SE PIDE A LAS CORTES GENERALES QUE SOMETAN LA LEY DE PRESUPUESTOS DE ARAGÓN PARA 2010 AL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido hoy, mediante sendos escritos de petición, al Congreso de los Diputados y al Senado para solicitarles que analicen el contenido previsto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, en materia de retribuciones de funcionarios, para que, en el caso de entender que dicha regulación vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público, promuevan su impugnación ante el Tribunal Constitucional.

Concretamente, la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2010 (publicada en el Boletín Oficial de Aragón núm. 253, de 31 de diciembre de 2009), dentro de su Título relativo a los créditos de personal, incluye, en su artículo 19.2, la siguiente previsión:

“2. El personal funcionario que temporalmente ocupe un puesto adscrito a distinta escala o clase de especialidad a la que pertenece, percibirá las retribuciones básicas correspondientes al grupo del puesto de desempeño efectivo. En el caso de que dicho puesto de trabajo se encontrase abierto a varios grupos o subgrupos de titulación, las retribuciones serán siempre las correspondientes al inferior. Asimismo, percibirá los complementos de destino y específico correspondientes al puesto que efectivamente desempeñe”.

La citada previsión busca establecer una regulación retributiva ad hoc para los supuestos de comisión de servicios en puestos de trabajo de distinta escala o clase de especialidad, fórmula de provisión recientemente introducida en la normativa de función pública aragonesa, para articular la llamada “promoción interna temporal”, a través del Decreto 118/2009, de 7 de julio.

Pese a la absoluta claridad con la que el Estatuto Básico del Empleado Público diferencia la naturaleza de las retribuciones básicas y complementarias que corresponde percibir a un funcionario, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, en su artículo 19.2, ha querido derogar “singularmente” dicha regulación básica para el supuesto de “promoción interna temporal”, tratando de garantizar a los funcionarios que desempeñen puestos de grupo superior, en función de la comisión de servicios introducida por el referido Decreto 118/2009, la percepción de retribuciones básicas de grupo o subgrupo superior, distinto al de pertenencia del funcionario, al tomar como dato determinante de las mismas no la categoría profesional del funcionario sino las características del puesto, haciendo primar de forma antijurídica el criterio objetivo que domina las retribuciones complementarias (condición del puesto de trabajo), sobre el criterio subjetivo que rige para la determinación de las retribuciones básicas (condición del funcionario).

Tal previsión resulta, a nuestro juicio, radicalmente inconstitucional, en la medida en que constituye un ejercicio de arbitrariedad de los poderes públicos, tanto del Gobierno de Aragón al formular el Proyecto de Ley como de las Cortes de Aragón al aprobar de forma definitiva la correspondiente Ley de Presupuestos, arbitrariedad que excluye el artículo 9.3 de la Constitución Española, y supone una directa vulneración del régimen de distribución de competencias en materia de regulación de la función pública, dado que la normativa autonómica en la materia ha de ajustarse necesariamente a la legislación básica aprobada por el Estado, legislación que hoy ha de entenderse contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público.

La defensa del respeto al contenido de la legislación básica ha de ser asumida como una tarea imprescindible del conjunto de las instituciones del Estado, tanto por el Poder ejecutivo como por el Poder legislativo, concretado en cada una de las Cámaras que componen las Cortes Generales.

Las Cortes Generales han de velar, en el ejercicio de su labor de control e impulso de la acción del Gobierno, para que el Gobierno ejerza sus potestades respecto al control de la actividad de las Comunidades Autónomas, constitucionalmente establecidas, entre las cuales figura la legitimación del Presidente del Gobierno para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas que no se ajusten al bloque de constitucionalidad.

El deber de lealtad institucional de las Comunidades Autónomas con las reglas de ordenación del Estado autonómico y el necesario respeto a la ordenación de las competencias establecida en la legislación básica estatal, fijando criterios de obligado cumplimento para el conjunto de los poderes públicos de las Comunidades Autónomas, incluidas sus Asambleas Legislativas, ha de ser exigido por las instituciones del Estado, en ejercicio del elemental deber de cumplir y hacer cumplir las leyes que corresponde a todo poder público.

Algo tan básico como es la clasificación de las retribuciones de los empleados públicos, con la diferenciación entre retribuciones básicas y complementarias, no puede ser alterado de forma arbitraria por una ley presupuestaria de una Comunidad Autónoma, como ha sucedido en Aragón con la aprobación de la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2010.

Por todo ello, esta Asociación ha entendido oportuno poner la referida cuestión en conocimiento del Congreso de los Diputados y del Senado, al objeto de que, previos los análisis que consideren oportunos, puedan adoptar o promover las medidas necesarias para instar del Gobierno la necesaria corrección de la arbitraria y antijurídica previsión contenida en el artículo 19.2 de la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, ya sea mediante la interposición del oportuno recurso de inconstitucionalidad contra la citada Ley o el requerimiento a la Comunidad Autónoma para que proceda a su expresa derogación