La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha formulado hoy, ante el Justicia de Aragón, una queja frente al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, al entender que en su articulado se contienen previsiones, de carácter retributivo, contrarias a la Ley de Ordenación de la Función Pública y al Estatuto Básico del Empleado Público, lo que supone una vulneración del ordenamiento jurídico aragonés y del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Se solicita al Justicia de Aragón que, previo análisis de la cuestión, solicite del Gobierno de Aragón y de las Cortes de Aragón la adopción de las medidas necesarias para ajustar el contenido del Proyecto de Ley a la legalidad sustantiva en materia de retribuciones públicas y a la legislación básica estatal de obligada aplicación.
En concreto, el Proyecto de Ley de Presupuestos pretende posibilitar que los funcionarios cobren retribuciones básicas –sueldos y trienios- propias de Cuerpos o Escalas superiores al de pertenencia, cuando temporalmente pasen a desempeñar puestos del Grupo de titulación superior.
Tal previsión guarda directa conexión con la fórmula de promoción interna temporal que, en el régimen de provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se introdujo a través del Decreto 118/2009, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, previéndose una modalidad de comisión de servicios que habilita a un funcionario a desempeñar puestos de trabajo de distinta escala o clase de especialidad a la de pertenencia, aunque correspondan a grupo de titulación superior a la del funcionario.
Al entender esta Asociación que la citada fórmula era contraria a la ordenación de la función pública establecida por la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma, se procedió a recurrir el referido Decreto 118/2009 en vía contencioso-administrativa.
Ahora, con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Aragón trata de completar la regulación del Decreto 118/2009, con una nueva previsión a nuestro juicio radicalmente antijurídica, al pretender reconocer a quienes, en virtud de las previstas comisiones en escala o clase de especialidad desempeñen un puesto de trabajo propio de grupo de titulación superior, el derecho a percibir las retribuciones básicas del grupo superior al que figure adscrito el puesto.
Dicha previsión, contenida en el artículo 19.2 del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, trata de alterar la regulación legal de las retribuciones de los funcionarios para permitir retribuir a determinados funcionarios –los que pasen a desempeñar, en virtud de la nueva comisión, puestos propios de un grupo de titulación superior- con las retribuciones básicas correspondientes al grupo o subgrupo de titulación superior, vulnerando con tal previsión tanto lo que establece la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón como el Estatuto Básico del Empleado Público
No serán, entonces, tan básicas.
ResponderEliminarMe da que nadie quiere entrar en este tipo de temas. No entiendo el motivo. Parece que la conspiración del silencio funciona.
ResponderEliminarLas Cortes de Aragón han celebrado este jueves un Pleno extraordinario. En él se ha aprobado la toma en consideración de los Presupuestos de la Comunidad para el 2010 con los votos en contra de PP y CHA y la abstención de IU. La sección correspondiente a las Cortes de Aragón ha sido aprobada por unanimidad, mientras que las correspondientes al Consejo Consultivo de Aragón y al Consejo Económico y Social han contado con la abstención de toda la oposición. El proyecto de Presupuestos asciende hasta los 5.720 millones de euros, de los que 989 de euros serán de inversiones, un 14% menos que en 2009.
ResponderEliminarEl consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, ha subrayado que la actual situación de crisis ha provocado que el mayor reto del Ejecutivo en 2010 sea combinar el mantenimiento de las prestaciones con la reactivación de la economía. Por ello, se ha incidido en la “contención presupuestaria” y se ha tenido que realizar un ejercicio “adicional” de racionalización del gasto público y de priorización de las partidas presupuestarias.
ARAGON DIGITAL
La ilegalidad es de una evidencia absoluta: ¿a qué esperan los Grupos Parlamentarios para corregirla?
ResponderEliminarLa deriva que se vive en materia retributiva en la DGA es muy preocupante, pero la mayor parte de los responsables institucionales prefieren no ver nada, no darse por enterados. Ni gobierno ni oposición. ¿Si la legalidad y transparencia del gasto público no es un interés prioritario, a qué se dedican nuestros gobernantes y representantes?
ResponderEliminar¿A transgredir la ley?
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