ARBITRARIEDADES DE UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.

La reciente Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón incurre en numerosas arbitrariedades e incumplimientos del ordenamiento jurídico, lo que repercute en una clara lesión del derecho fundamental de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad.

Alguna de ellas resulta tan evidente que es imposible no ponerla de manifiesto, como es el caso de la inclusión en la citada Oferta de plazas correspondientes a una Clase de especialidad inexistente en el momento de su aprobación. Es el caso de las plazas que se incluyen en la Oferta, tanto en turno libre como en turno de promoción interna, de la Clase de especialidad Sociólogos y Politólgos, plazas que difícilmente pueden existir en las relaciones de puestos de trabajo, toda vez que la creación de la Clase de especialidad se aprueba en la misma reunión del Consejo de Gobierno en que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 2010.

Si en la fecha en que se aprueba la Oferta de Empleo Público todavía no existe una determinada Clase de especialidad, difícilmente cabrá incluir en dicha Oferta plazas propias de tal Clase de especialidad, cuando no sólo no se ha creado dicha Clase de especialidad, sino que, como resulta lógico, en las relaciones de puestos de trabajo no puede existir ninguna vacante correspondiente a tal Clase de especialidad.

Si el Decreto 39/2010, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2010, se publica en el BOA de 5 de abril de 2010, y en el BOA de 7 de abril de 2010 se publica el Decreto 40/2010, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Clase de especialidad de Sociólogos y Politólogos, es fácil deducir la imposibilidad de que la Oferta de Empleo Público pueda contemplar vacantes de una Clase de especialidad inexistente en la fecha de su aprobación. ¿Cómo pueden figurar en las relaciones de puestos de trabajo vacantes propias de una Clase de especialidad todavía no creada? La imposibilidad de la existencia de tales vacantes debe llevarnos a la conclusión de que el Gobierno de Aragón ha incurrido en una evidente falsedad, al incluir en la Oferta puestos de trabajo inexistentes en la Administración Pública.

Tal hecho reviste particular gravedad por el hecho de que las plazas vacantes realmente existentes en las relaciones de puestos de trabajo y ocupadas por funcionarios interinos, como son, por ejemplo, los puestos de la Escala Auxiliar Administrativo,por el contrario, no se incluyen en la Oferta de Empleo Público, a pesar de ser una obligación expresamente señalada por la Ley de Ordenación de la Función Pública.

¿Cómo es posible admitir que la Dirección General de la Función Pública, el Departamento de Presidencia y, finalmente, el Gobierno de Aragón aprueben una Oferta de Empleo Público en la que se incluyen plazas que no existen, como son las de la Clase de especialidad Sociólogos y Politólogos, mientras no se incluyen aquellas que verdaderamente existen, y cuya inclusión en la Oferta de Empleo Público viene expresamente obligada por la Ley, como es el caso de las plazas de la Escala Auxiliar Administrativa ocupadas por personal interino?

Resulta inadmisible que el Director General de la Función Pública, Antonio Brun, se permita calificar a esta Asociación de "elitista", cuando él confecciona una Oferta de Empleo Público en la que se recogen necesidades de funcionarios superiores que, a dicha fecha, no existen en la organización administrativa, mientras que las evidentes necesidades de personal Auxiliar Administrativo -como se acreditan por el número de personal interino existente- son radicalmente ignoradas por dicha Oferta.

Dicho proceder es inadmisible no por el calificativo atribuido a esta Asociación, sin fundamento alguno, sino por la flagrante discriminación que constituye la Oferta aprobada por el Gobierno de Aragón, al negar de forma antijurídica el derecho de acceso al empleo público a la Escala de funcionarios que más plazas tiene ocupadas por personal interino -la Escala Auxiliar Administrativa-, lo cual obligaría a su inclusión en la primera Oferta de Empleo Público que se apruebe.