LLAMANDO A LAS CORTES GENERALES

Tras dirigir, días atrás, un escrito de petición a la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el que solicitábamos que por parte del Gobierno se impulse un programa de medidas para desarrollar los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción previstos en la Convención de Naciones Unidas de 2003, hoy desde la Asociación nos hemos dirigido, con igual petición, al Congreso de los Diputados y al Senado, como instituticiones que representan al pueblo español.

Nos hemos dirigido a ambas Cámaras en ejercico del derecho de petición, previsto en los artículos 29 y 77 de la Constitución Española, al objeto de que las respectivas Comisiones de Peticiones de Congreso y Senado puedan analizar el contenido de nuestra petición y darle la tramitación que consideren procedente. En nuestra petición figura la solicitud de que, en su función de impulso de la acción de gobierno,  insten al Gobierno la adopción de un programa de medidas para desarrollar, de forma efectiva, los mecanismos contemplados en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, compromiso internacional de lucha contra la corrupción al que se adhirió España en 2006.

Resulta muy sorpendente el hecho de que, en las numerosas intervenciones de responsables políticos y en el amplísimo debate social surgido con motivo del hartazgo ciudadano ante la corrupción pública existente en España, nadie haya hecho mención a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, haciéndonos creer, de una forma interesada, que el mejor antídoto contra ella es la transparencia y que ya hay en tramitación un proyecto de ley para asegurarla, que obligará a hacer públicas incluso las cuentas de partidos políticos y sindicatos

Siendo valiosa la transparencia en la gestión del dinero público, hay que destacar que con ella no se garantiza suficientemente la lucha contra la corrupción, pues el fraude de ley y la desviación de poder -dos prácticas ilegales que suelen realizarse a la vista de todos, con resoluciones en muchos casos publicadas en los boletines oficiales- ni son fáciles de detectar por los ciudadanos ni mucho menos fáciles de denunciar y combatir. Esta Asociación puede dar fe de ello, pues ha tenido que superar y hacer frente a todo tipo de estrategias y obstáculos para negarle el acceso a los Tribunales o, de forma sorprendente, ha tenido que asumir el pago de condenas en costas procesales por la defensa de la legalidad. Defender el Estado de Derecho es muy gratificante, pero tremendamente oneroso, y mientras las cosas sigan siendo así quien vulnera la legalidad tendrá siempre el viento a su favor.

Por eso, desde esta Asociación no vamos a cejar en reclamar de las instituciones públicas -y en especial, de las Cortes Generales, como lugar al que ha de llegar de forma constante la voz de los ciudadanos, mediante los cauces constitucionalmente previstos- que se establezcan mecanismos eficaces para prevenir y corregir la corrupción pública -tanto la política como la administrativa- y que en dicha estrategia se defina el importante papel que ha de reservarse a los funcionarios públicos, como personas comprometidas con el respeto a la legailidad y a los derechos de los ciudadanos. Esperamos que las Cortes Generales sean receptivas a nuestra llamada y que se respuesta esté a la altura del momento que vive nuestra sociedad.