PERDER LA CONCIENCIA DE LO ILÍCITO.

Recordaba Séneca, en una de sus obras, que cuando uno comete tres veces la misma falta, comienza a creer lícita la infracción. No hay duda de que la ética, sea personal o institucional, tiene mucho que ver con los hábitos de cada cual, y de ahí la importancia de no reiterar determinadas conductas improcedentes que pueden derivar en hábitos negativos, contrarios a lo que exigen las normas. Lo peor de todo es que se obre mal y que ello no traiga consecuencia desfavorable alguna, no exista sanción ni reproche.

Hemos insistido mucho en este blog en el arraigado sentimiento de impunidad de que está dotada la clase política aragonesa, pero acaso no sea tanto la impunidad como la falta de conciencia de ilicitud lo que se ha venido imponiendo a lo largo de años de mal ejercicio del poder. Nombrar a personas sin capacidad para ejercer un cargo público o adjudicar ayudas públicas o contratos por razones clientelares, al margen de las exigencias del interés público, a fuerza de reiteración, han pasado a considerarse prácticas lícitas y propias de quien ejerce el poder. Se cree que actuar de modo semejante es un atributo natural del responsable político, una facultad que nadie puede discutirle o negarle. Mucho menos los funcionarios, a los que nadie ha dado vela en este entierro.

De ahí que muchos consideren factible –en primer lugar, los miembros del Gobierno de Aragón- la utilización fraudulenta de los puestos de asesor de los gabinetes, estricto botín para miembros de los partidos que ocupan los puestos del gobierno. Cada cual en la institución que dirija, a modo de un pacto tácito entre las diferentes fuerzas políticas.

Pero al Gobierno de Aragón no le hace falta cometer la misma falta tres veces, pues a la primera ya tiene sensación de que la infracción de la ley es lícita o, al menos, permisible, disculpable, y no merecedora de sanción. Eso parece ocurrir con el incumplimiento del plazo de presentación del proyecto de ley de presupuestos que marca el Estatuto de Autonomía. Dice el artículo 111.4 del Estatuto que “el Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del ejercicio en curso”. Es decir, el proyecto debe aprobarse y remitirse a las Cortes de Aragón con anterioridad al 1 de octubre.

Faltan tres días para que se cumpla el plazo marcado por el Estatuto de Autonomía, y el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, anunciaba hace escasos días que el presupuesto estaba “hilvanado”, sin manifestar compromiso alguno en ajustarse a los plazos marcados por el Estatuto de Autonomía de Aragón para su tramitación. Como ya se hizo el año pasado, sin que pasara nada, qué razón impide que se haga también este año. ¿Quién puede conceder importancia a algo tan irrelevante? ¿Los funcionarios? ¿Y qué importa lo que digan los funcionarios? ¿Les hace caso alguien?

Unas instituciones que no se esfuerzan en respetar de forma estricta las exigencias establecidas en el Estatuto de Autonomía son instituciones que han renunciado a objetivos de buen gobierno y, lo que es peor, han olvidado los principios básicos de todo Estado de Derecho, como es el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico. La falta de sanción formal por algunos de los incumplimientos no significa que la infracción carezca de consecuencias. Hay enfermedades silenciosas que resultan gravísimas para la salud, tanto de las personas como de las instituciones. Y lo peor que puede hacer un Gobierno es lanzar el mensaje a los servidores públicos y a los ciudadanos en general de que las leyes no son de obligado cumplimiento y que el primero que las vulnera es el Gobierno. ¿A dónde puede conducirnos este menosprecio de la legalidad?