REFLEXIONES PARA EL NUEVO AÑO: EL GIRO ÉTICO QUE NO FUE POSIBLE EN EL 2009, OBJETIVO PARA EL 2010.

La razón fundamental que motivó la constitución de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa fue el convencimiento compartido por un grupo de funcionarios de la Administración autonómica sobre la necesidad de defender de forma activa los valores y principios de la función pública, ante el estado de cosas existente, con el fin de lograr un "giro ético" tanto en la función pública aragonesa como en el conjunto de las instituciones políticas de la Comunidad Autónoma.

Ese giro ético debiera concretarse en un compromiso expreso de todos los servidores públicos con el servicio al interés general y en la defensa, como valores esenciales de la función pública, del respeto a la legalidad y de la eficacia en el servicio a los ciudadanos. La función pública es un elemento clave en la configuración del Estado de Derecho, y en la toma de conciencia de ese papel insustituible radica el primer paso en la recuperación del compromiso ético de quienes integran la función pública. Sin un radical compromiso con el principio de legalidad, la función pública perdería toda legitimación social y la Administración Pública quedaría reducida a un mero instrumento del poder político, algo radicalmente ajeno al modelo que fija nuestra Constitución.

La situación que vivían y viven la Administración de la Comunidad Autónoma y su función pública son enormemente preocupantes. Al margen de la falsa retórica gubernamental, no hay proyecto solvente alguno de profesionalización de la función pública ni de calidad de los servicios públicos, y los responsables políticos y altos cargos no tienen inconveniente en transgredir una y otra vez la legalidad, tanto autonómica como estatal, en cuantos aspectos afectan a la ordenación del empleo público, ya sea el régimen de selección, provisión o retributivo, sin que los sindicatos de la función pública cumplan el necesario papel de control y exigencia del respeto a las normas, sin el cual los derechos de los empleados públicos necesariamente ceden ante la arbitrariedad del poder político.

Los socios creemos en una Administración Pública al servicio de los ciudadanos y no del poder político. Al poder político le corresponde, indudablemente, la dirección de la Administración -jamás hemos cuestionado un principio tan básico de nuestros sistema institucional-, pero esa dirección ha de realizarse dentro del estricto respeto a las normas que imponen el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Los servidores públicos, a los que precisamente corresponde la labor de aplicar las leyes, no pueden ser en modo alguno indiferentes a la actual cultura política de desprecio a la ley, para desplazarla por una inapelable "decisión política".

Estamos convencidos que las decisiones políticas, si pretenden ser legítimas, han de ajustarse a las normas, y lo mismo cabe decir de los acuerdos y pactos de la negociación colectiva. Nada hay que pueda prevalecer sobre la ley. Si olvidamos este principio, o consentimos que se consolide una cultura política contraria a la legalidad, vendrán como consecuencias inevitables la corrupción pública y la ruina de nuestras instituciones, y con ellas la de la convivencia democrática.

La actividad desarrollada por esta Asociación a lo largo de 2009, con mayor o menor acierto, pero con el único objetivo de avanzar en el "giro ético" pretendido, no ha alcanzado el eco deseado en las instituciones políticas de la Comunidad Autónoma, con la notable y valiosa excepción de El Justicia de Aragón.

No acertamos a comprender las razones que impiden avanzar decididamente en la puesta en valor de los principios constitucionales y en las exigencias de buen gobierno que marcan de forma unánime todos los organismos internacionales -Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OCDE o la Unión Europea- y, por vez primera, nos hemos visto en la necesidad de apelar a la actuación del Ministerio Fiscal ante la pasividad frente a graves irregularidades denunciadas, como es la situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, o al Tribunal Constitucional ante la reiterada vulneración del derecho fundamental de petición por los órganos rectores de las Cortes de Aragón.

Lamentamos que la existencia y labor de esta Asociación no hayan sido valoradas positivamente por los responsables institucionales de la Comunidad Autónoma -con la única excepción del Justicia de Aragón- y que la interlocución y colaboración posibles se hayan visto sustituidas por una indisimulada hostilidad.

Esta Asociación está permanentemente abierta al diálogo, y así lo ha demostrado cada vez que ha sido convocada por algún alto cargo de la Administración o algún Grupo Parlamentario de las Cortes de Aragón. Nuestro compromiso con las instituciones es inequívoco y creemos haberlo demostrado sobradamente con nuestras iniciativas. No comprendemos la cerrazón mostrada desde el Gobierno de Aragón a las numerosas iniciativas de esta Asociación.

El giro ético constituye una necesidad cada vez más apremiante. Requiere una decidida estrategia pública para acometerlo. No corresponde a esta Asociación ni se reclama ningún protagonismo en dicho proceso. Pero que nadie espere pasividad y silencio ante claras vulneraciones de la legalidad administrativa como las que hemos venido presenciando en los últimos años.

Estamos convencidos de que el Gobierno de Aragón ha de trazarse objetivos de regeneración institucional y de fortalecimiento de la Administración Pública y que puede hacerse de forma programada y con un apoyo decidido del conjunto de los servidores públicos. Si esa estrategia no se abordase con rigor y se persistiese en la actual tendencia de arbitrariedad, el ineludible giro ético se impondrá tarde o temprano, y quizá de modo traumático para los actuales responsables políticos.