Zaragoza, 29 de abril de 2009.
El Justicia de Aragón, con motivo de una queja planteada por esta Asociación, ha formulado una sugerencia al Gobierno de Aragón para que incluya en el anteproyecto de ley de función pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, actualmente en elaboración, la obligatoriedad de publicar en el diario oficial los nombramientos y ceses del personal eventual de todas las Administraciones a las que dicha ley va a ser aplicable. Además, se señala en dicha sugerencia, “el Departamento de Presidencia de la Diputación General de Aragón debe valorar la oportunidad de otorgar publicidad al nombramiento y cese del personal eventual de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Aragón”.
La posición del Justicia de Aragón, en una fundamentadísima resolución cuya lectura resulta verdaderamente recomendable, parte de las previsiones contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público y del informe de la Comisión de Expertos que intervino en su elaboración, así como de la legislación de función pública de otras Comunidades Autónomas –como la Comunidad Valenciana , Cataluña, Castilla y León, Baleares y Galicia-, donde ya se prevé de forma expresa la obligatoriedad de que los nombramientos y ceses de dicho personal eventual se publiquen en el Boletín Oficial respectivo.
La resolución rechaza el razonamiento expresado por el Departamento de Presidencia en relación con el tema, al tratar de justificar dicho Departamento que la publicidad de las relaciones de puestos de trabajo es garantía de publicidad suficiente para dicho personal.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha venido solicitando, ante diferentes instancias, la adopción de medidas para asegurar la necesaria transparencia en el funcionamiento de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, razón por la cual nos mostramos enormemente satisfechos por la resolución dictada por el Justicia de Aragón. Por ello, no podemos sino celebrar la resolución adoptada por el Justicia y confiar en que la misma sea expresamente aceptada por el Gobierno de Aragón.
En tal sentido, esta Asociación se ha dirigido al conjunto de los Secretarios Generales Técnicos de las Departamentos de la Administración aragonesa, así como a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, solicitando de todos ellos las medidas que, en cada caso, estimen oportunas para asegurar la plena efectividad de los principios de transparencia y publicidad demandados por el Justicia de Aragón en su resolución.
No obstante la satisfacción por la sugerencia formulada, no podemos dejar de señalar que, junto a la publicidad de los nombramientos y ceses de dicho personal, corresponde a los diferentes miembros del Gobierno de Aragón asegurar que dicho personal eventual se dedica al ejercicio efectivo de las funciones de asesoramientoo para las que han sido nombrados, dedicación que en estos momentos ha sido cuestionada desde diferentes ámbitos, incluido un amplio reportaje periodístico, sin que ningún responsable del Ejecutivo haya desmentido o rechazado tales irregularidades, cuya gravedad a nadie se le oculta.
La asociación se sustenta en su compromiso con los principios constitucionales que ordenan la función pública. Puede ser socio todo empleado público que comparta esta idea y los fines fijados en los estatutos. Para formar parte puedes dirigir tu petición a : asocfuncionpublica@yahoo.es. Hemos renunciado a subvenciones públicas y la cuota anual como socio es de 60 euros. Las reuniones de la Junta directiva son abiertas a todos los socios. El presidente actual es Julio Guiral.
jueves, 30 de abril de 2009
martes, 28 de abril de 2009
QUEJA POR LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIO GENERAL DEL IASS: EL DEFENSOR DEL PUEBLO SE INHIBE A FAVOR DEL JUSTICIA DE ARAGÓN.
Zaragoza, 28 de abril de 2009.
El Defensor del Pueblo, al que se dirigió esta Asociación para formular queja por las irregularidades del procedimiento de provisión del puesto de trabajo de Secretario General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ha comunicado su decisión de inhibirse respecto a la misma, al haberse admitido a trámite por el Justicia de Aragón una queja sobre la misma cuestión.
La queja vino motivada por el hecho, nos permitimos recordarlo, de que las retribuciones complementarias del puesto de trabajo fueron modificadas en el transcurso del procedimiento de provisión, tras la publicación de la convocatoria mediante libre designación, una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes.
Pese a la modificación de las características del puesto que se habían consignado en la convocatoria pública, con un significativo incremento de las retribuciones complementarias, no se procedió a la publicación de una nueva convocatoria, acorde con la nueva realidad del puesto, falseándose con ello el principio de publicidad básico que garantiza la igualdad en el acceso a las funciones públicas.
El propio Departamento de Presidencia, en respuesta al recurso administrativo formulado por esta Asociación frente al Decreto del Gobierno de Aragón por el que se resolvió la convocatoria, en un ejercicio de cinismo que lo descalifica, afirmó que provisión y modificación de los puestos de trabajo son procedimientos independientes, que no interfieren entre sí. Frente a ello, esta Asociación considera que modificar un puesto de trabajo, tras su convocatoria, y resolverlo una vez efectuada dicha modificación constituye un fraude de ley y una manipulación de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. Esperamos que así lo considere también el Justicia de Aragón, al que corresponde examinar en exclusiva la queja planteada por esta Asociación, tras la inhibición del Defensor del Pueblo en el caso.
Se reproduce a continuación la comunicación del Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo al Presidente de la Asociación:
“Nº expediente: 09002112.
D. Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa de la
Función Pública Aragonesa
Estimado Sr.:
Se ha recibido su escrito, registrado con el número arriba indicado, al que se le ruega haga referencia en caso de dirigirse nuevamente a esta Institución, en el que hace referencia al irregular procedimiento de provisión del puesto de trabajo de Secretario General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, al haberse modificado las condiciones retributivas del puesto tras la publicación de la convocatoria pública.
Dado que, en su momento, formuló una queja referida a la misma cuestión ante el Justicia de Aragón y la misma ha sido admitida a trámite, en concreto con el número asignado DI-140/2009-4, en virtud del principio de coordinación y cooperación institucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y los Comisionados Parlamentarios de funciones homólogas en las distintas Comunidades Autónomas, esta Institución queda a lo que resuelva en su tramitación el Justicia de Aragón.
Agradeciéndole su confianza, le saluda cordialmente.
Manuel Ángel Aguilar Belda,
Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo”
El Defensor del Pueblo, al que se dirigió esta Asociación para formular queja por las irregularidades del procedimiento de provisión del puesto de trabajo de Secretario General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ha comunicado su decisión de inhibirse respecto a la misma, al haberse admitido a trámite por el Justicia de Aragón una queja sobre la misma cuestión.
La queja vino motivada por el hecho, nos permitimos recordarlo, de que las retribuciones complementarias del puesto de trabajo fueron modificadas en el transcurso del procedimiento de provisión, tras la publicación de la convocatoria mediante libre designación, una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes.
Pese a la modificación de las características del puesto que se habían consignado en la convocatoria pública, con un significativo incremento de las retribuciones complementarias, no se procedió a la publicación de una nueva convocatoria, acorde con la nueva realidad del puesto, falseándose con ello el principio de publicidad básico que garantiza la igualdad en el acceso a las funciones públicas.
El propio Departamento de Presidencia, en respuesta al recurso administrativo formulado por esta Asociación frente al Decreto del Gobierno de Aragón por el que se resolvió la convocatoria, en un ejercicio de cinismo que lo descalifica, afirmó que provisión y modificación de los puestos de trabajo son procedimientos independientes, que no interfieren entre sí. Frente a ello, esta Asociación considera que modificar un puesto de trabajo, tras su convocatoria, y resolverlo una vez efectuada dicha modificación constituye un fraude de ley y una manipulación de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. Esperamos que así lo considere también el Justicia de Aragón, al que corresponde examinar en exclusiva la queja planteada por esta Asociación, tras la inhibición del Defensor del Pueblo en el caso.
Se reproduce a continuación la comunicación del Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo al Presidente de la Asociación:
“Nº expediente: 09002112.
D. Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa de la
Función Pública Aragonesa
Estimado Sr.:
Se ha recibido su escrito, registrado con el número arriba indicado, al que se le ruega haga referencia en caso de dirigirse nuevamente a esta Institución, en el que hace referencia al irregular procedimiento de provisión del puesto de trabajo de Secretario General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, al haberse modificado las condiciones retributivas del puesto tras la publicación de la convocatoria pública.
Dado que, en su momento, formuló una queja referida a la misma cuestión ante el Justicia de Aragón y la misma ha sido admitida a trámite, en concreto con el número asignado DI-140/2009-4, en virtud del principio de coordinación y cooperación institucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y los Comisionados Parlamentarios de funciones homólogas en las distintas Comunidades Autónomas, esta Institución queda a lo que resuelva en su tramitación el Justicia de Aragón.
Agradeciéndole su confianza, le saluda cordialmente.
Manuel Ángel Aguilar Belda,
Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo”
lunes, 27 de abril de 2009
LAS CORTES DE ARAGÓN NO PUEDEN DESLEGITIMAR A LOS CIUDADANOS SIN DESLEGITIMARSE A SÍ MISMAS.
Zaragoza, 27 de abril de 2009.
Recientemente, se ha comunicado a esta Asociación, por parte de la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón, que la Mesa de las Cortes, en su reunión de 14 de abril de 2009, acordó inadmitir la petición formulada desde esta Asociación, conforme al artículo 62 del Reglamento de las Cortes, para la creación de una Comisión especial de estudio, al entender que esta Asociación carece de legitimación para realizar al Parlamento peticiones de tales características.
Esta Asociación se dirigió a la Mesa de las Cortes, con fecha 27 de marzo de 2009, solicitando la creación, en el seno de las Cortes de Aragón, de una Comisión especial de estudio que se dedicase a “precisar unos criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, a los que deban ajustar su actuación todos aquellos que desempeñen un cargo público”, formulando igualmente “las medidas requeridas para asegurar la plena vigencia de los principios de buena conducta establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, a los que deben ajustar el ejercicio de su actividad el conjunto de los servidores públicos de las distintas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma”.
Lamentamos que, una vez más, los órganos del Parlamento no atiendan una propuesta para promover estándares de conducta ética en las instituciones aragonesas. Pero nos preocupa especialmente, como ciudadanos aragoneses en el ejercicio de sus derechos fundamentales, que el máximo órgano de gobierno del Parlamento aragonés niegue legitimación a una asociación para formular una petición a la institución que políticamente representa a los aragoneses, vulnerando con ello el contenido esencial del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española.
Consideramos esta forma de actuar impropia de un Parlamento, pues cuestionar la legitimación de los ciudadanos para dirigirle peticiones es cuestionarse a sí mismo, ya que su función básica es la de representación política del conjunto de los ciudadanos aragoneses.
No podemos, lógicamente, aceptar una decisión como la adoptada por la Mesa de las Cortes, con la que se vacía de forma arbitraria el contenido del derecho de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, por lo que nos sentimos obligados a procurar su revisión jurídica, no descartando el acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
El Presidente de la Asociación ha puesto en conocimiento de tales hechos al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, expresándoles su malestar por la citada decisión de la Mesa de las Cortes, al considerarla una vulneración del derecho fundamental de petición que asiste a todos los ciudadanos ante todos los poderes públicos, incluidos los Parlamentos autonómicos. Igualmente, se ha pedido a los Grupos Parlamentarios que adopten las iniciativas oportunas para evitar que se consolide el criterio de falta de legitimación de los ciudadanos aplicado por la Mesa de las Cortes a la petición formulada por esta Asociación.
