El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se va a dirigir al Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, para solicitarle que acepte la sugerencia realizada desde el Justicia de Aragón, con el fin de asegurar la correcta publicación de los nombramientos y ceses del personal asesor del Gobierno de Aragón.
Tras la aprobación de la nueva Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, en mayo de 2009, resultaba obligatoria la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de los nombramientos y ceses de los Directores, Jefes y demás miembros de los Gabinetes de los miembros del Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 25.5 de dicha Ley.
Pese a la claridad con que se establecía dicha obligación –referida a los actos de nombramiento y cese- y a la inequívoca regulación que contienen las leyes de procedimiento administrativo respecto a las condiciones de publicación de los actos administrativos –naturaleza que corresponde a los nombramientos y ceses de dicho personal eventual o de confianza-, el Gobierno de Aragón ha evitado hasta la fecha llevar a cabo la publicación de las decisiones de nombramiento y cese, sustituyéndolas por un escueto anuncio de publicidad que suscriben los titulares de la Secretaría General Técnica del Departamento correspondiente.
La sugerencia del Justicia de Aragón, realizada el pasado mes de diciembre, invalida la práctica seguida por el Gobierno de Aragón respecto a la publicidad –que no publicación- de tales nombramientos y ceses, y concluye, en la resolución motivada por la queja de esta asociación, que “el Gobierno de Aragón debe dar publicidad al nombramiento y cese de los Directores, Jefes y demás miembros de los Gabinetes del Gobierno de Aragón mediante la publicación de la disposición por la que acuerda dicho nombramiento o cese”.
Debe desecharse, por lo tanto, la práctica establecida de los anuncios de publicidad que ahora se incluyen en el Boletín Oficial de Aragón –hoy mismo, aparece publicado anuncio sobre nombramiento de Asesor de medios de comunicación, suscrito por el Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia-, y, en su lugar, proceder a la publicación, en sus estrictos términos, de la decisión de nombramiento o cese acordada por el correspondiente miembro del Gobierno de Aragón, sea Presidente, Vicepresidente o Consejero.
Para ello, es necesario que el Gobierno de Aragón acepte la sugerencia que le ha formulado el Justicia de Aragón y proceda a una correcta aplicación de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, en los términos en que se plasmó la obligación de publicación de tales nombramientos y ceses.
En igual sentido, se va a solicitar de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón la adopción de aquellas iniciativas parlamentarias para que el Gobierno de Aragón se ajuste al criterio de publicación señalado en la sugerencia del Justicia de Aragón.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa exige cumplir la legislación.
ResponderEliminar09/01/2010 19:00:16
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa reclama a las Cortes Generales garantías para cumplir la legislación básica en materia de acceso al empleo público, según explica esta entidad en un comunicado.
Para ello, el presidente de esta Asociación, Julio Guiral, se ha dirigido por escrito al Congreso de los Diputados y al Senado y les ha solicitado medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de la legislación básica estatal --contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público-- en materia de acceso al trabajo público.
Esta Asociación entiende que "su respeto afecta al ejercicio del derecho fundamental de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad por parte de los ciudadanos españoles", reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.
Dicha petición se hace "a la luz de la reciente sugerencia del Justicia de Aragón, motivada por la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público por el Gobierno de Aragón en 2008, en la que dicha Institución recuerda al Ejecutivo autonómico la obligación de aprobar anualmente la Oferta de Empleo Público, tal y como prevé la legislación aplicable".
La aprobación anual de la Oferta de Empleo Público constituye así una medida de ordenación administrativa "imprescincible para la realización de los posteriores procesos selectivos que aseguren el acceso de los ciudadanos a las funciones públicas conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".
"Su falta de aprobación cuando existen necesidades evidentes de personal constituye un claro exponente de la arbitrariedad con que el Gobierno de Aragón, especialmente los responsables de función pública, gestionan la política de personal en la Administración autonómica", critican.
"Ante dicha arbitrariedad, que ha llevado a la no aprobación de Oferta de Empleo Público en 2008", la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa apela al papel "que han de jugar las instituciones del Estado para asegurar el respeto en todas las comunidades autónomas de las obligaciones que impone el Estatuto Básico del Empleado Público".
DIARIO DE TERUEL.
¿Lo harán?
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