemplo de ASAEL o de la utilización fraudulenta de los puestos de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón eran buen ejemplo de la pérdida del valor del servicio público por nuestras instituciones. La relativización de la legalidad llegó a tal extremo que se creyó que por encima de la norma estaba siempre la "decisión política" y fue esa la cultura que se quiso implantar en el seno de las Administraciones Públicas. La pretensión era inaceptable y la hemos intentado combatir por todos nuestros medios. Algunas sentencias judiciales, de máxima trascendencia, son el resultado de ese esfuerzo desarrollado a lo largo de estos seis años de existencia.
Ahora, cuando todos parecen haber comprendido la gravedad y la dimensión de la corrupción que erosionaba nuestra vida pública ya entonces -una realidad que se ha hecho incontestable e intolerable con la crisis económica padecida por el conjunto del país-, esta Asociación no se contenta con ver sus tesis refrendadas por la realidad. Es el momento de combatir la corrupción pasada -exigir responsabilidades-, pero sobre todo es la ocasión para plantear fórmulas y propuestas de prevención de la corrupción, en un programa de regeneración que no pueden en absoluto liderar los actuales líderes políticos aragoneses, muchos de ellos protagonistas de las políticas de opacidad pasadas.
Hacen falta nuevos liderazgos políticos, con una profunda renovación interna en los partidos políticos, y hace falta restaurar la ética pública de los trabajadores de las Administraciones Públicas, otorgándoles el papel que les corresponde como garantes del Estado de Derecho, ya que no se puede fiar la lucha contra la corrupción sólo a jueces y fiscales, aunque es obligado reconocer su importante papel en dicha lucha. La corrupción ha de prevenirse, detectarse y desactivarse en origen y el origen suele estar en la gestión pública , es decir, en el ámbito propio de la actividad de los funcionarios públicos. Estos tienen que tener reglas y cauces claros para poder reaccionar frente a prácticas corruptas que detecten en su entorno, Corresponde , por lo tanto, definir el papel que han de jugar los servidores públicos en una estrategia global contra la corrupción.
Esa es la tarea principal que se plantea esta Asociación en su inmediato futuro y que ha de concretar en su próxima asamblea anual. Seis años de andadura y rodaje son base suficiente para abordar objetivos que transformen radicalmente el panorama actual de nuestra vida pública.
Hay que reconocer y felicitar a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa por estos seis años de siembra. Muchos somos los que hemos encontrado en este blog y en vuestras acciones, siempre valientes, siempre bien fundadas, una guía para no perder el norte al que como funcionarios nos debemos. Ánimo y a no reblar, que no estáis solos.
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