Recientemente, se ha comunicado a esta Asociación, por parte de la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón, que la Mesa de las Cortes, en su reunión de 14 de abril de 2009, acordó inadmitir la petición formulada desde esta Asociación, conforme al artículo 62 del Reglamento de las Cortes, para la creación de una Comisión especial de estudio, al entender que esta Asociación carece de legitimación para realizar al Parlamento peticiones de tales características.
Esta Asociación se dirigió a la Mesa de las Cortes, con fecha 27 de marzo de 2009, solicitando la creación, en el seno de las Cortes de Aragón, de una Comisión especial de estudio que se dedicase a “precisar unos criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, a los que deban ajustar su actuación todos aquellos que desempeñen un cargo público”, formulando igualmente “las medidas requeridas para asegurar la plena vigencia de los principios de buena conducta establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, a los que deben ajustar el ejercicio de su actividad el conjunto de los servidores públicos de las distintas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma”.
Lamentamos que, una vez más, los órganos del Parlamento no atiendan una propuesta para promover estándares de conducta ética en las instituciones aragonesas. Pero nos preocupa especialmente, como ciudadanos aragoneses en el ejercicio de sus derechos fundamentales, que el máximo órgano de gobierno del Parlamento aragonés niegue legitimación a una asociación para formular una petición a la institución que políticamente representa a los aragoneses, vulnerando con ello el contenido esencial del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española.
Consideramos esta forma de actuar impropia de un Parlamento, pues cuestionar la legitimación de los ciudadanos para dirigirle peticiones es cuestionarse a sí mismo, ya que su función básica es la de representación política del conjunto de los ciudadanos aragoneses.
No podemos, lógicamente, aceptar una decisión como la adoptada por la Mesa de las Cortes, con la que se vacía de forma arbitraria el contenido del derecho de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, por lo que nos sentimos obligados a procurar su revisión jurídica, no descartando el acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
El Presidente de la Asociación ha puesto en conocimiento de tales hechos al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, expresándoles su malestar por la citada decisión de la Mesa de las Cortes, al considerarla una vulneración del derecho fundamental de petición que asiste a todos los ciudadanos ante todos los poderes públicos, incluidos los Parlamentos autonómicos. Igualmente, se ha pedido a los Grupos Parlamentarios que adopten las iniciativas oportunas para evitar que se consolide el criterio de falta de legitimación de los ciudadanos aplicado por la Mesa de las Cortes a la petición formulada por esta Asociación.
domingo, 26 de abril de 2009
SE SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN QUE CORRIJAN LA SITUACIÓN DE SUS GABINETES.
Zaragoza, 24 de abril de 2009.
El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido hoy a todos los miembros del Gobierno de Aragón (Presidente, Vicepresidente y Consejeros), para solicitarles que velen por el correcto funcionamiento de los órganos administrativos que dependen de cada uno de ellos, y en especial del Gabinete que les asiste.
En la línea de lo solicitado de forma reiterada por esta Asociación a las diferentes instituciones aragonesas –en relación con la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón- y vista la información publicada en prensa sobre la utilización de puestos de trabajo de dichos gabinetes para asegurar sueldos públicos a personas vinculadas políticamente a los partidos de la coalición de gobierno, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, ha pedido, de forma individualizada, a cada miembro del Gobierno de Aragón que revise las condiciones de funcionamiento de su Gabinete, para asegurar el desempeño efectivo de sus funciones por el personal eventual o de confianza adscrito a los mismos, acordando el cese de todos aquellos asesores que no desempeñen de forma efectiva aquellas funciones para las que han sido nombrados.
La existencia de puestos de trabajo en la Administración Pública, sean de funcionarios de carrera, de personal laboral o de personal eventual de confianza, sólo puede justificarse por la necesidad objetiva de ejercicio de las funciones asignadas a los mismos, sin que en modo alguno puedan utilizarse con la exclusiva finalidad de garantizar a particulares la percepción de ingresos sin contraprestación laboral alguna.
Los indicios de que tal situación se esté dando en algunos de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, han llevado a esta Asociación, conforme a lo acordado por su Junta Directiva de esta misma semana, a dirigirse a cada uno de los miembros del Gobierno de Aragón.Se reproduce a continuación el texto de la solicitud remitida:
“La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, desde su creación, ha venido planteando la necesidad de mejorar la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, fomentando la transparencia y publicidad del nombramiento de sus miembros, así como su idoneidad profesional y el desempeño efectivo de las funciones de asesoramiento especial que tienen legalmente atribuidas.
Los resultados negativos de las actuaciones señaladas, así como las informaciones aparecidas en prensa y no desmentidas sobre la irregular situación de parte de los puestos de personal eventual de los gabinetes, ocupados por personas que no realizan función alguna que justifique el sueldo público que perciben, motivaron que esta Asociación solicitase a las Cortes de Aragón la creación de una Comisión de Investigación. Dicha Comisión debiera esclarecer la actual situación del funcionamiento de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y promover las medidas necesarias para corregir las irregularidades que puedan constatarse en su funcionamiento.
Con independencia de la decisión que adopten las Cortes de Aragón sobre tal petición, consideramos que es responsabilidad directa de cada miembro del Gobierno de Aragón velar por el buen funcionamiento del Gabinete que le asiste.
Por todo ello, y en mi condición de Presidente de la citada Asociación le solicito, en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, que adopte las medidas precisas para asegurar que el personal eventual de los órganos de asistencia directa que le asisten ajuste su actividad a los criterios de dedicación efectiva y exclusiva que señala el Estatuto Básico del Empleado Público, como requiere el cumplimiento eficaz, comprobable y controlable de las funciones que justifican la existencia de todo puesto de trabajo, y en el caso de que las circunstancias de alguno de los miembros de tales órganos le impidan dicho desempeño efectivo, proceda a acordar su cese, al carecer de toda justificación su permanencia en el puesto.
Agradeciéndole su atención, aprovecho para expresarle nuestro más respetuoso saludo.
Zaragoza, 24 de abril de 2009.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido hoy a todos los miembros del Gobierno de Aragón (Presidente, Vicepresidente y Consejeros), para solicitarles que velen por el correcto funcionamiento de los órganos administrativos que dependen de cada uno de ellos, y en especial del Gabinete que les asiste.
En la línea de lo solicitado de forma reiterada por esta Asociación a las diferentes instituciones aragonesas –en relación con la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón- y vista la información publicada en prensa sobre la utilización de puestos de trabajo de dichos gabinetes para asegurar sueldos públicos a personas vinculadas políticamente a los partidos de la coalición de gobierno, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, ha pedido, de forma individualizada, a cada miembro del Gobierno de Aragón que revise las condiciones de funcionamiento de su Gabinete, para asegurar el desempeño efectivo de sus funciones por el personal eventual o de confianza adscrito a los mismos, acordando el cese de todos aquellos asesores que no desempeñen de forma efectiva aquellas funciones para las que han sido nombrados.
La existencia de puestos de trabajo en la Administración Pública, sean de funcionarios de carrera, de personal laboral o de personal eventual de confianza, sólo puede justificarse por la necesidad objetiva de ejercicio de las funciones asignadas a los mismos, sin que en modo alguno puedan utilizarse con la exclusiva finalidad de garantizar a particulares la percepción de ingresos sin contraprestación laboral alguna.
Los indicios de que tal situación se esté dando en algunos de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, han llevado a esta Asociación, conforme a lo acordado por su Junta Directiva de esta misma semana, a dirigirse a cada uno de los miembros del Gobierno de Aragón.Se reproduce a continuación el texto de la solicitud remitida:
“La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, desde su creación, ha venido planteando la necesidad de mejorar la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, fomentando la transparencia y publicidad del nombramiento de sus miembros, así como su idoneidad profesional y el desempeño efectivo de las funciones de asesoramiento especial que tienen legalmente atribuidas.
Los resultados negativos de las actuaciones señaladas, así como las informaciones aparecidas en prensa y no desmentidas sobre la irregular situación de parte de los puestos de personal eventual de los gabinetes, ocupados por personas que no realizan función alguna que justifique el sueldo público que perciben, motivaron que esta Asociación solicitase a las Cortes de Aragón la creación de una Comisión de Investigación. Dicha Comisión debiera esclarecer la actual situación del funcionamiento de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y promover las medidas necesarias para corregir las irregularidades que puedan constatarse en su funcionamiento.
Con independencia de la decisión que adopten las Cortes de Aragón sobre tal petición, consideramos que es responsabilidad directa de cada miembro del Gobierno de Aragón velar por el buen funcionamiento del Gabinete que le asiste.
Por todo ello, y en mi condición de Presidente de la citada Asociación le solicito, en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, que adopte las medidas precisas para asegurar que el personal eventual de los órganos de asistencia directa que le asisten ajuste su actividad a los criterios de dedicación efectiva y exclusiva que señala el Estatuto Básico del Empleado Público, como requiere el cumplimiento eficaz, comprobable y controlable de las funciones que justifican la existencia de todo puesto de trabajo, y en el caso de que las circunstancias de alguno de los miembros de tales órganos le impidan dicho desempeño efectivo, proceda a acordar su cese, al carecer de toda justificación su permanencia en el puesto.
Agradeciéndole su atención, aprovecho para expresarle nuestro más respetuoso saludo.
Zaragoza, 24 de abril de 2009.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
jueves, 23 de abril de 2009
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: REIVINDICACIÓN DEL RESPETO A LA LEY.
Zaragoza, 23 de abril de 2009.
La tarde del 21 de abril, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se reunió la Junta Directiva de la Asociación, con la presencia de los componentes de la misma, salvo ausencias justificadas, y de aquellos socios que desearon sumarse a sus deliberaciones, de acuerdo con la decisión, adoptada en la pasada Asamblea General, de posibilitar la intervención en tales reuniones de todos los socios que lo deseen.
Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, se procedió a debatir la impugnación del Decreto del Gobierno de Aragón que aprueba la Oferta de Empleo Público para 2009, acordándose la formulación de recurso contencioso-administrativo ordinario, por las razones que ya se expusieron en la sesión anterior de la Junta, al no incluirse las plazas que requieren las necesidades de funcionamiento de la Administración autonómica y que exigen las normas legales, entendiendo que la no inclusión de dichas plazas contribuye al progresivo deterioro del funcionamiento de la Administración y restringe de forma arbitraria el derecho constitucional de los ciudadanos para acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad. Por lo tanto, se autoriza al Presidente de la Asociación para que formalice el oportuno recurso contencioso-administrativo frente al Decreto 39/2009, por el que se aprueba la citada Oferta de Empleo Público.
