NECESIDAD DE REGLAS CLARAS PARA EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.

El actual conflicto de asignación de primeros destinos a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas para plazas de Médicos de Atención Primaria y Pediatría en el Servicio Aragonés de Salud es una clara manifestación de los males que aquejan al sistema de acceso a la función pública, en el que la transparencia, la sujeción a normas claras, las garantías de objetividad y el estricto respeto a los principios de mérito y capacidad ceden en numerosas ocasiones a la arbitrariedad de los responsables políticos.

Así, podemos ver que las ofertas de empleo público no se aprueban con la regularidad y condiciones que marca la ley ni se incluyen en ellas las plazas que obligatoriamente han de incorporarse por expreso mandato legal, ni se establecen garantías de objetividad para la designación de los tribunales u órganos de selección, ni se asegura el principio de mérito y capacidad de forma efectiva -primando en muchos casos, de forma determinante, el desempeño previo como funcionario interino, convirtiendo esta condición en un mérito necesario para el posterior acceso a la de funcionario de carrera, como ocurre en el caso del personal docente- ni se ordena de forma convincente y justa la asignación de primeros destinos para quienes han superado las pruebas selectivas. Las normas no sólo deben ordenar los procedimientos de personal, sino que han de hacerlo asegurando los valores de igualdad, mérito y capacidad, y de equidad y justicia en la gestión de recursos humanos. Tanto las normas como los criterios de aplicación vigentes deberían ser revisados a la luz de tales principios.

En numerosas ocasiones los propios Departamentos, con el consentimiento de los responsables de la Dirección General de la Función Pública, evitan ofertar como primeros destinos determinados puestos ocupados por personal interino o indebidamente bloqueados por comisiones de servicios, poniendo con ello en cuestión la misma lógica del sistema. ¿Por qué se ocupan determinados puestos por personal interino? ¿No es por falta de funcionarios de carrera? ¿Por qué impone el Estatuto Básico del Empleado Público su obligatoria inclusión en la oferta anual de empleo público? ¿No es para corregir el déficit de profesionales reclutados conforme a los principios constitucionales? ¿Por qué, sin embargo, se bloquea el sistema normal de provisión de puestos y de ingreso con irregulares combinaciones de comisiones de servicios e interinidades en los puestos reservados, prolongando tales situaciones de manera abusiva? ¿Por qué la asignación de primeros destinos en todo proceso selectivo es, en la mayor parte de los casos, resultado de presiones y de intereses y no de la aplicación rigurosa de reglas claras, iguales para todos?

Desconocemos la realidad precisa del actual conflicto con las plazas de Médicos de Atención Primaria y Pediatría, pero el tono que ha adquirido la protesta de los afectados es muy significativo. Además, no es posible olvidar el mar de fondo resultante del proceso de consolidación de empleo llevado a cabo en este ámbito hace años, proceso que fue anulado judicialmente y cuya sentencia fue inejecutada, sin que a ello obstara el que uno de los afectados por dicha sentencia anulatoria ocupara entonces y siga ocupando hoy el puesto de Director General de la Función Pública. Todo ello muestra bien claramente la crisis de credibilidad de los procesos de selección, resultado de la falta de transparencia, de la ausencia de buenas prácticas en la gestión de las condiciones de ingreso del nuevo personal y, en definitiva, de la inaplicación de las reglas que ordenan de forma coherente la provisión de los puestos en los diferentes ámbitos de la Administración Pública.

¿Qué hacen nuestros responsables de función pública para afrontar o atajar los problemas expuestos? Lo desconocemos y ese es ya un dato suficiente de la realidad de nuestra función pública. Donde no se asegura la eficacia de las normas, hay colectivos que no dudan en acudir a medidas de presión. Estas, sin embargo, no debieran ser para procurar un trato de excepción, sino para avanzar en el establecimiento de reglas claras, justas e iguales para todos.