RECONSTRUIR LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Después de más de tres años trabajando en la defensa de los principios constitucionales de la función pública, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, hemos podido comprobar dos graves hechos: en primer lugar, la falta de todo proyecto dirigido a mejorar la Administración autonómica y a fortalecer la profesionalidad de la función pública aragonesa -pocas veces en la historia habrá existido una falta de proyecto y de liderazgo en la materia tan grandes como la constatada a lo largo de tres legislaturas de Gobierno PSOE-PAR, con tres Consejeros sucesivos, Bandrés, Larraz y Velasco, a los que jamás se les ha oído exponer proyecto alguno de mejora de la administración y función pública-; y, en segundo lugar, la manifiesta tendencia a no respetar la legalidad en materia de función pública, tanto en lo que se refiere a la selección, como a la provisión de puestos o al régimen retributivo. El caso de los asesores que "cobran sin trabajar" sigue siendo el indicador ético más relevante de este Gobierno. Da igual que se denuncie una y otra vez: el sentimiento de impunidad predomina sobre cualquier otro. Sin un Gobierno comprometido con la legalidad -como es el caso de Aragón-, no hay función pública que pueda mantener vivas sus señas de identidad.

Resultado de estos doce años de erosión ininterrumpida a los valores de la función pública -en particular, al principio de legalidad-, es la Administración ineficiente y desmotivada que hoy tenemos en nuestra Comunidad Autónoma. Una Administración sin objetivos claros, sin técnicas transparentes de gestión, sin directivos profesionales, sin equipos de trabajo, sin horizonte ni perspectivas, sin autoestima, que ve amenazado incluso el valor principal e insustituible que ha de caracterizar a toda función pública: el espíritu de servicio público, a punto de ser desplazado por algo que sólo cabe calificar, de acuerdo con la profesora Adela Cortina, como "miseria burocrática".

Lo más cómodo para un Gobierno es no marcarse objetivos, pues así evaluar su grado de cumplimiento resulta imposible. Eso es lo que parece haber sucedido en materia de Administración y Función Pública. No se han formulado nunca objetivos, y las medidas aplicadas a lo largo de estos años o bien han sido improvisadas -al hilo de la presión de los sindicatos, como es el caso de la promoción interna temporal- o bien han respondido a un programa oculto de desmantelamiento o debilitamiento de la Administración departamental -como ha sido la suplantación, en diferentes áreas de gestión, de funcionarios por personal de empresas públicas, o la constante externalización de trabajos, infrautilizando los recursos propios, empobreciendo el capital humano de la propia Administración-, redundando todo ello en un claro daño al orden propio de la función pública.

En un contexto como el vivido a lo largo de los años del Gobierno PSOE-PAR, es difícil para los funcionarios públicos que se guían por los principios de su profesión -y no por consignas sectarias de bandería- mantener intactos su ánimo y sus expectativas, seguir fieles a los principios y valores propios de su condición -la de servidor público- y no acabar deslizándose, de forma lenta pero inexorable, hacia la caricatura de funcionario que previamente se ha dibujado desde el poder, para deslegitimarlo socialmente. Es difícil trabajar en una organización en la que los responsables que la dirigen -Gobierno de Aragón y altos cargos- no disimulan el desprecio que sienten por la función pública y por los valores que representa. Los múltiples desajustes que se observan son en buena parte el resultado de ese grave desencuentro que hoy se vive en nuestra Administración entre quienes la dirigen y quienes trabajamos en ella.

En este contexto, no basta la labor de denuncia llevada a cabo por asociaciones como ésta -denunciamos el mal que percibimos, pero el remedido a dicho mal ha de surgir necesariamente de las instituciones de la Comunidad Autónoma, de su Parlamento y de su Gobierno-, y hoy se impone la necesidad de una decidida labor de reconstrucción de la función pública aragonesa, actualmente en manos de unos absolutos irresponsables. A las fuerzas políticas, si es que aspiran a gobernar y no solamente a ocupar y ejercer el poder, les corresponde elaborar un programa para la reconstrucción de la función pública, para la recuperación de sus valores y la restauración de la legalidad, al margen de la cual la función púbica es incapaz de reconocerse y de operar. ¿Existe voluntad política para afrontar seriamente el problema?