A continuación, conforme al orden del día propuesto para la sesión, se pasa a analizar la situación del puesto de Director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), cuyas funciones parecen ser desempeñadas por persona que no reúne la condición de funcionario de carrera, pese a tratarse de un puesto con categoría del Jefe de Servicio, dentro de la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente. Dichos hechos, trasladados por la Asociación al Consejero de Presidencia para su investigación y corrección, se acuerda ponerlos también en conocimiento del Justicia de Aragón y de la Inspección de Trabajo, al entender que pueden constituir una vulneración grave de las normas de la función pública aragonesa así como del ordenamiento laboral, si el supuesto constituyese un préstamo ilegal de trabajadores o un fraude de ley para ejercer las funciones de un puesto reservado a funcionario de carrera por persona que no reúne tal condición.
Seguidamente, pasa a analizarse la situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, en los que, según la información que se ha hecho pública en los medios de comunicación, figuran personas que no realizan actividad alguna de asesoramiento, limitándose a la percepción del sueldo asignado a tales puestos. El Presidente señala que esta Asociación ha venido planteando desde el año 2007, tanto ante responsables del Gobierno de Aragón como ante la Mesa de las Cortes de Aragón, la necesidad de reforzar la transparencia del personal eventual del Gobierno de Aragón, mediante la publicación de sus nombramientos en el Boletín Oficial de Aragón y el control del desempeño efectivo de sus funciones. Ante la falta de medidas en tal sentido y la evidencia de la utilización abusiva de tales puestos, recuerda que esta Asociación ha solicitado, tanto a la Mesa de las Cortes de Aragón como al conjunto de los Grupos Parlamentarios, la creación de una Comisión de Investigación con el fin de esclarecer la situación de dichos órganos de apoyo a los miembros del Gobierno de Aragón. A la vista de la información aparecida ahora en prensa sobre las irregularidades existentes, se acuerda insistir en las propuestas planteadas hasta el momento y en dirigirse, por escrito, a los diferentes miembros del Gobierno de Aragón, en ejercicio del derecho fundamental de petición, para solicitarles que, de ser ciertas las informaciones publicadas, procedan a regularizar la situación de los puestos de personal eventual de sus Departamentos, acordando el cese de todos aquellos asesores que no desempeñen las funciones propias de los puestos para los que han sido nombrados. Asimismo, se confía en que las instituciones públicas encargadas de velar por el respeto de la legalidad ejerzan debidamente sus funciones de control y de defensa del interés público.
Posteriormente, se valora la oportunidad de iniciar contactos con los responsables de la plataforma Coalición pro Acceso, en la que figuran un amplio número de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de promover la transparencia administrativa y el libre acceso a la información pública, al objeto de la posible incorporación de la Asociación a dicha plataforma cívica.
Finalmente, se aborda el estado de desarrollo del foro electrónico diseñado como lugar de debate sobre temas o cuestiones relacionados con los objetivos de la Asociación, cuya habilitación se espera tener a punto en breve plazo, y también la preparación del primer coloquio público, en el que acercar la actividad de la Asociación al conjunto de los servidores públicos aragoneses y de los ciudadanos, para poder debatir sobre “función pública y corrupción”.
Para concluir, dentro del apartado ruegos y preguntas, se plantea la oportunidad de reclamar del Departamento de Presidencia la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de las instrucciones que ordenan el nombramiento de funcionarios interinos, cuya única publicidad es su inclusión en el portal del empleado y portal del Gobierno
La tarde del 21 de abril, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se reunió la Junta Directiva de la Asociación, con la presencia de los componentes de la misma, salvo ausencias justificadas, y de aquellos socios que desearon sumarse a sus deliberaciones, de acuerdo con la decisión, adoptada en la pasada Asamblea General, de posibilitar la intervención en tales reuniones de todos los socios que lo deseen.
Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, se procedió a debatir la impugnación del Decreto del Gobierno de Aragón que aprueba la Oferta de Empleo Público para 2009, acordándose la formulación de recurso contencioso-administrativo ordinario, por las razones que ya se expusieron en la sesión anterior de la Junta, al no incluirse las plazas que requieren las necesidades de funcionamiento de la Administración autonómica y que exigen las normas legales, entendiendo que la no inclusión de dichas plazas contribuye al progresivo deterioro del funcionamiento de la Administración y restringe de forma arbitraria el derecho constitucional de los ciudadanos para acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad. Por lo tanto, se autoriza al Presidente de la Asociación para que formalice el oportuno recurso contencioso-administrativo frente al Decreto 39/2009, por el que se aprueba la citada Oferta de Empleo Público.
A continuación, conforme al orden del día propuesto para la sesión, se pasa a analizar la situación del puesto de Director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), cuyas funciones parecen ser desempeñadas por persona que no reúne la condición de funcionario de carrera, pese a tratarse de un puesto con categoría del Jefe de Servicio, dentro de la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente. Dichos hechos, trasladados por la Asociación al Consejero de Presidencia para su investigación y corrección, se acuerda ponerlos también en conocimiento del Justicia de Aragón y de la Inspección de Trabajo, al entender que pueden constituir una vulneración grave de las normas de la función pública aragonesa así como del ordenamiento laboral, si el supuesto constituyese un préstamo ilegal de trabajadores o un fraude de ley para ejercer las funciones de un puesto reservado a funcionario de carrera por persona que no reúne tal condición.
Seguidamente, pasa a analizarse la situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, en los que, según la información que se ha hecho pública en los medios de comunicación, figuran personas que no realizan actividad alguna de asesoramiento, limitándose a la percepción del sueldo asignado a tales puestos. El Presidente señala que esta Asociación ha venido planteando desde el año 2007, tanto ante responsables del Gobierno de Aragón como ante la Mesa de las Cortes de Aragón, la necesidad de reforzar la transparencia del personal eventual del Gobierno de Aragón, mediante la publicación de sus nombramientos en el Boletín Oficial de Aragón y el control del desempeño efectivo de sus funciones. Ante la falta de medidas en tal sentido y la evidencia de la utilización abusiva de tales puestos, recuerda que esta Asociación ha solicitado, tanto a la Mesa de las Cortes de Aragón como al conjunto de los Grupos Parlamentarios, la creación de una Comisión de Investigación con el fin de esclarecer la situación de dichos órganos de apoyo a los miembros del Gobierno de Aragón. A la vista de la información aparecida ahora en prensa sobre las irregularidades existentes, se acuerda insistir en las propuestas planteadas hasta el momento y en dirigirse, por escrito, a los diferentes miembros del Gobierno de Aragón, en ejercicio del derecho fundamental de petición, para solicitarles que, de ser ciertas las informaciones publicadas, procedan a regularizar la situación de los puestos de personal eventual de sus Departamentos, acordando el cese de todos aquellos asesores que no desempeñen las funciones propias de los puestos para los que han sido nombrados. Asimismo, se confía en que las instituciones públicas encargadas de velar por el respeto de la legalidad ejerzan debidamente sus funciones de control y de defensa del interés público.
Posteriormente, se valora la oportunidad de iniciar contactos con los responsables de la plataforma Coalición pro Acceso, en la que figuran un amplio número de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de promover la transparencia administrativa y el libre acceso a la información pública, al objeto de la posible incorporación de la Asociación a dicha plataforma cívica.
Finalmente, se aborda el estado de desarrollo del foro electrónico diseñado como lugar de debate sobre temas o cuestiones relacionados con los objetivos de la Asociación, cuya habilitación se espera tener a punto en breve plazo, y también la preparación del primer coloquio público, en el que acercar la actividad de la Asociación al conjunto de los servidores públicos aragoneses y de los ciudadanos, para poder debatir sobre “función pública y corrupción”.
Para concluir, dentro del apartado ruegos y preguntas, se plantea la oportunidad de reclamar del Departamento de Presidencia la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de las instrucciones que ordenan el nombramiento de funcionarios interinos, cuya única publicidad es su inclusión en el portal del empleado y portal del Gobierno
LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN NIEGA LEGITIMACIÓN A LA ASOCIACIÓN: INADMISIÓN DE UNA PETICIÓN.
Zaragoza, 22 de abril de 2009.
Un nuevo signo de la cada vez más deficiente calidad democrática de nuestras instituciones políticas –algo que en modo alguno podemos dejar de señalar, por mucho que lo lamentemos- es la respuesta dada por la Mesa de las Cortes de Aragón a la solicitud formulada por esta Asociación, en ejercicio del derecho de petición, sobre creación de una Comisión especial de estudio para el establecimiento de criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma.
Es posible que no resulte cómodo –en el actual contexto de la vida política aragonesa, marcado por la corrupción- que una asociación ciudadana pida al Parlamento aragonés una reflexión plural sobre la necesidad de establecer códigos de conducta ética para los titulares de cargos públicos en las distintas instituciones de la Comunidad Autónoma. La petición, tal vez, no haga sino subrayar la carencia en nuestras instituciones de estándares de comportamiento ético exigibles a todos sus miembros.
Lo que no imaginábamos en ningún momento es que la Mesa de las Cortes inadmitiría la petición formulada, no por considerarla inoportuna o innecesaria, sino por entender que esta Asociación no tiene capacidad para formular peticiones a los órganos de las Cortes de Aragón. Nunca supusimos que un Parlamento –el aragonés-, institución de representación de la ciudadanía, negase a un conjunto de ciudadanos –esta Asociación- la facultad de formular peticiones a sus órganos.
Ni la Constitución española, en la que se reconoce el derecho fundamental de petición a todos los ciudadanos, ni el Estatuto de Autonomía, en el que se establece el derecho de formular peticiones, ni el propio Reglamento de las Cortes de Aragón, donde se contempla el específico derecho de petición al Parlamento, son objeto de mención en el acuerdo adoptado por la Mesa de las Cortes, en su sesión del día 14 de abril de 2009, ni, al parecer, constituyen obstáculo alguno para la decisión de inadmitir la petición de esta Asociación, dada, según se señala, “la falta de legitimación de que una Asociación pueda formular una solicitud de estas carácterísticas (sic)”.
Creemos que tal Acuerdo no es una simple anécdota, sino un grave síntoma del nivel de calidad democrática por el que atraviesan en estos momentos las instituciones de la Comunidad Autónoma. Un Acuerdo que no hace sino reforzar la necesidad de establecer pautas de conducta pública de alto nivel de exigencia democrática y medidas de fortalecimiento de la participación política de los ciudadanos y de garantía del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
Una pésima forma de conmemorar el Día de Aragón, a nuestro juicio.
Se reproduce a continuación el texto íntegro de la comunicación remitida desde las Cortes de Aragón al Presidente de esta Asociación:
“La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2009, ha conocido su escrito por el que solicita, como Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que por parte de la Mesa de las Cortes de Aragón, y de acuerdo con la Junta de Portavoces, se proponga al Pleno de la Cámara la creación de una comisión parlamentaria especial de estudio “con el fin de precisar unos criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, a los que deban ajustar su actuación todos aquellos que desempeñen un cargo público. Asimismo, por dicha Comisión deberían formularse las medidas requeridas para asegurar la plena vigencia de los principios de buena conducta establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, a los que deben ajustar el ejercicio de su actividad el conjunto de los servidores públicos de las distintas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma”.
