Zaragoza, 29 de junio de 2009.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa va a dirigirse a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, solicitándoles que analicen la legalidad del anticipo de carrera abonado por el Gobierno de Aragón a los empleados públicos de la Administración autonómica, como resultado del acuerdo alcanzado entre Administración y Sindicatos el 12 de agosto de 2008, en la Mesa Sectorial de la Administración General.
Entiende la Asociación que, como ha quedado declarado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en una reciente sentencia, no es posible anticipar el pago por razón de carrera profesional a la regulación legal de dicha carrera, pues la previa regulación de ésta es condición necesaria para el establecimiento de un concepto retributivo actualmente inexistente y para su abono. La negociación colectiva no puede sustituir la potestad legislativa y presupuestaria que corresponde al Parlamento autonómico, salvo que pretendamos subvertir las reglas del funcionamiento democrático de nuestras instituciones.
Grave es alterar las reglas del funcionamiento de las instituciones democráticas, ignorándose las funciones reservadas al Parlamento, y grave es degradar la legalidad del régimen retributivo de la función pública aragonesa, haciendo que las retribuciones de los servidores públicos pierdan su fundamento legal y con ello su legitimidad. El régimen retributivo de quienes trabajan para la sociedad lo establecen los representantes de los ciudadanos, es decir, el Parlamento y no el Ejecutivo. Es un signo muy preocupante que algo tan elemental se olvide o se obvie, creyendo que un beneficio salarial al margen de la legalidad pueda ser algo distinto a simple y mera corrupción.
Si los responsables de función pública del Gobierno de Aragón no han tenido el menor problema en dar luz verde a un régimen retributivo ilegal para buena parte de la función pública aragonesa, en un ejercicio de irresponsabilidad pública incomprensible, queda la esperanza de que las Cortes de Aragón, en cuanto representantes de todos los ciudadanos, velen por los intereses de los aragoneses y por el escrupuloso respeto de la legalidad, requiriendo al Gobierno de Aragón para que adopte, de inmediato, las medidas necesarias para garantizar la legalidad de las retribuciones de quienes trabajan en la Administración aragonesa.
Esperemos que sea así, pero también es mucho confiar en los grupos.
ResponderEliminarSi todo esto fuera verdad, sería un desastre absoluto, como dijo Ana de Salas en las Cortes de Aragón, con motivo de la comparecencia de la Asociación ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos.
ResponderEliminarBueno, veremos, si, como se dice en algunas cartas al director, esta Asociación dice la verdad, o al menos sus denuncias son veraces, pues la verdad parece un concepto abstracto que no está al alcance de los mortales.
No hay desastre absoluto, sólo es un ejemplo más de eso que se ha dado en llamar el desgobierno de lo público.
ResponderEliminar¿Qué estrategia sigue la asociación con este asunto? ¿Llevarlo a las instituciones y no a la opinión pública? ¿O lanzarlo a los medios cuando todos los responsables públicos tengan el asunto sobre sus mesas?
ResponderEliminarCONTRA LA CORRUPCIÓN.
ResponderEliminarAun con las salvedades que hay que hacer a este tipo de informes, no deja de ser preocupante que España esté a la cola de los países industrializados de la OCDE en las categorías de buen gobierno y lucha contra la corrupción, según un informe del Banco Mundial (BM), que evalúa la situación en más de 200 Estados. España está bajo la media y sólo por encima de países como Italia, Grecia o Chipre, lo cual es magro consuelo y debería hacernos reaccionar a todos.
bien, ahora preguntémonos en qué medida contribuye Aragón a la corrupción en España. Hemos pasado a ser contribuyentes netos, tengo la impresión.
¿Hay que aplicar el bisturí?
ResponderEliminarInteresante opinión en el foro de heraldo sobre el escándalo asael:
ResponderEliminarLa caza de brujas fue una persecución de la libertad de expresión. El control de los convenios públicos es la vigilancia del uso de los recursos públicos. Comparar la caza de brujas con el control del gasto público supone una desvergüenza impresionante. Debería dimitir toda la junta directiva de ASAEL. Han incumplido su función de control. No vale estar en el cargo y tener que enterarse por el periódico de lo que ocurre.
¿CAZA DE BRUJAS?
ResponderEliminarEl Ejecutivo autonómico ha optado por pasar de largo sobre el convenio entre el Instituto Aragonés del Agua, dependiente del departamento de Medio Ambiente, y Asael. Con este dinero se ha pagado desde hace dos años las nóminas de alcaldes y ediles del PAR, e incluso de técnicos que trabajaban en la sede aragonesista.
El Ejecutivo autonómico ha rechazado hacer públicos los convenios que mantiene la asociación con los departamentos del Gobierno de Aragón. Según fuentes de la DGA, no son partidarios de abrir una eventual "caza de brujas" con esta medida.
¿No será caza de malverdadores de fondos públicos?
¿Tiempos de crisis, en plural?
ResponderEliminarMe entero que ha dimitido Jesús Solá como presidente de ASAEL. Pero pienso que sería un error centrar toda la cuestión en su presencia al frente de la entidad. El verdadero problema, el meollo de la cuestión es la misma existencia de esa asociación, su utilidad, sus fines, su financiación, la colocación en ella con cargo a los presupuestos públicos de agentes de un partido político en el gobierno, el desvío, en definitiva, de fondos públicos a favor de la misma. Porque al final, la financiación de esa asociación, no elegida por nosotros, ni obligatoria por ley, la estamos pagando todos. Y puesto que la pagamos, tenemos derecho a preguntarnos ¿queremos que esa asociación siga existiendo? ¿queremos seguir pagándola?
ResponderEliminarA ver si a esto contestan algo Velasco y Larraz, o tampoco se dan por aludidos esta vez.
ResponderEliminar