UNA OFERTA INDECENTE.

El Gobierno de Aragón, en un claro ejercicio arbitrario de poder, se ha burlado nuevamente del Estado de Derecho y de los derechos de los ciudadanos. Lo ha hecho al aprobar una Oferta de Empleo Público -la correspondiente al año 2011- que contraviene otra vez el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley aragonesa de Función Pública, incurriendo en la misma práctica que fue condenada hace unos meses por el Tribunal Supremo, al anular la Oferta de Empleo Público de 2007 por vulnerar el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Ni las necesidades de funcionamiento de los servicios públicos son atendidas ni, por supuesto, los centenares de puestos ocupados por interinos son incluidos en la Oferta, como exige la Ley. Gobernar al margen de la Ley, como parece ser práctica del actual Gobierno de Aragón, es un factor inevitable de deslegitimación y, por supuesto, de irritación para los ciudadanos que ven conculcados sus derechos por quienes deberían ser los primeros en asegurarlos.

Si el objetivo de toda democracia ha de ser el contribuir a asegurar una sociedad decente -donde los poderes públicos no humillen a los ciudadanos- y una sociedad civilizada -donde los ciudadanos no se humillen entre sí-, en la lúcida formulación que hizo el filósofo israelí Avishai Margalit, podemos afirmar que ese objetivo no se logra con medidas como la adoptada por el Gobierno de Aragón, medidas que conculcan los derechos de los ciudadanos -de forma deliberada-, medidas indecentes que contribuyen a hacer una sociedad cada día más indecente, en la que el poder público se hace más poder -arbitraria dominación sobre la suerte de las personas- y menos público, es decir, menos legítimo y menos democrático.

La Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón sirve para retratar a un Gobierno que, a lo largo de sus años de mandato, ha demostrado un continuo desprecio por el buen funcionamiento de la Administración -ahí sigue la vergonzosa utilización de los puestos de trabajo de los Gabinetes, inalterada, a pesar de las denuncias realizadas- y por el derecho de los ciudadanos, es decir, por su dignidad como ciudadanos, a los cuales cree poder despojar de sus derechos fundamentales. La aprobación de esta Oferta demuestra el verdadero talante de quienes dirigen la función pública aragonesa, incapaces de adoptar el mínimo gesto de dignidad personal antes de contribuir -tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo- al mantenimiento de la inconstitucional política de personal seguida en estos años.

Los responsables de función pública, imaginamos, serán conscientes de los riesgos que asumen con esta forma de proceder, ya que esta Asociación no va a consentir que esta forma de gobernar y dirigir la función pública se imponga contra las más elementales exigencias del Estado de Derecho.