AFRONTAMOS UN AÑO DECISIVO.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa encara un nuevo año de trabajo y actividad, y lo hace con la fuerza acumulada a lo largo de sus ya tres años de funcionamiento, de reflexión, de combate jurídico, de apelación a las instituciones y a la opinión pública. No partimos de cero, pues llevamos recorrido el suficiente camino y superadas las bastantes pruebas como para saber cada vez mejor las dificultades a las que nos enfrentamos en lo que creimos, al principio, sencilla tarea de recordar el valor de los principios constitucionales en el funcionamiento de la Administración Pública y en la actividad de los servidores públicos.

La crisis de legalidad a la que se enfrenta nuestra Comunidad Autónoma, y de la cual la situación de la función pública es sólo una pequeña pero significativa muestra, es un rasgo definitorio de la actual realidad aragonesa. Así lo acredita la reacción que desde el Gobierno de Aragón se ha dado a las propuestas y a la propia existencia de esta Asociación. Molesta al "poder" que los servidores públicos ejerzan la libertad propia de los ciudadanos de una democracia y actúen con la responsabilidad que cabe exigir a quienes tienen como misión el servicio al interés general y la garantía de la legalidad.

El gobierno de las leyes propio de un Estado de Derecho parece quererse suplantar, en nuestra Comunidad Autónoma, por una red de alianzas de intereses económicos y políticos, cuya finalidad última no se sabe si es el control absoluto de la sociedad o la conversión de Aragón en un negocio privado de unos pocos: asistimos, como dijera la profesora Adela Cortina, a la transformación de la cosa nuestra, lo público, lo que pertenece a todos, en la "cosa nostra", ámbito de opacidad y apropiación en beneficio de un grupo de particulares, algunos de ellos aupados a puestos de responsabilidad pública.

Frente a esa estrategia de vaciamiento del Estado de Derecho y de aniquilamiento de toda la fortaleza ética de la democracia no es posible ningún grado de pasividad, no cabe la inhibición ni el desentendimiento. Todos tenemos responsabilidades como ciudadanos de velar por la salud pública de la democracia. Todos estamos afectados por la deriva que viven nuestras instituciones, en las que el menosprecio por la legalidad es cada día más creciente y constatable.

Esta Asociación es cada día más consciente del grado de deterioro que sufren los mecanismos de control del poder público, pero ello no va a hacernos desistir en la tarea de reclamar a todos y cada uno de los órganos de control el ejercicio de sus responsabilidades concretas: desde los órganos administrativos de inspección hasta el Ministerio Fiscal. Restaurar el compromiso de todos con la legalidad será, sin duda, un trabajo arduo, de muchos años, pero resulta ineludible si queremos preservar la necesaria confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y no vaciar de valor la función que corresponde a los servidores públicos, que no es otra que aplicar la ley, para asegurar los intereses generales.

Que nadie crea que va a contar con la función pública como compañera de viaje o aliada en su estrategia de erosión de la legalidad. Ningún Gobierno puede ganar una batalla contra la legalidad dentro de un Estado de Derecho. Los funcionarios públicos saben cuál es su lealtad primera, la que da sentido y legitimación a su propia existencia. Afrontamos quizá un año decisivo para decidir un posible giro de los acontecimientos.