A este respecto, le informo que el Reglamento de la Cámara, en su artículo 66 dedicado a las Comisiones especiales de estudio, no prevé la posibilidad de que una Asociación pueda solicitar a la Mesa de las Cortes que, de acuerdo con la Junta de Portavoces, eleve al Pleno una propuesta de creación de una Comisión Especial. En consecuencia, ante la falta de legitimación de que una Asociación pueda formular una solicitud de estas características, la Mesa de las Cortes ha acordado no admitir a trámite dicha propuesta y proceder al archivo de la misma.
Zaragoza, 16 de abril de 2009.
La Letrada Mayor, Vega Estella Izquierdo”.
Un nuevo signo de la cada vez más deficiente calidad democrática de nuestras instituciones políticas –algo que en modo alguno podemos dejar de señalar, por mucho que lo lamentemos- es la respuesta dada por la Mesa de las Cortes de Aragón a la solicitud formulada por esta Asociación, en ejercicio del derecho de petición, sobre creación de una Comisión especial de estudio para el establecimiento de criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma.
Es posible que no resulte cómodo –en el actual contexto de la vida política aragonesa, marcado por la corrupción- que una asociación ciudadana pida al Parlamento aragonés una reflexión plural sobre la necesidad de establecer códigos de conducta ética para los titulares de cargos públicos en las distintas instituciones de la Comunidad Autónoma. La petición, tal vez, no haga sino subrayar la carencia en nuestras instituciones de estándares de comportamiento ético exigibles a todos sus miembros.
Lo que no imaginábamos en ningún momento es que la Mesa de las Cortes inadmitiría la petición formulada, no por considerarla inoportuna o innecesaria, sino por entender que esta Asociación no tiene capacidad para formular peticiones a los órganos de las Cortes de Aragón. Nunca supusimos que un Parlamento –el aragonés-, institución de representación de la ciudadanía, negase a un conjunto de ciudadanos –esta Asociación- la facultad de formular peticiones a sus órganos.
Ni la Constitución española, en la que se reconoce el derecho fundamental de petición a todos los ciudadanos, ni el Estatuto de Autonomía, en el que se establece el derecho de formular peticiones, ni el propio Reglamento de las Cortes de Aragón, donde se contempla el específico derecho de petición al Parlamento, son objeto de mención en el acuerdo adoptado por la Mesa de las Cortes, en su sesión del día 14 de abril de 2009, ni, al parecer, constituyen obstáculo alguno para la decisión de inadmitir la petición de esta Asociación, dada, según se señala, “la falta de legitimación de que una Asociación pueda formular una solicitud de estas carácterísticas (sic)”.
Creemos que tal Acuerdo no es una simple anécdota, sino un grave síntoma del nivel de calidad democrática por el que atraviesan en estos momentos las instituciones de la Comunidad Autónoma. Un Acuerdo que no hace sino reforzar la necesidad de establecer pautas de conducta pública de alto nivel de exigencia democrática y medidas de fortalecimiento de la participación política de los ciudadanos y de garantía del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
Una pésima forma de conmemorar el Día de Aragón, a nuestro juicio.
Se reproduce a continuación el texto íntegro de la comunicación remitida desde las Cortes de Aragón al Presidente de esta Asociación:
“La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2009, ha conocido su escrito por el que solicita, como Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que por parte de la Mesa de las Cortes de Aragón, y de acuerdo con la Junta de Portavoces, se proponga al Pleno de la Cámara la creación de una comisión parlamentaria especial de estudio “con el fin de precisar unos criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, a los que deban ajustar su actuación todos aquellos que desempeñen un cargo público. Asimismo, por dicha Comisión deberían formularse las medidas requeridas para asegurar la plena vigencia de los principios de buena conducta establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, a los que deben ajustar el ejercicio de su actividad el conjunto de los servidores públicos de las distintas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma”.
A este respecto, le informo que el Reglamento de la Cámara, en su artículo 66 dedicado a las Comisiones especiales de estudio, no prevé la posibilidad de que una Asociación pueda solicitar a la Mesa de las Cortes que, de acuerdo con la Junta de Portavoces, eleve al Pleno una propuesta de creación de una Comisión Especial. En consecuencia, ante la falta de legitimación de que una Asociación pueda formular una solicitud de estas características, la Mesa de las Cortes ha acordado no admitir a trámite dicha propuesta y proceder al archivo de la misma.
Zaragoza, 16 de abril de 2009.
La Letrada Mayor, Vega Estella Izquierdo”.
martes, 21 de abril de 2009
EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA: VULNERADO UN AÑO MÁS POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN.
Zaragoza, 20 de abril de 2009.
La Oferta de Empleo Público para 2009, aprobada por el Gobierno de Aragón mediante Decreto 39/2009, de 24 de marzo, publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 3 de abril de 2009, no posibilita, a juicio de esta Asociación, el ejercicio efectivo del derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española y desarrollado por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La aprobación anual de Oferta de Empleo Público, conforme a las exigencias legales establecidas respecto al número de plazas que debe recogerse en la misma, constituye una obligación del Gobierno de Aragón, mediante la cual, y a través del desarrollo de los procesos selectivos en ella autorizados, se posibilita el ejercicio efectivo del derecho constitucional de los ciudadanos para acceder, en condiciones de igualdad y conforme a criterios de mérito y capacidad, a los puestos vacantes que se precisa cubrir en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Desgraciadamente, el Gobierno de Aragón ha venido desatendiendo de forma reiterada sus obligaciones legales en materia de acceso al empleo público, mediante el incumplimiento del deber de aprobación anual de oferta de empleo público, como ha sucedido a lo largo de esta última década en los años 2001, 2002, 2005, 2006 y 2008, y el incumplimiento igualmente de los plazos legalmente establecidos para la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo, cuando ésta se aprueba.
Dichos incumplimientos se vienen a reconocer expresamente en el propio preámbulo o exposición de motivos del Decreto 39/2009, al mencionarse que el Gobierno de Aragón, con la conformidad de las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo de 13 de agosto de 2008, de la Mesa Sectorial de Administración General, no aprobó Oferta en el año 2008, para concentrar sus esfuerzos en la convocatoria y desarrollo de los procesos pendientes de 2004 y 2007. ¡Esfuerzo que ha resultado insuficiente, sin embargo, para acabar tales procesos durante 2008!
Nada autoriza al Gobierno de Aragón, ni siquiera los posibles acuerdos que pueda suscribir con las organizaciones sindicales, para restringir o anular de forma arbitraria el derecho de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas, pues éste es un derecho fundamental, indisponible por parte de los poderes públicos, y no asegurar su disfrute, en los términos legalmente establecidos, sólo puede calificarse de vulneración del mismo.
Las cifras de la Oferta de Empleo aprobada para 2009 -dejando al margen las plazas propias de la función pública docente- son absolutamente insuficientes para atender las necesidades de personal de la Administración autonómica y corregir las elevadas tasas de interinidad existentes. El Gobierno de Aragón, además, se atribuye a sí mismo, como señala en el preámbulo del Decreto 39/2009, la facultad de suspender los objetivos de reducción de interinidad pactados con las organizaciones sindicales, con el pretexto de la crisis económica. ¿Acaso ha aplicado otro criterio en los años de expansión económica? En una u otra coyuntura económica, el Gobierno de Aragón ha vulnerado, de forma reiterada, el derecho de los ciudadanos -interinos o no interinos- a acceder a la condición de funcionario de carrera, no aprobando Oferta de Empleo Público o aprobándola con cifras totalmente insuficientes y demorando escandalosamente la convocatoria y ejecución de los procesos selectivos, sin garantizar en su desarrollo los mínimos elementos de objetividad.
Los términos de la Oferta aprobada la hacen totalmente insostenible -por más que sus ridículas cifras se intenten disimular con las plazas propias de personal docente- y es necesario recordar al Gobierno de Aragón que los derechos de los ciudadanos que se atienden desde la Administración no se agotan con la salud y la educación, pues el Estado de Derecho abarca todos los ámbitos de actividad e intervención pública, incluidos el medio ambiente, el urbanismo o la agricultura, cuya gestión debe hallarse en manos de servidores públicos cuyas condiciones de trabajo permitan salvaguardar la legalidad o la igualdad de los ciudadanos en su relación con los poderes públicos.
La proliferación de empresas públicas para desplazar indebidamente el papel que corresponde a los funcionarios públicos en la gestión del interés general va necesariamente ligada a la insuficiencia de las Ofertas de Empleo Público y al creciente deterioro de la Administración pública provocado por las medidas que el Gobierno de Aragón viene adoptando en las últimas legislaturas.
La estrategia no confesada del Gobierno de Aragón de progresivo debilitamiento de una Administración fuerte y profesionalizada, con capacidad de gestión y de asegurar los principios de legalidad y objetividad en su actuación, tiene uno de sus signos más destacados en la degradación del sistema de selección del personal de nuevo ingreso, olvidando el Gobierno de Aragón que ningún objetivo político en nuestro sistema constitucional permite prescindir de la Administración Pública, configurada como elemento técnico de salvaguarda de los valores del Estado de Derecho y de eficacia del poder público. Tal pretensión de marginar a la Administración Pública en las tareas de gestión sólo puede conducir a la corrupción y al descrédito de las instituciones públicas, como así se aprecia de forma creciente en Aragón.
Entendemos que todo Gobierno es responsable de asegurar el mejor funcionamiento posible de la Administración Pública, para favorecer la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y legitimar con sus resultados la propia organización institucional. La política de selección de personal que el Gobierno de Aragón viene aplicando, con unas insuficientes y arbitrarias ofertas de empleo público, en nada contribuye, sino todo lo contrario, a ese objetivo.
La Oferta de Empleo Público para 2009, aprobada por el Gobierno de Aragón mediante Decreto 39/2009, de 24 de marzo, publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 3 de abril de 2009, no posibilita, a juicio de esta Asociación, el ejercicio efectivo del derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española y desarrollado por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La aprobación anual de Oferta de Empleo Público, conforme a las exigencias legales establecidas respecto al número de plazas que debe recogerse en la misma, constituye una obligación del Gobierno de Aragón, mediante la cual, y a través del desarrollo de los procesos selectivos en ella autorizados, se posibilita el ejercicio efectivo del derecho constitucional de los ciudadanos para acceder, en condiciones de igualdad y conforme a criterios de mérito y capacidad, a los puestos vacantes que se precisa cubrir en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Desgraciadamente, el Gobierno de Aragón ha venido desatendiendo de forma reiterada sus obligaciones legales en materia de acceso al empleo público, mediante el incumplimiento del deber de aprobación anual de oferta de empleo público, como ha sucedido a lo largo de esta última década en los años 2001, 2002, 2005, 2006 y 2008, y el incumplimiento igualmente de los plazos legalmente establecidos para la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo, cuando ésta se aprueba.
