NUESTRO INTERÉS ES NUESTRO COMPROMISO: ¿ES DIFÍCIL DE COMPRENDER?

Debe de resultar difícil de comprender para muchos que un pequeño colectivo de funcionarios públicos -ese tipo de personas acomodaticias e insensibles a casi todo- se haya puesto de acuerdo -de esto hace ya casi tres años- para constituir una asociación a la que llamaron Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, ideada no para buscar ventajas personales, mejores sueldos, horarios y jornadas más reducidos, un régimen de licencias o permisos más flexible, sistemas de carrera administrativa y de promoción atractivos y poco exigentes. No, una asociación ideada, por el contrario, para defender los valores y principios de la función pública, esa profesión que ejercen quienes, desde la Administración, a la que han accedido conforme a criterios de mérito y capacidad, trabajan al servicio de los intereses generales, asegurando el respeto a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos.Para defender a la función pública, si fuera menester, frente a los propios funcionarios públicos, cuando éstos antepongan sus intereses personales a los principios por los que ha de regirse su función o actividad pública.

Podemos preguntarnos, entonces y ahora: ¿Pero es que hace falta que alguien defienda la función pública? ¿No están para eso las instituciones públicas? ¿El Defensor del Pueblo? ¿El Tribunal de Cuentas?¿Los Parlamentos que controlan al Gobierno? ¿Los Tribunales que controlan la actuación administrativa y las posibles desviaciones de poder de quienes adoptan decisiones administrativas? ¿Los medios de comunicación?

Tras tres años de actividad, y por si alguno tuviese dudas sobre la necesidad de una iniciativa de este tipo, cabe decir que la oportunidad de esta Asociación la avala el tratamiento que se le ha dispensado por parte de numerosas instituciones y por los propios Juzgados y Tribunales: la iniciativa ha sido recibida con evidente hostilidad por buena parte del Gobierno de Aragón -hostilidad que se manifiesta en esa forma atenuada del desdén, del no dar respuesta a los escritos de petición, pese a ser un derecho fundamental reconocido en la Constitución, del negar toda legitimidad para defender los valores de la democracia y del Estado de Derecho, pese a tratarse de personas que, para el ejercicio de su función, han tenido que acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico-; con una mezcla de indiferencia y de indisimulada animosidad por parte de los órganos de gobierno de las Cortes de Aragón -su Presidente y su Mesa-, cuyas respuestas a esta Asociación quedarán para la historia de la crisis ética de nuestras Instituciones Políticas -esperamos además que sean expresamente invalidadas por el Tribunal Constitucional-; y con una manifiesta cicatería por parte de Juzgados y Tribunales, cuya función de control jurisdiccional sobre la actuación administrativa, en cuanto garantes del Estado de Derecho, la han sustituido por la de "simple" control formal de los requisitos procesales de acceso a la justicia por parte de esta Asociación, negándole en ocasiones todo interés legítimo para defender la legalidad en materia de función pública, tratando de reducir la noción de interés a la idea de beneficio o lucro. Efectivamente, esta Asociaión no tiene ánimo de lucro, ni sus socios buscan con ella beneficios personales. Pero de ahí a decir que no tienen interés en los asuntos de que se ocupa hay una gran distancia.

Naturalmente que a un funcionario le es totalmente necesario - o debería serlo, y así debieran comprenderlo jueces y magistrados- saber que trabaja para una organización que respeta los valores y principios que la Constitución establece para su actividad: si a un funcionario que trabaja en la Administración no le concerniesen las infracciones del ordenamiento jurídico en que incurre el Gobierno que le dirige, a qué quedaría reducido ese funcionario. Desde luego, no sería un servidor público ni un garante del Estado de Derecho, sino un simple instrumento ejecutor de las decisiones del Gobierno.

¿Este es el modelo de función pública que propugnan el Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón y los Juzgados y Tribunales? Confiamos en que no lo sea, aunque a veces, con sus comportamientos, nos hacen dudarlo. Pese al desdén, la hostilidad y la indiferencia de que ha sido objeto, esta Asociación no va a dejar de impulsar todas las iniciativas que considere necesarias -vitales- para recuperar el sentido ético de la función pública y de las propias instituciones democráticas. No buscamos victorias inmediatas -no las esperamos-, más bien contamos con las derrotas. Pero nuestra Asociación no se ha constituido para triunfar, sino para "luchar por el Derecho". Saber que hemos luchado por defender los valores que juramos o prometimos al acceder a la función pública -ganemos o perdamos- nos permitirá creer que cumplimos -o, al menos, tratamos de hacerlo- con nuestro principal deber como servidores públicos.

Ese es nuestro compromiso y ese es nuestro interés.