INCÓMODA REALIDAD.

La realidad social –particularmente, en los debates libres de la blogosfera- se ha vuelto agria, pues las dificultades del momento y las perspectivas de incertidumbre sobre el futuro que nos va a tocar afrontar hacen particularmente intolerables determinadas situaciones, actitudes, comportamientos o expresiones. Debiera ser este un momento de responsabilidad y de solidaridad por parte de todos, en el que se descartase el ejercicio del cinismo social, esa tentación de procurarse cada cual una salida personal, aun a costa de perjudicar indebidamente a otros o lesionar el interés general de la sociedad. Hay que actuar con sentido de ciudadanía, más que nunca.

La sociedad española ha obtenido un gran número de conquistas valiosas en las tres décadas de democracia de que que hemos disfrutado, conquistas que hoy hay que tratar de preservar, pero esas conquistas se han visto acompañadas de fenómenos penosos que las oscurecen, como son las infinitas manifestaciones de corrupción pública y privada, que en este momento de dificultad cobran una relevancia inusitada. Tal vez no hemos sido capaces de atajar la creciente tolerancia hacia el incumplimiento de las normas, al que todos hemos contribuido por acción u omisión, y así la vida pública se ha ido transformando, de forma paulatina, en una partida entre jugadores tramposos, jugadores de ventaja, donde el posible enriquecimiento lo justificaba todo.

La Administración Pública constituye una organización de extraordinario valor en una sociedad democrática, tanto para asegurar el buen funcionamiento del Estado de Derecho como para lograr una eficiente gestión de los servicios públicos de que se ha ido dotando el Estado del Bienestar del que disfrutamos, y su papel es relevante tanto en los momentos de prosperidad como en los de crisis. Las instituciones, por definición, tienen un papel permanente que jugar y su fortaleza contribuye decisivamente a la cohesión de la sociedad.

Pero la Administración no ha sido inmune, ni mucho menos, al proceso de deterioro de la vida pública que hemos padecido en España, y cuyas manifestaciones menos agradables están ya a la vista de todos, en informes del Parlamento Europeo o sentencias del Tribunal Supremo que describen un urbanismo salvaje, como punta del iceberg de la corrupción pública que ha ido arraigando en numerosos ámbitos de la vida española. La evolución de la crisis ética española se ha ido reflejando en la pérdida progresiva de posición en el ranking del índice de percepción de la corrupción que anualmente hace público Transparencia Internacional.

Dentro del panorama de las Administraciones Públicas, la de la Comunidad Autónoma de Aragón no constituye un ejemplo a seguir. Son muchos los signos de descomposición que se han ido apreciando a lo largo de las legislaturas del actual gobierno de coalición PSOE-PAR, donde la función pública ha vivido un claro proceso de abandono por los responsables políticos, quienes no han dudado en menoscabar sus valores de profesionalidad y legalidad, al tiempo que se propiciaba una estructura paralela de gestión, compuesta por una amplia red de entidades y empresas públicas a las que se ha ido dotando de especial protagonismo.

La realidad de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, convertidos en mero instrumento espúreo de aseguramiento de sueldos públicos, es la más clara muestra de la degradación institucional aragonesa. Una realidad incontestable, puesta al desnudo por el desplome del modelo de desarrollo insostenible que, entre otros, ha promovido el Gobierno de Aragón. El hecho de que la Fiscalía de Aragón no haya querido esclarecer tal situación es otra muestra, más preocupante todavía, de la debilidad que aqueja al Estado de Derecho para reaccionar y superar la corrupción que lo amenaza. Contrasta la impunidad de quienes viven tal situación, o la amparan, con la persecución penal de miembros del Parlamento británico por hechos de similar naturaleza.

Vivimos un tiempo que reclama de todos, y en particular de responsables institucionales, servidores públicos y ciudadanos, un necesario examen de conciencia –un sincero análisis de las actitudes y los valores de cada uno-, una defensa decidida y colectiva de los valores democráticos de nuestra sociedad y una lucha sin cuartel contra corruptos y corruptores que han antepuesto su enriquecimiento ilegítimo a los intereses del conjunto de la sociedad. Los servidores públicos, cuya posición los coloca en el punto de mira de una gran parte de la ciudadanía, han de ser los primeros comprometidos con los valores comunes, con el interés general. También han de rectificar y corregir actitudes de insolidaridad e irresponsabilidad, pues acaso también han acabado por anteponer, en muchos casos, su interés personal al interés general.

Sin una función pública plenamente comprometida con la legalidad, y con armas eficaces para hacerla valer frente a los abusos de poder de responsables políticos o actuaciones fraudulentas por parte de particulares, no será posible restaurar la credibilidad de nuestras instituciones, hoy en entredicho. ¿Pero están los empleados públicos de nuestras Administraciones dispuestos a asumir semejante desafío?

Es tiempo para ejercer la ética de la aliedad, conforme a la expresión acuñada por el profesor Aranguren, de saber que nuestros actos afectan a los demás, de sentir como propios los problemas del otro, pero de ese otro desconocido, cuya suerte sin embargo aparece ligada a la nuestra, sencillamente porque compartimos el mismo espacio político y económico, en el que se suman y confluyen nuestras opiniones, decisiones, comportamientos y humores, formando todo ello nuestra realidad social.