Dichos incumplimientos se vienen a reconocer expresamente en el propio preámbulo o exposición de motivos del Decreto 39/2009, al mencionarse que el Gobierno de Aragón, con la conformidad de las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo de 13 de agosto de 2008, de la Mesa Sectorial de Administración General, no aprobó Oferta en el año 2008, para concentrar sus esfuerzos en la convocatoria y desarrollo de los procesos pendientes de 2004 y 2007. ¡Esfuerzo que ha resultado insuficiente, sin embargo, para acabar tales procesos durante 2008!
Nada autoriza al Gobierno de Aragón, ni siquiera los posibles acuerdos que pueda suscribir con las organizaciones sindicales, para restringir o anular de forma arbitraria el derecho de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas, pues éste es un derecho fundamental, indisponible por parte de los poderes públicos, y no asegurar su disfrute, en los términos legalmente establecidos, sólo puede calificarse de vulneración del mismo.
Las cifras de la Oferta de Empleo aprobada para 2009 -dejando al margen las plazas propias de la función pública docente- son absolutamente insuficientes para atender las necesidades de personal de la Administración autonómica y corregir las elevadas tasas de interinidad existentes. El Gobierno de Aragón, además, se atribuye a sí mismo, como señala en el preámbulo del Decreto 39/2009, la facultad de suspender los objetivos de reducción de interinidad pactados con las organizaciones sindicales, con el pretexto de la crisis económica. ¿Acaso ha aplicado otro criterio en los años de expansión económica? En una u otra coyuntura económica, el Gobierno de Aragón ha vulnerado, de forma reiterada, el derecho de los ciudadanos -interinos o no interinos- a acceder a la condición de funcionario de carrera, no aprobando Oferta de Empleo Público o aprobándola con cifras totalmente insuficientes y demorando escandalosamente la convocatoria y ejecución de los procesos selectivos, sin garantizar en su desarrollo los mínimos elementos de objetividad.
Los términos de la Oferta aprobada la hacen totalmente insostenible -por más que sus ridículas cifras se intenten disimular con las plazas propias de personal docente- y es necesario recordar al Gobierno de Aragón que los derechos de los ciudadanos que se atienden desde la Administración no se agotan con la salud y la educación, pues el Estado de Derecho abarca todos los ámbitos de actividad e intervención pública, incluidos el medio ambiente, el urbanismo o la agricultura, cuya gestión debe hallarse en manos de servidores públicos cuyas condiciones de trabajo permitan salvaguardar la legalidad o la igualdad de los ciudadanos en su relación con los poderes públicos.
La proliferación de empresas públicas para desplazar indebidamente el papel que corresponde a los funcionarios públicos en la gestión del interés general va necesariamente ligada a la insuficiencia de las Ofertas de Empleo Público y al creciente deterioro de la Administración pública provocado por las medidas que el Gobierno de Aragón viene adoptando en las últimas legislaturas.
La estrategia no confesada del Gobierno de Aragón de progresivo debilitamiento de una Administración fuerte y profesionalizada, con capacidad de gestión y de asegurar los principios de legalidad y objetividad en su actuación, tiene uno de sus signos más destacados en la degradación del sistema de selección del personal de nuevo ingreso, olvidando el Gobierno de Aragón que ningún objetivo político en nuestro sistema constitucional permite prescindir de la Administración Pública, configurada como elemento técnico de salvaguarda de los valores del Estado de Derecho y de eficacia del poder público. Tal pretensión de marginar a la Administración Pública en las tareas de gestión sólo puede conducir a la corrupción y al descrédito de las instituciones públicas, como así se aprecia de forma creciente en Aragón.
Entendemos que todo Gobierno es responsable de asegurar el mejor funcionamiento posible de la Administración Pública, para favorecer la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y legitimar con sus resultados la propia organización institucional. La política de selección de personal que el Gobierno de Aragón viene aplicando, con unas insuficientes y arbitrarias ofertas de empleo público, en nada contribuye, sino todo lo contrario, a ese objetivo.
domingo, 19 de abril de 2009
LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA SE ABRE A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SU TOMA DE DECISIONES.
Zaragoza, 19 de abril de 2009.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, tras la celebración de su segunda Asamblea anual, en el pasado mes de marzo, ha decidido establecer mecanismos de participación en su procedimiento de toma de decisiones, reforzando con ello la transparencia en su funcionamiento.
Para alcanzar ambos objetivos, de participación y transparencia, el blog que mantiene la Asociación para informar de todas sus iniciativas (asocfuncionpublica.blogspot.com) hará pública, con la antelación que resulte posible, los asuntos a debatir en las diferentes reuniones de su Junta Directiva, de modo que cualquier persona, sea miembro o no de la Asociación, tenga la posibilidad de aportar, a través de sus comentarios, información u opiniones que puedan ser tenidas en cuenta por los miembros de la Junta Directiva a la hora de debatir las cuestiones planteadas y decidir las medidas posibles a adoptar.
La Asociación pretende con ello facilitar un cauce de participación no sólo a los miembros de la Asociación, sino también al conjunto de los servidores públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y a todas las personas preocupadas por el buen funcionamiento de las instituciones y administraciones públicas.
Además de posibilitar la expresión de opiniones o análisis de personas ajenas a la Asociación -incorporando al funcionamiento de la Asociación la “voz” de los ciudadanos, en toda su pluralidad-, se persigue con dicha iniciativa incrementar la transparencia del funcionamiento de la Asociación, al posibilitar el conocimiento de los asuntos que la Junta Directiva de la Asociación somete a debate y decisión en cada una de sus reuniones.
Creemos que la Asociación ha de hacer realidad en su actividad todos aquellos principios que persigue hacer efectivos en el funcionamiento de las instituciones públicas, entre los que necesariamente figuran los de participación y transparencia.
Confiamos en que, de este modo, la Asociación sea capaz de recoger y articular planteamientos procedentes de la sociedad civil aragonesa, para avanzar en objetivos de buen gobierno y buena administración.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, tras la celebración de su segunda Asamblea anual, en el pasado mes de marzo, ha decidido establecer mecanismos de participación en su procedimiento de toma de decisiones, reforzando con ello la transparencia en su funcionamiento.
Para alcanzar ambos objetivos, de participación y transparencia, el blog que mantiene la Asociación para informar de todas sus iniciativas (asocfuncionpublica.blogspot.com) hará pública, con la antelación que resulte posible, los asuntos a debatir en las diferentes reuniones de su Junta Directiva, de modo que cualquier persona, sea miembro o no de la Asociación, tenga la posibilidad de aportar, a través de sus comentarios, información u opiniones que puedan ser tenidas en cuenta por los miembros de la Junta Directiva a la hora de debatir las cuestiones planteadas y decidir las medidas posibles a adoptar.
La Asociación pretende con ello facilitar un cauce de participación no sólo a los miembros de la Asociación, sino también al conjunto de los servidores públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y a todas las personas preocupadas por el buen funcionamiento de las instituciones y administraciones públicas.
Además de posibilitar la expresión de opiniones o análisis de personas ajenas a la Asociación -incorporando al funcionamiento de la Asociación la “voz” de los ciudadanos, en toda su pluralidad-, se persigue con dicha iniciativa incrementar la transparencia del funcionamiento de la Asociación, al posibilitar el conocimiento de los asuntos que la Junta Directiva de la Asociación somete a debate y decisión en cada una de sus reuniones.
Creemos que la Asociación ha de hacer realidad en su actividad todos aquellos principios que persigue hacer efectivos en el funcionamiento de las instituciones públicas, entre los que necesariamente figuran los de participación y transparencia.
Confiamos en que, de este modo, la Asociación sea capaz de recoger y articular planteamientos procedentes de la sociedad civil aragonesa, para avanzar en objetivos de buen gobierno y buena administración.
sábado, 18 de abril de 2009
CONVOCATORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: ABIERTA A TODOS LOS SOCIOS.
Zaragoza, 17 de abril de 2009.
De acuerdo con lo decidido por la última Asamblea General de la Asociación, para posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, las reuniones de la Junta Directiva serán, a partir de la constitución formal de la nueva Junta, realizada el pasado 24 de marzo de 2009, abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.
Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva se publicarán en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.
En consecuencia, procedemos a la publicación de la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo martes, 21 de abril:
CONVOCATORIA:
De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos de la Asociación, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 21 de abril, a partir de las 19:00 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sita en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación, si procede, del orden del día de la reunión.
2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta.
3. Debate y votación sobre medidas a adoptar frente al Decreto de aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2009.
4. Debate y votación sobre medidas a adoptar sobre situación del Director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA).
5. Debate y votación sobre medidas a adoptar en relación con la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno del Aragón.
6. Debate sobre oportunidad de incorporación de la Asociación a la Coalición Pro Acceso, para promover la transparencia administrativa.
7. Impulso de un foro electrónico de debate y celebración de coloquio público sobre “función pública y corrupción”.
8. Ruegos y preguntas.
Zaragoza, 16 de abril de 2009.
Julio Guiral Pelegrín, Presidente de la Asociación.
De acuerdo con lo decidido por la última Asamblea General de la Asociación, para posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, las reuniones de la Junta Directiva serán, a partir de la constitución formal de la nueva Junta, realizada el pasado 24 de marzo de 2009, abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.
Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva se publicarán en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.
En consecuencia, procedemos a la publicación de la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo martes, 21 de abril:
CONVOCATORIA:
De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos de la Asociación, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 21 de abril, a partir de las 19:00 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sita en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación, si procede, del orden del día de la reunión.
2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta.
3. Debate y votación sobre medidas a adoptar frente al Decreto de aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2009.
4. Debate y votación sobre medidas a adoptar sobre situación del Director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA).
5. Debate y votación sobre medidas a adoptar en relación con la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno del Aragón.
6. Debate sobre oportunidad de incorporación de la Asociación a la Coalición Pro Acceso, para promover la transparencia administrativa.
7. Impulso de un foro electrónico de debate y celebración de coloquio público sobre “función pública y corrupción”.
8. Ruegos y preguntas.
Zaragoza, 16 de abril de 2009.
Julio Guiral Pelegrín, Presidente de la Asociación.
jueves, 16 de abril de 2009
ASESORES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: URGENTE NECESIDAD DE CONTROL POLITICO.
Zaragoza, 16 de abril de 2009.
La trascendencia de la información hecha pública sobre la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, por más que éste pretenda ignorarla mediante la simplista estrategia de no hacer comentario alguno sobre ella, como si la realidad no existiese, exige, a nuestro juicio, una clara reacción de las instancias de control político de la Comunidad Autónoma. Este control político e institucional corresponde estatutariamente tanto a las Cortes de Aragón como a El Justicia de Aragón.
