RESPUESTA AL DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IGNACIO CELAYA.

Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha remitido una breve respuesta al largo escrito de consideraciones, remitido en su día por el Director General de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, y comentado en su momento en este blog, sobre el papel a jugar por el derecho de petición dentro de la estrategia de participación ciudadana impulsada por el Gobierno de Aragón a través de dicha Dirección General.

Esta Asociación no puede dejar de poner de manifiesto su incomodidad por la actitud mantenida hasta la fecha por la práctica totalidad de los miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración autonómica respecto a los escritos de petición formulados desde esta Asociación, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición.

Ni se acusa recibo a las peticiones formuladas ni se responde en la forma y plazo que establece la ley, a pesar de tratarse de un derecho fundamental de los ciudadanos y constituir, por ello, una vía cualificada de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. No sólo no se respeta el contenido esencial del derecho, sino que, además, por parte del responsable de la Dirección General de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, se trata de minimizar e ignorar dicha situación, tratando de desvincular la estrategia de participación ciudadana, auspiciada desde el poder político, de los derechos constitucionales de participación política, que a nuestro juicio debieran ser parte esencial de cualquier estrategia pública de participación ciudadana.

Así se ha querido señalar desde la Asociación al responsable de la Dirección General de Participación Ciudadana, a través de un escrito de respuesta que se reproduce íntegro a continuación:

"Ilmo. Sr. Director General de Participación Ciudadana
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón

Zaragoza, 6 de abril de 2010.

Estimado señor:

Deseamos agradecerle su escrito del pasado 11 de enero de 2010, en el que nos trasladaba sus consideraciones respecto al papel que cabe atribuir al derecho de petición dentro de la estrategia de participación ciudadana del Gobierno de Aragón, al tiempo que debemos expresarle la abierta disconformidad de esta Asociación con sus planteamientos.

Nada justifica, a nuestro entender, que un Gobierno, como es el caso del Gobierno de Aragón, ignore un derecho fundamental reconocido por la Constitución, como es el derecho de petición, y nos resulta decepcionante y difícilmente comprensible que el Director General de Participación Ciudadana de ese Gobierno trate de minimizar dicha vulneración, restando importancia al papel que corresponde al derecho de petición en el conjunto de la política pública de participación ciudadana.

Ninguna forma de hacer política, ninguna forma de gestionar los asuntos públicos o de construir políticas públicas puede merecer nuestro respaldo o aprobación si no es capaz de preservar, al mismo tiempo, la esencia de todo régimen democrático, que no es otra que el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Ni el Gobierno de Aragón ni esa Dirección General han sido capaces de dar paso alguno para corregir una situación que, a nuestro juicio, desautoriza cualquier discurso posible sobre participación ciudadana y, en general, sobre el ejercicio del poder político. Una política de participación que no considera central el conjunto de derechos fundamentales de participación de los ciudadanos -y entre ellos, guste o no, el derecho de petición- no es una política al servicio de la democracia ni de los ciudadanos, sino un instrumento auxiliar del poder político, dirigido al control político de la sociedad, algo que no podemos compartir desde esta Asociación.

Por ello, esta Asociación, desde su compromiso con los principios del Estado de Derecho, va a mantener su posición crítica frente a la actitud del Gobierno de Aragón respecto al derecho de petición y, en los casos que se estime necesario, recabará de las instancias oportunas el amparo al derecho fundamental y el obligado reproche a un poder público que ha olvidado algo tan esencial como el sometimiento al ordenamiento jurídico.

Ninguna política pública que se promueva desde el desconocimiento al ordenamiento jurídico, sea de participación ciudadana o de cualquier otra materia, puede contribuir a un mejor gobierno o a una democracia de más calidad.

Atentamente,


El Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
Julio Guiral Pelegrín
P.A.
El Secretario
Félix Gracia".