UNA OFERTA INDIGNANTE.

El sentimiento que provoca el ejercicio ilegal y arbitrario del poder político en los ciudadanos de una democracia -pues no somos otra cosa, aunque parezca olvidarse u obviarse por quienes más presente debieran tenerlo- no puede ser otro que la indignación. Indignación que, en el caso de esta Asociación, no se traduce en desánimo, apatía o desafección hacia el sistema político, sino en todo lo contrario. Los primeros y principales desafectos a la política democrática son quienes gobiernan con talante autoritario, anteponiendo su voluntad y sus intereses a la ley y al interés general, y por ello, sólo desde la apelación y reivindicación de los principios democráticos, es posible reaccionar contra las formas de gobierno que los ignoran.

Desde Joaquín Costa -del que se celebra el centenario de su muerte este año, con una estupenda exposición en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, y cuya indignación contra la farsa política española sigue siendo hoy plenamente vigente- hasta Stéphane Hessel, figura destacada de la Resistencia francesa contra la barbarie del régimen nazi y la ocupación de Francia y uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que ha escrito un panfleto titulado "Indignaos", en el que se llama a la indignación de las jóvenes generaciones para defender los valores por los que generaciones precedentes sacrificaron su vida-, los espíritus libres y exigentes han vivido y viven una honda indignación personal frente a la realidad que les ha tocado vivir y han querido y quieren alertar la conciencia de sus conciudadanos frente al peligro que supone aceptar la farsa, la dominación y la irracionalidad del poder, pues ello no sólo anula nuestra esencia de seres humanos, racionales y libres, sino también nuestra condición de ciudadanos, gobernados por las leyes que nos damos a nosotros mismos.

Indignación nos provoca, por lo tanto, la decisión del Gobierno de Aragón al aprobar la Oferta de Empleo Público para 2011, pues su contenido -que afecta de forma directa a un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el de acceso a la función pública- no se ajusta a la ley ni a la Constitución, y en consecuencia supone un ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder político.

El Gobierno de Aragón dirige, no lo olvidemos, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y entre sus competencias está la de aprobar la Oferta anual de Empleo Púlico para cubrir las plazas vacantes necesarias, pero en el ejercicio de esa facultad, al igual que el resto de los poderes públicos y el conjunto de los ciudadanos, está sujeto al ordenamiento jurídico, de modo que su decisión habrá de ajustarse a las exigencias legales, marcadas en este caso por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Gobierno de Aragón no tiene la libertad de contratación de que gozan los empresarios o entidades privadas, sino que las condiciones de acceso a la función pública -empezando por los términos en que ha de aprobarse la Oferta anual de Empleo Público- vienen señaladas por la Ley, como no puede ser de otro modo, porque dicho acceso está configurado como un derecho fundamental de los ciudadanos.

No obstante, y a pesar de los criterios fijados recientemente por el Tribunal Supremo sobre las condiciones en que deben aprobarse las Ofertas de Empleo Público, desautorizando de forma expresa y contundente las prácticas del Gobierno de Aragón, éste desatiende el pronunciamiento del Supremo y sigue guiándose de forma exclusiva por su estricta voluntad, que sólo cabe calificar de arbitraria y antijurídica.

Tal decisión no colma ni agota la capacidad de indignación de esta Asociación -la indignación hacia las prácticas de este Gobierno en materia de función pública fue, entre otras razones, lo que nos ha llevado a sus miembros a unirnos y actuar desde hace ya cuatro años-, pero nos produce una especial, particular e intensa indignación, como creemos que debiera producírsela a cualquier ciudadano que valore el Estado de Derecho -que sea consciente de lo que se juega, si éste se quiebra con decisiones que lo vulneran de forma constante como sucede en este caso-, y lógicamente de la indignación pasaremos a la acción, a la acción que corresponde a los ciudadanos en una democracia y en un Estado de Derecho, a través de la libertad de expresión, la crítica, la denuncia y el recurso a los Tribunales.

No nos merecemos, como ciudadanos, un Gobierno que actúa así, ni es posible admitir que políticos que desprecian los derechos de los ciudadanos -a los que dicen servir- puedan aspirar a ejercer cargos públicos, reclamando el voto a aquellos a los que acaban de defraudar. Somo ciudadanos antes que electores y quien apele a nuestra condición de electores debería respetar, por encima de todo, nuestra condición de ciudadanos. Son nuestros derechos los que nos identifican y no es posible que se recabe nuestro voto -ejercicio del derecho de sufragio- por quien previamente nos niega o anula -con su decisión arbitraria- nuestro derecho de acceso a la función pública, demostrando con ello el sentido exclusivamente instrumental que otorga a nuestros derechos, siempre supeditados a su personal voluntad e interés.

Nos indigna que todo esto suceda, pero nuestra indignación se produce porque seguimos creyendo en los principios del Estado de Derecho y en los valores democráticos, y no nos resignamos a que quienes gobiernan los ignoren y vulneren, sobre todo si ello se produce en el ámbito de la Administración, cuya única razón de ser es precisamente asegurar la ejecución de las leyes.