Los ciudadanos han de pedir cuentas al Gobierno de Aragón de la utilización que hace de los puestos de la Administración Pública y, con ello, de los créditos habilitados por el Parlamento para atender las necesidades de funcionamiento de los servicios públicos. Dichos fondos públicos no pueden derivarse, de forma irregular e impune, hacia personas particulares en virtud de unos nombramientos “formales” como asesores, sin una efectiva realización de las funciones propias de tales puestos de trabajo.
Es grave que se confunda un puesto en la Administración con una pura y simple retribución pública, sin trabajo o función aparejados al mismo. Pero resulta políticamente inadmisible que en esa confusión incurran los miembros del Gobierno de Aragón, convirtiendo algunos nombramientos de personal eventual en un mero trámite para la asignación de un sueldo público. Y que se haga por estricto interés de partido, sin conexión alguna con el interés público o el interés general.
Es muy grave, que un hecho así se produzca en la Administración autonómica, y con la amplitud descrita en los medios de comunicación, afectando al conjunto de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón. Los ciudadanos tienen el derecho, creemos incluso que el deber cívico, de exigir explicaciones y responsabilidades. Por coherencia democrática, debe hacerse a través de las Cortes de Aragón, institución que representa al pueblo aragonés y que tiene, entre sus funciones, el control de la acción del Gobierno. El control político y democrático es distinto al control de legalidad que puedan ejercer los Tribunales.
La utilización de los puestos de personal eventual por el Gobierno de Aragón para asegurar ingresos a personas de sus organizaciones políticas, sin contraprestación laboral o de servicios alguna, constituiría –de ser cierta- un innegable abuso de poder y un fraude a la confianza otorgada por los ciudadanos a través del apoyo parlamentario. Podría darse, sin embargo, la paradoja de que la burla a los ciudadanos y a la más elemental ética pública que ha de presidir el ejercicio de toda función institucional, no se viese sancionada políticamente por las Cortes de Aragón, tolerándose desde esta institución el mal uso del poder político y la utilización fraudulenta de los recursos públicos.
Por la dignidad de la Comunidad Autónoma y por la propia salud democrática de las instituciones aragonesas, entendemos que las instituciones de control han de actuar para esclarecer los hechos y exigir las responsabilidades políticas a que haya lugar.
Esta Asociación considera que una y otra institución debieran reaccionar por decisión propia, sin necesidad de que nadie inste su labor de control, pero ante la eventualidad de que tal reacción no se produzca, y al margen de otras iniciativas posibles, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón y al conjunto de los Grupos Parlamentarios para reiterar su petición, al amparo del artículo 29 de la Constitución española, de que se cree una Comisión de Investigación para esclarecer los hechos.
Igualmente la Asociación va a dirigirse a El Justicia de Aragón para que investigue la situación de los Gabinetes y ejerza sus funciones estatutarias de supervisión de la Administración y de tutela del ordenamiento jurídico aragonés,del cual podrían representar una grave vulneración los hechos denunciados.
La trascendencia de la información hecha pública sobre la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, por más que éste pretenda ignorarla mediante la simplista estrategia de no hacer comentario alguno sobre ella, como si la realidad no existiese, exige, a nuestro juicio, una clara reacción de las instancias de control político de la Comunidad Autónoma. Este control político e institucional corresponde estatutariamente tanto a las Cortes de Aragón como a El Justicia de Aragón.
Los ciudadanos han de pedir cuentas al Gobierno de Aragón de la utilización que hace de los puestos de la Administración Pública y, con ello, de los créditos habilitados por el Parlamento para atender las necesidades de funcionamiento de los servicios públicos. Dichos fondos públicos no pueden derivarse, de forma irregular e impune, hacia personas particulares en virtud de unos nombramientos “formales” como asesores, sin una efectiva realización de las funciones propias de tales puestos de trabajo.
Es grave que se confunda un puesto en la Administración con una pura y simple retribución pública, sin trabajo o función aparejados al mismo. Pero resulta políticamente inadmisible que en esa confusión incurran los miembros del Gobierno de Aragón, convirtiendo algunos nombramientos de personal eventual en un mero trámite para la asignación de un sueldo público. Y que se haga por estricto interés de partido, sin conexión alguna con el interés público o el interés general.
Es muy grave, que un hecho así se produzca en la Administración autonómica, y con la amplitud descrita en los medios de comunicación, afectando al conjunto de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón. Los ciudadanos tienen el derecho, creemos incluso que el deber cívico, de exigir explicaciones y responsabilidades. Por coherencia democrática, debe hacerse a través de las Cortes de Aragón, institución que representa al pueblo aragonés y que tiene, entre sus funciones, el control de la acción del Gobierno. El control político y democrático es distinto al control de legalidad que puedan ejercer los Tribunales.
La utilización de los puestos de personal eventual por el Gobierno de Aragón para asegurar ingresos a personas de sus organizaciones políticas, sin contraprestación laboral o de servicios alguna, constituiría –de ser cierta- un innegable abuso de poder y un fraude a la confianza otorgada por los ciudadanos a través del apoyo parlamentario. Podría darse, sin embargo, la paradoja de que la burla a los ciudadanos y a la más elemental ética pública que ha de presidir el ejercicio de toda función institucional, no se viese sancionada políticamente por las Cortes de Aragón, tolerándose desde esta institución el mal uso del poder político y la utilización fraudulenta de los recursos públicos.
Por la dignidad de la Comunidad Autónoma y por la propia salud democrática de las instituciones aragonesas, entendemos que las instituciones de control han de actuar para esclarecer los hechos y exigir las responsabilidades políticas a que haya lugar.
Esta Asociación considera que una y otra institución debieran reaccionar por decisión propia, sin necesidad de que nadie inste su labor de control, pero ante la eventualidad de que tal reacción no se produzca, y al margen de otras iniciativas posibles, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón y al conjunto de los Grupos Parlamentarios para reiterar su petición, al amparo del artículo 29 de la Constitución española, de que se cree una Comisión de Investigación para esclarecer los hechos.
Igualmente la Asociación va a dirigirse a El Justicia de Aragón para que investigue la situación de los Gabinetes y ejerza sus funciones estatutarias de supervisión de la Administración y de tutela del ordenamiento jurídico aragonés,del cual podrían representar una grave vulneración los hechos denunciados.
miércoles, 15 de abril de 2009
EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE FALSEA LA REALIDAD DEL CIAMA.
Zaragoza, 14 de abril de 2009.
La semana pasada, esta Asociación reclamaba al titular del Departamento de Presidencia, Javier Velasco, una investigación sobre la irregular situación en que se hallaba el puesto de Director del Centro Internacional del Agua y Medio Ambiente (CIAMA), servicio dependiente del Departamento de Medio Ambiente, al hallarse desempeñado por persona cuya condición de funcionario no constaba a esta Asociación.
Los datos a partir de los cuales esta Asociación tenía conocimiento de que el citado puesto era desempeñado por Carlos Franco no eran otros que las propias notas de prensa difundidas por el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, al cual hay que considerar bien informado sobre la realidad de la Administración autonómica.
Frente a las dudas expuestas por esta Asociación y a la petición de que tal situación fuese investigada por el Departamento de Presidencia, al corresponderle las competencias generales en materia de función pública e inspección de servicios, se produjo la rápida réplica del Departamento de Medio Ambiente, mediante una nota en la que se negaba que Carlos Franco fuera Director del CIAMA, con lo que se venía a desmentir no a esta Asociación sino al Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, pues era la información difundida por éste la única de la que disponía esta Asociación.
La aclaración del Departamento de Medio Ambiente, sin aclarar ninguno de los extremos relevantes del caso, como quién ejercía la responsabilidad de Director del CIAMA y cuál era la condición y relación de servicios de Carlos Franco con dicho Centro oficial, decía que la persona mencionada no era Director, sino un “titulado superior que realiza labores de dirección y coordinación técnica, especialmente del área internacional”.
Dicha versión resulta radicalmente desvirtuada por la tarjeta de presentación utilizada por el interesado, en la que junto a todos los logotipos oficiales del Gobierno de Aragón, Departamento de Medio Ambiente y de CIAMA-La Alfranca se señala su condición de “General Manager of Internacional Centre of Water and Environment”. Alguien que públicamente se presenta como “General Manager” del CIAMA no puede ser un simple titulado superior del mismo, como quería hacernos creer el Departamento de Medio Ambiente en su nota “aclaratoria” (es evidente que no se quería aclarar nada con dicha nota, sino maquillar y falsear la realidad), pues la condición de “General Manager” sólo puede corresponderse con la de Director del Centro, condición que, con razón, le atribuía la nota de prensa del Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón.
Esta Asociación se ve en la necesidad de lamentar no sólo que la realidad confirme sus iniciales sospechas, sino, lo que es tanto o más grave, el hecho de que los responsables del Departamento de Medio Ambiente sean capaces de emitir notas “aclaratorias” carentes de veracidad, con la única pretensión de ocultar la irregular realidad de determinados servicios de dicho Departamento. Este segundo hecho constituye un comportamiento inaceptable por parte de responsables públicos y no hace sino incrementar la preocupación que esta Asociación siente por los procedimientos con los que el Gobierno de Aragón dirige la Administración aragonesa, sin respeto a las normas más básicas que impone un Estado de Derecho.
La semana pasada, esta Asociación reclamaba al titular del Departamento de Presidencia, Javier Velasco, una investigación sobre la irregular situación en que se hallaba el puesto de Director del Centro Internacional del Agua y Medio Ambiente (CIAMA), servicio dependiente del Departamento de Medio Ambiente, al hallarse desempeñado por persona cuya condición de funcionario no constaba a esta Asociación.
Los datos a partir de los cuales esta Asociación tenía conocimiento de que el citado puesto era desempeñado por Carlos Franco no eran otros que las propias notas de prensa difundidas por el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, al cual hay que considerar bien informado sobre la realidad de la Administración autonómica.
Frente a las dudas expuestas por esta Asociación y a la petición de que tal situación fuese investigada por el Departamento de Presidencia, al corresponderle las competencias generales en materia de función pública e inspección de servicios, se produjo la rápida réplica del Departamento de Medio Ambiente, mediante una nota en la que se negaba que Carlos Franco fuera Director del CIAMA, con lo que se venía a desmentir no a esta Asociación sino al Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, pues era la información difundida por éste la única de la que disponía esta Asociación.
La aclaración del Departamento de Medio Ambiente, sin aclarar ninguno de los extremos relevantes del caso, como quién ejercía la responsabilidad de Director del CIAMA y cuál era la condición y relación de servicios de Carlos Franco con dicho Centro oficial, decía que la persona mencionada no era Director, sino un “titulado superior que realiza labores de dirección y coordinación técnica, especialmente del área internacional”.
