EL DESCONOCIDO PERSONAL DE CONFIANZA DE LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA.

Todos los miembros del Gobierno de Aragón –Presidente, Vicepresidente y Consejeros- pueden contar con unos gabinetes de apoyo político y técnico, que se limitan a tareas de confianza y de asesoramiento especial, y cuyos miembros pueden ser nombrados libremente –sin convocatoria pública y sin ningún mérito o requisito exigibles-, debiéndose publicar dicho nombramiento en el Boletín Oficial de Aragón.

El deber de publicación fue introducido por la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, pero su aplicación por parte de los miembros del Gobierno de Aragón ha dejado mucho que desear, motivando incluso una sugerencia del Justicia de Aragón dirigida al Departamento de Presidencia para que se garantice el cumplimiento de la ley mediante la publicación de las resoluciones de nombramiento y cese de dicho personal eventual o de confianza.

Y es que el Gobierno de Aragón ha venido a sustituir la publicación de la resolución de nombramiento por un anuncio de publicidad del nombramiento, como si en lugar de un acto en materia de personal –cuya publicación es requisito de eficacia- estuviésemos ante un simple acto de publicidad, como ocurre con las adjudicaciones de los contratos administrativos o el otorgamiento de las subvenciones públicas. No cabe aplicar a los nombramientos de personal otras fórmulas de publicidad que la publicación de la resolución de nombramiento, pero el Gobierno de Aragón parece tener interés en ignorarlo.

En esa lógica de desvirtuar el deber de publicación del nombramiento del personal eventual, se dio un salto cualitativo el pasado mes de octubre de 2010, con motivo de los cambios en el Gobierno de Aragón resultantes de la incorporación de Eva Almunia al Departamento de Presidencia. El cese del anterior Consejero, Javier Velasco, conllevó por imperativo legal el cese de todo el personal de su Departamento, de modo que dicho personal debía ser renovado o nombrado nuevamente por la nueva Consejera.

Esta vez no sólo se volvió a incumplir el deber de publicación sino que se evitó incluso el sucedáneo de la publicidad, dado el gran número del personal eventual afectado por el nombramiento y el supuesto interés en que dicho dato no quedara plasmado en el Boletín Oficial. Así, se publicó un anuncio de publicidad en el que se recogían sólo los nombres de cinco personas –el nuevo personal de confianza incorporado por la Consejera Eva Almunia-, silenciando los nombres de las cuarenta y seis personas restantes que fueron objeto de nombramiento, bajo la improcedente fórmula de que “el resto del personal permanece, sin solución de continuidad, en los puestos de trabajo que venía desempeñando”.

Improcedente fórmula por doble razón: porque dicho personal no podía seguir en sus puestos sin solución de continuidad, desde el momento en que habían cesado al cesar el Consejero Javier Velasco, de modo que no cabía continuidad sin un nuevo nombramiento; y porque dicho nombramiento, por mandato legal, había de ser publicado en el Boletín Oficial, y no es posible publicar ni publicitar un nombramiento sin identificar a las personas nombradas, como se hizo por el Departamento de Presidencia.

Recurrida dicha actuación ante la jurisdicción contencioso-administrativa por parte de esta Asociación, y aportado por la Administración el expediente administrativo correspondiente, se constata que efectivamente el personal nombrado por la nueva Consejera, Eva Almunia, fueron cincuenta y una personas, a pesar de que la publicidad de tales nombramientos se limitó a incluir cinco de ellas, dejando en el anonimato al resto del personal, cuyo número se ocultó deliberadamente.

Que la Consejera de Presidencia haya sido incapaz de garantizar el conocimiento de quiénes y cuántos son su personal de confianza, deja bien a las claras la voluntad de transparencia y de sometimiento a la legalidad con que ejerce sus responsabilidades públicas. Confiamos, no obstante, en que los tribunales de justicia acaben con el incumplimiento del deber de publicación que de tales nombramientos establece la vigente Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.