SIGNOS DE CAMBIO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.

Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa estamos detectando positivos signos de cambio en el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, gracias a la actitud que parecen adoptar los nuevos responsables de la Dirección General de la Función Pública, Jesús Sarría, y de su Secretaría General Técnica, Felipe Faci.

Semanas atrás, nos dirigimos al Departamento de Presidencia para expresar nuestra preocupación por la escandalosa demora en la ejecución de los procesos selectivos para acceso a la Escala Auxiliar Administrativa –hace poco más de un mes se concluían las pruebas selectivas correspondientes a la Oferta de 2007, después de haber transcurrido más de cuatro años desde la aprobación de las necesidades de personal de dicha Escala-, por la falta de inclusión de las necesidades de personal de dicha Escala en posteriores Ofertas de Empleo Público –ni una sola plaza en las de 2009 y 2010, ya que en 2008 se incumplió la obligación legal de aprobación de Oferta- y por las altas tasas de interinidad existentes en los puestos de trabajo reservados a dicha Escala, resultado lógico de la falta de selección de funcionarios de carrera.

Por primera vez –por primera vez en cuatro años, para tener una perspectiva adecuada del asunto-, un responsable del Departamento de Presidencia ha dado la tramitación preceptiva al derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación, al acusar recibo de la petición, proceder a su admisión a trámite, informar de las medidas adoptadas y adquirir el compromiso de dar respuesta a la petición en plazo.

Algo que en un Estado de Derecho respetuoso de tal condición pudiera resultar natural u obvio, en nuestra Administración debe destacarse como una extraordinaria novedad, que viene a contrastar con actitudes previas de otros responsables y que desautoriza posturas desdeñosas hacia el derecho de petición como la mantenida a lo largo de estos años por el Director General de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, incapaz de asegurar en la Administración autonómica el respeto al derecho de petición ejercido por los ciudadanos, como si éste no fuera uno de los mecanismos constitucionalmente arbitrado para la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Del “no os contestan ni os contestarán” que se nos espetó en un despacho del Edificio Pignatelli a los representantes de esta Asociación pasamos, ahora, a la sorprendente novedad de la escrupulosa tramitación del derecho de petición ejercido ante la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia. Celebramos el significativo triunfo de la legalidad que ello supone, acaso porque al fin alguien ha sido consciente –aunque sea tardíamente- de la gravedad que supone la vulneración reiterada y sistemática de los derechos fundamentales ejercidos por los ciudadanos. Confiamos en que la sensibilidad hacia el derecho de petición no sea una llamativa excepción, sino una simple manifestación de la nueva actitud en el ejercicio de las responsabilidades públicas dentro del Departamento de Presidencia.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito remitido por el Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia:

“Asunto: Petición selección e interinidad Auxiliares Administrativos.

Acuso recibo de su petición, con fecha de entrada en el Registro General del Gobierno de Aragón de 23 de noviembre de 2010, por la que solicita que se adopten las medidas oportunas para evitar que el desarrollo de los procesos selectivos se haga sin respetar los plazos de ejecución establecidos por la Ley de Ordenación de la Función Pública y que se corrijan las tasas de interinidad que afectan a los puestos de la Escala Auxiliar Administrativa.

Asimismo, le comunico que la citada petición queda admitida a trámite, por lo que esta Secretaría General ha solicitado informe a la Dirección General de la Función Pública y al Instituto Aragonés de Administración Pública en relación con la cuestión.

Finalmente, le indico que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, el plazo máximo para recibir contestación a su petición es de tres meses desde la fecha de su presentación.

Zaragoza, a 12 de diciembre de 2010.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, Felipe Faci Lázaro”.