UN DIFÍCIL CAMINO POR RECORRER.

En estos momentos, de aguda crisis económica y política, no puede cederse a la tentación de olvidar el valor de todo aquello que nos identifica como sociedad, como nación, como pueblo, todo lo que constituye nuestro horizonte común y que sólo podemos encontrar en nuestra Constitución.

Y si acudimos a nuestra norma fundamental, la que fundamenta nuestra vida política y nuestra convivencia como ciudadanos, como titulares de derechos civiles y políticos, también sociales, podremos descubrir -o redescubrir, si acaso se ha olvidado- que existe una organización llamada a servir los intereses generales de la sociedad, de todos nosotros, la Administración, en la que nos hallamos los servidores públicos, unos ciudadanos que hemos hecho de la garantía de la legalidad y de los derechos de todos nuestro quehacer profesional.

El buen funcionamiento de la Administración incumbe a todos, a quienes la regulan y dirigen -Parlamentos y Gobiernos-, a quienes trabajan en ella y le prestan su rostro todos los días -los servidores públicos- y a quienes la sostienen y disfrutan o padecen en numerosos ámbitos de su vida -los ciudadanos-, sabedores de que el debilitamiento de las Administraciones -de los servicios públicos- es un retroceso en el patrimonio común de derechos y libertades de los ciudadanos: la libertad, la seguridad, el bienestar son hoy aspiraciones y realidades para cuya realización efectiva son necesarios servicios que sólo se prestan desde las Administraciones.

Las crisis, los periodos de dificultad, son momentos en los que valorar especialmente los factores de cohesión social que aportan los servicios públicos, pero sin olvidar, y debe destacarse su importancia, la eficiencia exigible al funcionamiento de las Administraciones, la racionalidad que cabe reclamar a su organización, la sostenibilidad de su misión e intervención: algo grave sucede cuando los ciudadanos miran con desconfianza a quienes han de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y consideran privilegiado e injustificado el régimen al que se sujetan.

¿Hemos olvidado las razones en que se fundamenta el servicio público? ¿Ha entrado en crisis el conjunto de valores y principios por los que se rigen las Administraciones Públicas? ¿Somos conscientes de lo que ello comporta para la fortaleza de nuestro ordenamiento constitucional, de nuestro Estado de Derecho, de nuestra convivencia democrática, de nuestros sistemas de atención a las necesidades materiales de todos y cada uno de nosotros?

Esta Asociación cree que todo lo que viene defendiendo desde hace más de tres años tiene hoy más vigencia que nunca, y por ello va a redoblar sus esfuerzos en defender una Administración plenamente comprometida con el Estado de Derecho, con los valores constitucionales y con los ciudadanos, incluidos los que opinan que los funcionarios son un lastre insoportable para el país. Hay que demostrar, más que nunca, lo que vale una función pública, sin confundir valor y precio, e insistir en que devaluar lo público es devaluar la dimensión ciudadana de todos los que compartimos nuestra condición de españoles.