SIN DIMITIR DE LA RESPONSABILIDAD PROPIA.

En momentos de dificultad y alto nivel de exigencia, como los que nos toca afrontar en la actualidad, y aunque no sea posible olvidar la infinidad de asuntos pendientes todavía de abordar, debatir y resolver para despejar el preocupante horizonte de la función pública, cada cual –también esta Asociación- ha de establecer con claridad sus actuaciones prioritarias, con el fin de contribuir a la superación de las actuales dificultades y colaborar en el indispensable fortalecimiento de nuestra sociedad, nuestra economía y nuestras instituciones.

Los servidores públicos tienen –tenemos- una responsabilidad ineludible en la garantía de los servicios públicos –dirigidos a preservar la vida, la libertad y el bienestar de los ciudadanos- y en la fortaleza del Estado de Derecho, de modo que el respeto a la legalidad tanto por los poderes públicos como por los ciudadanos siga siendo la nota distintiva de nuestra vida colectiva.

Respetar las leyes es respetar los derechos e intereses legítimos de los demás, potenciar la confianza social y política, dignificar la convivencia, reforzar la actividad económica: respetar la legalidad es hoy la condición fundamental para mantener a raya la insolidaridad, el cinismo y el deterioro institucional. Fuera de ese respeto, que a todos nos incumbe, sólo hay campo libre para la corrupción política y social.

Cada cual, desde su quehacer, está llamado a cumplir una función útil a la sociedad, al resto de los ciudadanos. Todo trabajador, todo profesional, todo ciudadano: también quienes hoy se están formando y quienes ya han concluido su vida laboral. No cabe aferrarse a la seguridad propia, al interés personal y desentenderse del desafío que hoy debemos afrontar colectivamente como país, en el seno de la Unión Europea. Todos debemos estar dispuestos a ceder algo de nuestro bienestar para hacer posible el bienestar de todos, incluidas las generaciones futuras. No se trata de reclamar sacrificios, sino responsabilidad.

Los funcionarios públicos no podemos quedar al margen del esfuerzo general, sin duda alguna. Es momento de replantear muchos aspectos del funcionamiento de las Administraciones Públicas. Esta Asociación lo ha venido demandando desde hace ya unos años, antes de que la crisis estallase con su actual virulencia. Una función pública profesional y eficiente no es algo que deba reclamarse sólo en época de crisis, sino en todo momento. Debiera ser una preocupación compartida por responsables políticos y ciudadanos, incluidos los propios servidores públicos.

Ahora bien, la crisis que hoy padecemos se debe afrontar desde los valores esenciales de nuestra sociedad, apelando a las mejores virtudes cívicas y no dejándonos arrastar por una espiral de egoismo o desprecio hacia todo aquello que, siendo socialmente útil, consideramos que no nos favorece personalmente. A esta Asociación le corresponde en estos momentos defender la función pública –como institución y como actividad- de ataques claramente injustos e injustificados, desproporcionados, poco meditados y, en muchos casos, malintencionados. No vamos a dejar de hacerlo.

Ahora bien, defender la función pública no implica defender la hipertrofia de las Administraciones, ni el despilfarro de los recursos públicos, mucho menos tolerar la utilización de los puestos públicos para fines espúreos estrictamente partidistas o clientelares o consentir la corrupción pública de muchos de nuestros aparatos administrativos. Defender la función pública significa, precisamente, combatir con toda la energía posible el grave riesgo que para el futuro de todos suponen la dictadura de la incompetencia y la dictadura de la indecencia, dos amenazas frente a las cuales nadie puede inhibirse, nadie puede dimitir de su responsabilidad en prevenirlas y combatirlas.

Eso, con respeto a quienes piensen lo contrario, no se remedia con huelgas, sino con responsabilidad y coherencia, algo que ha faltado clamorosamente a los sindicatos de la función pública en los últimos años.