Zaragoza, 24 de abril de 2009.
El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido hoy a todos los miembros del Gobierno de Aragón (Presidente, Vicepresidente y Consejeros), para solicitarles que velen por el correcto funcionamiento de los órganos administrativos que dependen de cada uno de ellos, y en especial del Gabinete que les asiste.
En la línea de lo solicitado de forma reiterada por esta Asociación a las diferentes instituciones aragonesas –en relación con la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón- y vista la información publicada en prensa sobre la utilización de puestos de trabajo de dichos gabinetes para asegurar sueldos públicos a personas vinculadas políticamente a los partidos de la coalición de gobierno, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, ha pedido, de forma individualizada, a cada miembro del Gobierno de Aragón que revise las condiciones de funcionamiento de su Gabinete, para asegurar el desempeño efectivo de sus funciones por el personal eventual o de confianza adscrito a los mismos, acordando el cese de todos aquellos asesores que no desempeñen de forma efectiva aquellas funciones para las que han sido nombrados.
La existencia de puestos de trabajo en la Administración Pública, sean de funcionarios de carrera, de personal laboral o de personal eventual de confianza, sólo puede justificarse por la necesidad objetiva de ejercicio de las funciones asignadas a los mismos, sin que en modo alguno puedan utilizarse con la exclusiva finalidad de garantizar a particulares la percepción de ingresos sin contraprestación laboral alguna.
Los indicios de que tal situación se esté dando en algunos de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, han llevado a esta Asociación, conforme a lo acordado por su Junta Directiva de esta misma semana, a dirigirse a cada uno de los miembros del Gobierno de Aragón.Se reproduce a continuación el texto de la solicitud remitida:
“La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, desde su creación, ha venido planteando la necesidad de mejorar la situación de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, fomentando la transparencia y publicidad del nombramiento de sus miembros, así como su idoneidad profesional y el desempeño efectivo de las funciones de asesoramiento especial que tienen legalmente atribuidas.
Los resultados negativos de las actuaciones señaladas, así como las informaciones aparecidas en prensa y no desmentidas sobre la irregular situación de parte de los puestos de personal eventual de los gabinetes, ocupados por personas que no realizan función alguna que justifique el sueldo público que perciben, motivaron que esta Asociación solicitase a las Cortes de Aragón la creación de una Comisión de Investigación. Dicha Comisión debiera esclarecer la actual situación del funcionamiento de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y promover las medidas necesarias para corregir las irregularidades que puedan constatarse en su funcionamiento.
Con independencia de la decisión que adopten las Cortes de Aragón sobre tal petición, consideramos que es responsabilidad directa de cada miembro del Gobierno de Aragón velar por el buen funcionamiento del Gabinete que le asiste.
Por todo ello, y en mi condición de Presidente de la citada Asociación le solicito, en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, que adopte las medidas precisas para asegurar que el personal eventual de los órganos de asistencia directa que le asisten ajuste su actividad a los criterios de dedicación efectiva y exclusiva que señala el Estatuto Básico del Empleado Público, como requiere el cumplimiento eficaz, comprobable y controlable de las funciones que justifican la existencia de todo puesto de trabajo, y en el caso de que las circunstancias de alguno de los miembros de tales órganos le impidan dicho desempeño efectivo, proceda a acordar su cese, al carecer de toda justificación su permanencia en el puesto.
Agradeciéndole su atención, aprovecho para expresarle nuestro más respetuoso saludo.
Zaragoza, 24 de abril de 2009.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Esta iniciativa se recogión ayer en una breve nota en Heraldo de Aragón.
ResponderEliminarMe parece extraordinario el coraje que está mostrando Julio Guiral con el tipo de escritos que está dirigiendo a los responsables políticos de esta Comunidad, haciendo uso de algo tan sencillo como es la razón y la decencia, elementos ambos que resultan indispensables para no perder el sentido que tiene cualquier función pública, sea política o administrativa.