Dicha versión resulta radicalmente desvirtuada por la tarjeta de presentación utilizada por el interesado, en la que junto a todos los logotipos oficiales del Gobierno de Aragón, Departamento de Medio Ambiente y de CIAMA-La Alfranca se señala su condición de “General Manager of Internacional Centre of Water and Environment”. Alguien que públicamente se presenta como “General Manager” del CIAMA no puede ser un simple titulado superior del mismo, como quería hacernos creer el Departamento de Medio Ambiente en su nota “aclaratoria” (es evidente que no se quería aclarar nada con dicha nota, sino maquillar y falsear la realidad), pues la condición de “General Manager” sólo puede corresponderse con la de Director del Centro, condición que, con razón, le atribuía la nota de prensa del Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón.
Esta Asociación se ve en la necesidad de lamentar no sólo que la realidad confirme sus iniciales sospechas, sino, lo que es tanto o más grave, el hecho de que los responsables del Departamento de Medio Ambiente sean capaces de emitir notas “aclaratorias” carentes de veracidad, con la única pretensión de ocultar la irregular realidad de determinados servicios de dicho Departamento. Este segundo hecho constituye un comportamiento inaceptable por parte de responsables públicos y no hace sino incrementar la preocupación que esta Asociación siente por los procedimientos con los que el Gobierno de Aragón dirige la Administración aragonesa, sin respeto a las normas más básicas que impone un Estado de Derecho.
lunes, 13 de abril de 2009
PERSONAL ASESOR DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: ¿EXISTE UNA UTILIZACIÓN FRAUDULENTA DE SUS PUESTOS?.
Zaragoza, 13 de abril de 2009.
La información hecha pública hoy en las páginas de Heraldo de Aragón, sobre las personas que “ocupan” los puestos de personal eventual en los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón debe posibilitar el impulso de medidas de control que la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha venido reclamando, sin éxito, desde el año 2007.
Esta Asociación, desde el inicio de su actividad, expresó su preocupación por la irregular situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, solicitando de las diferentes instituciones de la Comunidad Autónoma -Gobierno de Aragón, Cortes de Aragón y Justicia de Aragón- medidas para superar la opacidad en el nombramiento de dicho personal, al carecer de publicidad en el boletín oficial, y asegurar el efectivo ejercicio de las funciones de asesoramiento para las que había sido nombrado, ante la fundada sospecha de que muchas de las personas nombradas para tales puestos se limitaban a cobrar un sueldo público sin realizar función alguna que justificase tal percepción.
Ni el Gobierno de Aragón ni las Cortes de Aragón atendieron tal petición y el Justicia de Aragón aún no ha podido concluir la tramitación del expediente de queja, debido a la falta de colaboración del Departamento de Presidencia en facilitarle la información requerida. Tan anómala reacción institucional, en algo tan elemental como la correcta utilización de los puestos de la Administración Pública, así como el convencimiento de que tal actitud evidenciaba la falta total de voluntad política para rendir cuentas a los ciudadanos de la utilización de los fondos públicos y de asegurar una correcta utilización de los puestos de personal eventual de la Administración autonómica, llevaron a esta Asociación a solicitar, en octubre de 2008, a la Mesa de las Cortes de Aragón la creación de una Comisión de Investigación, con la finalidad de esclarecer la situación y funcionamiento de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y promover las medidas necesarias para corregir las irregularidades que pudiesen constatarse en su funcionamiento.
Tampoco la petición de dicha Comisión de Investigación ha tenido ningún tipo de respuesta por parte de los órganos de gobierno de las Cortes de Aragón ni de los diferentes Grupos Parlamentarios, a los que se informó de la petición formulada, recabando su apoyo a la misma. Tal actitud, a nuestro juicio, constituye una incomprensible dejación en la labor de control de la acción de gobierno que les corresponde, actividad que es esencial para asegurar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
Cuando los mecanismos administrativos y políticos de control fallan, y los hechos llegan a tener la notoriedad que les otorga la información aparecida hoy en prensa, la única alternativa disponible por los ciudadanos para restablecer el respeto a la legalidad democrática es apelar al control judicial. Por ello, esta Asociación va a analizar la viabilidad de una denuncia ante el Ministerio Fiscal por la irregular situación que pudiese existir en los diferentes Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, al entender que el pago de sueldos públicos a personas que no ejercen la función a que corresponde tales retribuciones podría constituir un posible delito de malversación de fondos públicos., circunstancia que hace todavía más inexplicable la pasividad mostrada por los responsables políticos en esclarecer la posible existencia de un inadmisible uso y abuso de los cargos públicos en exclusivo beneficio privado y proceder a corregirlo, con la exigencia de las responsabilidades en que se haya podido incurrir por las distintas autoridades públicas.
No sólo es una cuestión de confianza, sino de respeto de las leyes y de garantía democrática. Un Gobierno que incorpora a sus pautas de funcionamiento conductas que son constitutivas de delito es un gobierno que se ve privado de legitimidad para gobernar. Averiguar si el Gobierno de Aragón ha incurrido en ello debiera ser de interés para todos los ciudadanos e instituciones de Aragón.
La información hecha pública hoy en las páginas de Heraldo de Aragón, sobre las personas que “ocupan” los puestos de personal eventual en los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón debe posibilitar el impulso de medidas de control que la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha venido reclamando, sin éxito, desde el año 2007.
Esta Asociación, desde el inicio de su actividad, expresó su preocupación por la irregular situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, solicitando de las diferentes instituciones de la Comunidad Autónoma -Gobierno de Aragón, Cortes de Aragón y Justicia de Aragón- medidas para superar la opacidad en el nombramiento de dicho personal, al carecer de publicidad en el boletín oficial, y asegurar el efectivo ejercicio de las funciones de asesoramiento para las que había sido nombrado, ante la fundada sospecha de que muchas de las personas nombradas para tales puestos se limitaban a cobrar un sueldo público sin realizar función alguna que justificase tal percepción.
Ni el Gobierno de Aragón ni las Cortes de Aragón atendieron tal petición y el Justicia de Aragón aún no ha podido concluir la tramitación del expediente de queja, debido a la falta de colaboración del Departamento de Presidencia en facilitarle la información requerida. Tan anómala reacción institucional, en algo tan elemental como la correcta utilización de los puestos de la Administración Pública, así como el convencimiento de que tal actitud evidenciaba la falta total de voluntad política para rendir cuentas a los ciudadanos de la utilización de los fondos públicos y de asegurar una correcta utilización de los puestos de personal eventual de la Administración autonómica, llevaron a esta Asociación a solicitar, en octubre de 2008, a la Mesa de las Cortes de Aragón la creación de una Comisión de Investigación, con la finalidad de esclarecer la situación y funcionamiento de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y promover las medidas necesarias para corregir las irregularidades que pudiesen constatarse en su funcionamiento.
Tampoco la petición de dicha Comisión de Investigación ha tenido ningún tipo de respuesta por parte de los órganos de gobierno de las Cortes de Aragón ni de los diferentes Grupos Parlamentarios, a los que se informó de la petición formulada, recabando su apoyo a la misma. Tal actitud, a nuestro juicio, constituye una incomprensible dejación en la labor de control de la acción de gobierno que les corresponde, actividad que es esencial para asegurar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
Cuando los mecanismos administrativos y políticos de control fallan, y los hechos llegan a tener la notoriedad que les otorga la información aparecida hoy en prensa, la única alternativa disponible por los ciudadanos para restablecer el respeto a la legalidad democrática es apelar al control judicial. Por ello, esta Asociación va a analizar la viabilidad de una denuncia ante el Ministerio Fiscal por la irregular situación que pudiese existir en los diferentes Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, al entender que el pago de sueldos públicos a personas que no ejercen la función a que corresponde tales retribuciones podría constituir un posible delito de malversación de fondos públicos., circunstancia que hace todavía más inexplicable la pasividad mostrada por los responsables políticos en esclarecer la posible existencia de un inadmisible uso y abuso de los cargos públicos en exclusivo beneficio privado y proceder a corregirlo, con la exigencia de las responsabilidades en que se haya podido incurrir por las distintas autoridades públicas.
No sólo es una cuestión de confianza, sino de respeto de las leyes y de garantía democrática. Un Gobierno que incorpora a sus pautas de funcionamiento conductas que son constitutivas de delito es un gobierno que se ve privado de legitimidad para gobernar. Averiguar si el Gobierno de Aragón ha incurrido en ello debiera ser de interés para todos los ciudadanos e instituciones de Aragón.
domingo, 12 de abril de 2009
ACLARACIÓN INSUFICIENTE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.
Zaragoza, 7 de abril de 2009.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública ha solicitado al titular del Departamento de Presidencia, Javier Velasco, una investigación sobre la situación del puesto de Director del Centro Internacional del Agua y Medio Ambiente (CIAMA), responsabilidad reservada a funcionario de carrera que, de acuerdo con la información procedente del Gabinete de Comunicación del propio Gobierno de Aragón, ejerce Carlos Franco, cuya condición de funcionario de carrera no consta a esta Asociación.
Ante la divulgación de tal iniciativa, el Departamento de Medio Ambiente ha emitido una nota aclaratoria sobre la situación del puesto de Director que no invalida ninguna de las razones que han llevado a la Asociación a reclamar al Departamento de Presidencia, como responsable de función pública y de inspección de servicios, la investigación oportuna.
En primer lugar, al negar que Carlos Franco sea Director del CIAMA se viene a privar de veracidad la información emitida por el propio Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, sin referencia alguna a las circunstancias que pudieran haber motivado tal confusión o error. No es descartable, sin embargo, que la información difundida por el Gabinete de Comunicación procediese del mismo Departamento de Medio Ambiente. Si ha habido error, no lo es de esta Asociación sino de los propios servicios del Gobierno de Aragón.
En segundo lugar, no se indica la situación actual en que se encuentra el puesto de Director/a del CIAMA, lo que hace presumible que pueda hallarse vacante, sin funcionario de carrera alguno que lo ejerza. El que el jefe de servicio o director del CIAMA haya de ser funcionario es una cosa y el que exista en estos momentos un funcionario que desempeñe dicho puesto, extremo que omite el Departamento de Medio Ambiente en su nota, es otra muy distinta. Por lo tanto, cabe deducir que el puesto de trabajo de Director no lo está desempeñando en estos momentos un funcionario de carrera.
En tercer lugar, por el Departamento de Medio Ambiente no se aclara si Carlos Franco –al que se señalaba como Director del CIAMA en la información difundida por el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón- ostenta la condición de funcionario, sino que se señala que es “un titulado superior que realiza labores de dirección y coordinación técnica, especialmente del área internacional”. Tales funciones, dentro de un servicio administrativo, sólo podrían ser ejercidas por un funcionario de carrera, condición que no se acredita por el Departamento de Medio Ambiente en su nota, y el contenido de dichas funciones –dirección y coordinación técnica, especialmente del área internacional- son claramente reconducibles a las atribuidas al puesto de Director del Centro.
