EL SENCILLO USO PÚBLICO DE LA RAZÓN.

El propósito de esta Asociación, desde el primer momento en que inició su andadura, fue expresar de forma razonada y del modo más claro posible nuestra preocupación por el estado en que se hallaba la función pública aragonesa, como consecuencia de las acciones y omisiones acumuladas de responsables políticos, sindicatos de la función pública y empleados públicos, alertando sobre el riesgo de desnaturalización o corrupción que amenazaba a la Administración autonómica y el inevitable proceso de deslegitimación social de los empleados públicos en el caso de no reaccionar ante semejante estado de cosas.

La degradación sufrida, durante el periodo del gobierno de coalición PSOE-PAR, en materia de selección y provisión de puestos de trabajo, con el consiguiente daño a los valores de objetividad y profesionalidad en el ejercicio de las funciones públicas y el menoscabo final a la ética de servicio público -ética que ha de imperar necesariamente en las Administraciones, para que estas resulten reconocibles y valoradas por los ciudadanos-, hacía inaplazable una toma de posición por parte de los servidores públicos.

Es cierto que las numerosas propuestas formuladas y acciones emprendidas apenas han modificado la situación –la mayor parte de los vicios denunciados prosiguen sin cambio apreciable alguno, e incluso se agravan-, pero, al mismo tiempo, creemos que el panorama existente se ha modificado radicalmente, pues no era imaginable que una asociación de funcionarios públicos se atreviera, por ejemplo, a denunciar al Gobierno autonómico ante la Fiscalía General del Estado por el uso fraudulento de los puestos del personal eventual de los gabinetes o hiciera comparecer a las Cortes de Aragón como institución demandada ante el Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho fundamental de petición. Determinadas formas de ejercicio indebido del poder –en las distintas instituciones de nuestra Comunidad- que hasta ahora parecían no estar cuestionadas han pasado a ser señaladas y a pedirse, sucesivamente, su corrección y su sanción.

Creemos que es necesario –hoy, ayer y siempre- que los servidores públicos asuman un compromiso activo en la defensa de la legalidad, sin el cual quedarían reducidos al triste papel de agentes ejecutores de cualquier decisión del poder político, convirtiéndose en ocasiones en cooperadores necesarios de arbitrariedades, abusos de poder, ilegalidades o prácticas corruptas contrarias al interés general.

Los servidores públicos están subordinados al poder político, pero, al mismo tiempo, son agentes insustituibles del Estado de Derecho –su estatuto jurídico, en especial su inamovilidad, viene determinado por el deber de imparcialidad y de sujeción a la legalidad que se les marca-, de modo que en el caso de colisión de valores, ante órdenes o instrucciones ilegales, habrán de anteponer su compromiso con la legalidad frente al principio de jerarquía, algo que es fácil de decir pero muy díficil de llevar a cabo, pues la organización administrativa no da amparo alguno a los funcionarios en tales tesituras, y ello a pesar de las grandes declaraciones de principios éticos contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Razonar sobre éstas y otras cosas, exponerlas públicamente, dirigirse por escrito a responsables políticos, de unas y otras instituciones, para tratar de asegurar el respeto a los principios constitucionales de la Administración y de la función pública, ha tenido un efecto indudable entre los responsables políticos, los sindicatos de la función pública –sus periódicos y destemplados ataques lo ponen de manifiesto- y también los medios de comunicación.

Creemos, en definitiva, que señalar el abuso de poder, por quienes se encuentran precisamente subordinados a dicho poder, es prestar un servicio a los ciudadanos y a la democracia y que sin dicha labor no cabría reivindicar la consideración social de los servidores públicos como pretende hacer esta Asociación, que sigue empeñada en la necesidad de un giro ético en la Administración Pública, giro imposible si no va acompañado de un uso público de la razón que impulse y propicie un cambio desde dentro, por los verdaderos protagonistas de la función pública: sus profesionales.