ResponderEliminarOpinión de Pepe Lasmarías publicada hoy en El Periódico de Aragón:
ResponderEliminarPero quién ha dicho que todos los políticos sean unos corruptos? Era sorprendente escuchar al presidente Iglesias, en el día de Aragón, como defendía la labor de miles de alcaldes y concejales porque hay quien - así, en plan genérico- quiere elevar la presunta trama de La Muela a la categoría de regla general. Y añadía que se está haciendo para cuestionar a todos los ayuntamientos. ¿Pero de quién habla? El consejero Boné, ese mismo día, lamentó que algunos traten de forma peculiar al Partido Aragonés. Tampoco concretó. Y me hace gracia escuchar a los que acusan a los medios de comunicación porque, con las informaciones publicadas, van a acabar con la carrera política de algunas personas. A ver, que ha sido un juez el que, tras la denuncia de un particular, ha ordenado las escuchas telefónicas que están provocando este revuelo. Infeliz de mí, pensaba que el objetivo de entrar en política no era perpetuarse, sino ponerse al servicio de lo público y de los ciudadanos. Ahora me queda claro. Toca esconderse, esperar a que escampe y atacar al mensajero. Esta parece que va a ser toda la reflexión de fondo sobre La Muela.
Me permito recordar este comentario del blog de APUDEPA sobre el asunto de los asesores:
ResponderEliminarMilitantes del PSOE cobran como “asesores” del Gobierno de Aragón por emitir “informes orales”. Lo reconoce el Consejero de Presidencia, sin vergüenza. A la solicitud de información del diputado del Partido Popular Suárez Lamata sobre el número y el título de los informes emitidos por doña Lorena Canales y doña Encarna Mihi (al conocer que habían sido contratadas como asesoras del Gobierno), el Consejero de Presidencia Javier Velasco ha hecho público mediante el Boletín Oficial de las Cortes que “doña Lorena Canales Miralles y doña Encarna Mihi Tenedor emiten informes orales y asesoran al Consejero siempre que este lo requiere” adecuando su horario laboral a las necesidades de Velasco.
No confío en que den ningún paso para regularizar la situación. Ellos sabrán, en su caso, los motivos que les llevan a actuar así.
ResponderEliminar¿Y si no contestan, no habría que acudir a los Tribunales por conculcación del derecho fundamental de petición?
ResponderEliminarSirva de ejemplo el caso de Andalucía:
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado conculcado por incumplimiento el derecho de petición realizado por varias asociaciones de vecinos de Granada que pidieron a la Presidencia de la Junta de Andalucía "diera instrucciones" para que sus representantes se "abstuvieran" de utilizar "con ligereza" conceptos como "derechos fundamentales" dando lugar a confusiones sobre los derechos de los ciudadanos en relación con la problemática del botellón.
El recurso contencioso-administrativo contra la Junta fue presentado en un Juzgado de Sevilla por la plataforma 'Hasta aquí hemos llegado' en representación de los barrios de El Realejo-San Matías, Barranco del Abogado, Santa Ana y la Virgen de las Angustias, en Granada capital, por la presunta vulneración del derecho de petición.
Puesto que la parte demandante no tuvo contestación de la Administración autonómica en el plazo de tres meses, el TSJA ha declarado conculcado el derecho fundamental de petición, que recoge el artículo 29 de la Constitución, si bien cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.
Ahora se espera que el presidente andaluz conteste o notifique la contestación accediendo o no a la petición formulada e indicando razones y motivos para ello, tal y como reflejó en su escrito de demanda la plataforma.
Luego hay jurisprudencia, como era previsible.
ResponderEliminarEs pésimo el ejemplo que dan los consejeros consintiendo la situación existente en sus gabinetes. ¿Cómo pueden presentarse luego ante los ciudadanos como garantes de la buena gestión de los intereses públicos?
ResponderEliminarOpinión publicada hoy en Diario del Altoaragón:
ResponderEliminar¿Por qué hay tanta corrupción política en España? Dice el profesor Víctor Lapuente que la corrupción, en España, tiene su origen, no en "nuestra cultura" ni la falta de legislación en esta materia, sino en el elevado número de cargos de libre designación o designación política, en las instituciones del Estado, autonómicas y locales. Las Administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con mayor número de empleados que deben su cargo a un nombramiento político, como son los que ocupan la larga lista de "asesores" de los Presidentes del Gobierno y de las Autonomías y de los Alcaldes.
En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con personal designado libremente por los políticos. En resumen, puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen del partido que gane las elecciones.
Y ésta es la causa que "alimenta" la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los funcionarios públicos estables.
En España predomina un tipo de gobierno local, en el que el alcalde y su mayoría de gobierno acumulan mucho poder, por lo que el Profesor Víctor Lapuente aconseja que, como en otros países, los cargos electos retengan la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pase a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.
Algo que hay que hacer, y urgentemente, para cortar esa sangría de corrupción con cuyas noticias nos desayunamos diariamente.
Aplíquese la teoría, añado yo, al caso de los asesores de confianza de los consejeros. ¿Qué sucedería si pudiesen cubrir más puestos con personal de confianza?