Por todo ello, esta Asociación entiende que la nota aclaratoria difundida por el Departamento de Medio Ambiente no hace sino confirmar y reforzar la necesidad de investigar si Carlos Franco, cuya condición de funcionario de carrera no se acredita y cuyas funciones deben entenderse similares a las del puesto de Director del citado Centro Internacional, viene ejerciendo de forma irregular, por decisión de los responsables del Departamento de Medio Ambiente, las funciones de un puesto para cuyo desempeño no está habilitado, burlándose con ello la legalidad administrativa.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública ha solicitado al titular del Departamento de Presidencia, Javier Velasco, una investigación sobre la situación del puesto de Director del Centro Internacional del Agua y Medio Ambiente (CIAMA), responsabilidad reservada a funcionario de carrera que, de acuerdo con la información procedente del Gabinete de Comunicación del propio Gobierno de Aragón, ejerce Carlos Franco, cuya condición de funcionario de carrera no consta a esta Asociación.
Ante la divulgación de tal iniciativa, el Departamento de Medio Ambiente ha emitido una nota aclaratoria sobre la situación del puesto de Director que no invalida ninguna de las razones que han llevado a la Asociación a reclamar al Departamento de Presidencia, como responsable de función pública y de inspección de servicios, la investigación oportuna.
En primer lugar, al negar que Carlos Franco sea Director del CIAMA se viene a privar de veracidad la información emitida por el propio Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, sin referencia alguna a las circunstancias que pudieran haber motivado tal confusión o error. No es descartable, sin embargo, que la información difundida por el Gabinete de Comunicación procediese del mismo Departamento de Medio Ambiente. Si ha habido error, no lo es de esta Asociación sino de los propios servicios del Gobierno de Aragón.
En segundo lugar, no se indica la situación actual en que se encuentra el puesto de Director/a del CIAMA, lo que hace presumible que pueda hallarse vacante, sin funcionario de carrera alguno que lo ejerza. El que el jefe de servicio o director del CIAMA haya de ser funcionario es una cosa y el que exista en estos momentos un funcionario que desempeñe dicho puesto, extremo que omite el Departamento de Medio Ambiente en su nota, es otra muy distinta. Por lo tanto, cabe deducir que el puesto de trabajo de Director no lo está desempeñando en estos momentos un funcionario de carrera.
En tercer lugar, por el Departamento de Medio Ambiente no se aclara si Carlos Franco –al que se señalaba como Director del CIAMA en la información difundida por el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón- ostenta la condición de funcionario, sino que se señala que es “un titulado superior que realiza labores de dirección y coordinación técnica, especialmente del área internacional”. Tales funciones, dentro de un servicio administrativo, sólo podrían ser ejercidas por un funcionario de carrera, condición que no se acredita por el Departamento de Medio Ambiente en su nota, y el contenido de dichas funciones –dirección y coordinación técnica, especialmente del área internacional- son claramente reconducibles a las atribuidas al puesto de Director del Centro.
Por todo ello, esta Asociación entiende que la nota aclaratoria difundida por el Departamento de Medio Ambiente no hace sino confirmar y reforzar la necesidad de investigar si Carlos Franco, cuya condición de funcionario de carrera no se acredita y cuyas funciones deben entenderse similares a las del puesto de Director del citado Centro Internacional, viene ejerciendo de forma irregular, por decisión de los responsables del Departamento de Medio Ambiente, las funciones de un puesto para cuyo desempeño no está habilitado, burlándose con ello la legalidad administrativa.
LA ASOCIACIÓN SOLICITA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL DIRECTOR DEL CIAMA.
Zaragoza, 5 de abril de 2009.
De acuerdo con la propia información facilitada por el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, en nota de prensa hecha pública el 30 de enero de 2009, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, en dichos actos figuraba la intervención de Carlos Franco, en su condición de Director del Centro Internacional del Agua y Medio Ambiente, para hacer entrega de los premios obtenidos por los ganadores del V Rally Fotográfico del CIAMA.
Dicho Centro es un servicio administrativo, dependiente de
A esta Asociación no le consta que la provisión de dicho puesto haya sido objeto de convocatoria pública ni tampoco le consta que Carlos Franco, quien ejerce las funciones del puesto conforme a la información difundida por el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, tenga la condición de funcionario de carrera.
Dada la gravedad que supondría la atribución de las funciones de un puesto de funcionario a persona que no ostente tal condición -lo que podría constituir un delito contra
Esta Asociación observa con gran preocupación la situación que vive la función pública aragonesa, donde la falta de aprobación de Oferta anual de Empleo Público o la manifiesta insuficiencia e ilegalidad de la misma, cuando se aprueba, no supone obstáculo alguno para la cobertura de puestos de trabajo con personal ajeno a la función pública aragonesa, como pudiera ser el caso del CIAMA. Dicha insuficiencia parece además suplirse, especialmente en el Departamento de Medio Ambiente, con la atribución de funciones administrativas a personal laboral de la empresa pública SODEMASA, mecanismo fraudulento con el que se atienden o suplen las necesidades de personal funcionario, y respecto al cual esta Asociación va a promover distintas iniciativas ante los órganos de control internos y externos de
miércoles, 1 de abril de 2009
EL JUSTICIA DE ARAGÓN ADMITE A TRÁMITE LA QUEJA FRENTE AL GOBIERNO DE ARAGÓN POR FALTA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN 2008.
Zaragoza, 1 de abril de 2009.
El Justicia de Aragón ha admitido a trámite la queja formulada por esta Asociación ante la falta de aprobación, por el Gobierno de Aragón, de Oferta de Empleo Público en el año 2008, con la que atender las necesidades de personal de nuevo ingreso de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y garantizar así el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a las funciones públicas, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.
Pese a las altas tasas de interinidad que padece la Administración autonómica y a la acumulación de varios ejercicios en que se ha incumplido por el Gobierno de Aragón la obligación legal de aprobar Oferta anual de Empleo Público -dicha falta de aprobación se produjo en los años 2001, 2002, 2005 y 2006-, el pasado año 2008 concluyó también sin que el Gobierno de Aragón aprobase la Oferta de Empleo Público correspondiente.
El acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad es un derecho fundamental de los ciudadanos que no puede quedar a merced de decisiones arbitrarias del Gobierno de Aragón ni de pactos entre Administración y Sindicatos que no respeten su pleno ejercicio. Por ello, esta Asociación formuló, frente a la Oferta de Empleo Público de 2007, recurso especial de protección de derechos fundamentales, desestimado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y pendiente de que el Tribunal Supremo falle el recurso de casación planteado. Lógicamente, si no incluir el total de plazas a que obliga la Ley ha de considerarse una vulneración del derecho de acceso al empleo público, mucho más lo será la no aprobación siquiera de Oferta de Empleo Público.
Además de la vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos, la política de selección de personal seguida por este Gobierno de Aragón está contribuyendo de un modo destacado al creciente debilitamiento de la profesionalidad de la función pública aragonesa, pues el correcto desempeño de las funciones públicas se ve directamente afectado por la provisionalidad que genera la falta de funcionarios de carrera debidamente seleccionados –puesta de manifiesto por el alto número de interinidades y de comisiones de servicios existentes-, a lo que viene a añadirse, además, la irregular utilización del personal de empresas públicas para realizar tareas que corresponden a funcionarios públicos.
Una mala política de selección de personal, como la seguida por el Gobierno de Aragón, incide negativamente en la calidad de la función pública, debilitando su profesionalidad y su eficacia , haciéndola más vulnerable a las presiones de quienes pretenden hacer prevalecer sus intereses sobre el interés general.
La fortaleza de una función pública y su compromiso con la legalidad no puede confiarse sólo a la ética de las personas, sino que debe reforzarse con las garantías que establece el ordenamiento jurídico. Debe recordarse una vez más que la inamovilidad de los funcionarios no persigue otra finalidad que la de asegurar el correcto cumplimiento de sus funciones frente a presiones de cualquier naturaleza.
Esta Asociación considera que no es razonable ni admisible que sea el propio Gobierno de Aragón, con su política de personal, el responsable del deterioro de la Administración de la Comunidad Autónoma, posibilitando con ello el incremento de las irregularidades en el funcionamiento de los servicios públicos, y va aseguir haciendo frente a esta situación con todos los medios legales posibles..
El Justicia de Aragón ha admitido a trámite la queja formulada por esta Asociación ante la falta de aprobación, por el Gobierno de Aragón, de Oferta de Empleo Público en el año 2008, con la que atender las necesidades de personal de nuevo ingreso de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y garantizar así el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a las funciones públicas, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.
Pese a las altas tasas de interinidad que padece la Administración autonómica y a la acumulación de varios ejercicios en que se ha incumplido por el Gobierno de Aragón la obligación legal de aprobar Oferta anual de Empleo Público -dicha falta de aprobación se produjo en los años 2001, 2002, 2005 y 2006-, el pasado año 2008 concluyó también sin que el Gobierno de Aragón aprobase la Oferta de Empleo Público correspondiente.
El acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad es un derecho fundamental de los ciudadanos que no puede quedar a merced de decisiones arbitrarias del Gobierno de Aragón ni de pactos entre Administración y Sindicatos que no respeten su pleno ejercicio. Por ello, esta Asociación formuló, frente a la Oferta de Empleo Público de 2007, recurso especial de protección de derechos fundamentales, desestimado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y pendiente de que el Tribunal Supremo falle el recurso de casación planteado. Lógicamente, si no incluir el total de plazas a que obliga la Ley ha de considerarse una vulneración del derecho de acceso al empleo público, mucho más lo será la no aprobación siquiera de Oferta de Empleo Público.
Además de la vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos, la política de selección de personal seguida por este Gobierno de Aragón está contribuyendo de un modo destacado al creciente debilitamiento de la profesionalidad de la función pública aragonesa, pues el correcto desempeño de las funciones públicas se ve directamente afectado por la provisionalidad que genera la falta de funcionarios de carrera debidamente seleccionados –puesta de manifiesto por el alto número de interinidades y de comisiones de servicios existentes-, a lo que viene a añadirse, además, la irregular utilización del personal de empresas públicas para realizar tareas que corresponden a funcionarios públicos.
Una mala política de selección de personal, como la seguida por el Gobierno de Aragón, incide negativamente en la calidad de la función pública, debilitando su profesionalidad y su eficacia , haciéndola más vulnerable a las presiones de quienes pretenden hacer prevalecer sus intereses sobre el interés general.
La fortaleza de una función pública y su compromiso con la legalidad no puede confiarse sólo a la ética de las personas, sino que debe reforzarse con las garantías que establece el ordenamiento jurídico. Debe recordarse una vez más que la inamovilidad de los funcionarios no persigue otra finalidad que la de asegurar el correcto cumplimiento de sus funciones frente a presiones de cualquier naturaleza.
Esta Asociación considera que no es razonable ni admisible que sea el propio Gobierno de Aragón, con su política de personal, el responsable del deterioro de la Administración de la Comunidad Autónoma, posibilitando con ello el incremento de las irregularidades en el funcionamiento de los servicios públicos, y va aseguir haciendo frente a esta situación con todos los medios legales posibles..