Zaragoza, 12 de marzo de 2009.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, ha acusado recibo de la queja presentada por esta Asociación ante dicha Institución con motivo de la falta de aprobación por el Gobierno de Aragón de Oferta de Empleo Público de 2008, para atender las necesidades de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y posibilitar el ejercicio del derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad por parte de los ciudadanos.
La no aprobación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2008, incumpliendo con ello el caráctar anual establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Ordenación de la Función Pública,constituye una falta de sometimiento a la ley y una lesión a la correcta ordenación de la función pública y a la necesidad de reforzar su funcionalidad y eficacia. Pero,sobre todo, supone una nueva y grave violación del derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a las funciones públicas, reconocido en el artículo 23. 2 de la Constitución española.
El hecho de que el ejercicio de dicho derecho fundamental haya de realizarse en los términos previstos en la ley implica que la vulneración de las obligaciones legales, como es la aprobación anual de la oferta de empleo público y la inclusión en la misma de todos los puestos vacantes ocupados por personal interino, suponga al mismo tiempo una vulneración del derecho fundamental, sin que ninguna razón justifique o excuse al Gobierno de Aragón de dicho incumplimiento.
El vigor democrático de una sociedad se manifiesta, en primer lugar, en el respeto por parte de todos los poderes públicos a los derechos de los ciudadanos –muy particularmente, los derechos fundamentales, proclamados por la norma constitucional y dotados del máximo grado de protección- y en la reacción institucional y ciudadana que pueda producirse frente al menoscabo de tales derechos.
La aceptación de los abusos de poder o la falta de reacción jurídica y cívica frente al vaciamiento de los derechos de los ciudadanos, como viene ocurriendo con la política del Gobierno de Aragón en materia de selección de personal, constituye uno de los síntomas más preocupantes del desistimiento ético de la sociedad civil.
¿se nota cansancio tras el esfuerzo de la asamblea o es el cambio de ritmo por parte de la nueva junta?
ResponderEliminarNo se por que Función Pública consiente que las plazas necesarias año tras año, que debían ocuparse por funcionarios e interinos, se oferten a las empresas privadas como asistencias técnicas para que ellos contraten libremente a quienes quiera sin haber realizado ningún esfuerzo. ¿No es un fraude? ¿Donde está la igualdad ante la Ley del art. 14 de la Constitución? ¿quién nos ha sustraído la igualdad, capacidad y mérito a las que obliga la Ley de la Función Pública?
ResponderEliminarAquí el pronunciamiento de la asociación asturiana sobre el anteproyecto de ley de función pública de su Comunidad:
ResponderEliminarTras la difusión y conocimiento público del borrador del anteproyecto de ley del Principado de Asturias de la Función Pública, el Conceyu por otra Función Pública n'Asturies tiene la obligación ética de denunciar ante la opinión pública que dicho anteproyecto de ley va dirigido a establecer un sistema de acceso, promoción y organización del empleo público en la comunidad autónoma que, lejos de mejorar el modelo clientelar vigente, supone un retroceso que atenta gravemente contra los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, imparcialidad, objetividad y servicio exclusivo de los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas.
Denunciamos que el anteproyecto de ley excluye de los procedimientos públicos y transparentes de selección al personal de las empresas y fundaciones públicas del Principado de Asturias, es decir, a los conocidos popularmente como «chiringuitos» de la Administración, otorgando patente de corso al proceso de huida masiva del Derecho Público para eludir precisamente los principios de igualdad y publicidad en el acceso a los puestos de trabajo de estas entidades públicas.
Denunciamos que la designación y nombramiento de los miembros de los órganos de selección del personal siguen quedando en las manos del poder político, sin sujetarse a criterio objetivo alguno que evite la formación de mayorías sensibles a las directrices del Gobierno, proyectando una alargada sombra de sospecha sobre el control y orientación de las decisiones de aquéllos.
Denunciamos la regresión introducida en el procedimiento ordinario de ascenso en la carrera administrativa, que es el concurso de méritos, al convertir una modalidad que hasta ahora era excepcional y manifiestamente dirigida, a saber, el concurso específico, en la regla general. Con ello, la presentación de memorias y la celebración de entrevistas se convertirán en la pieza clave para la obtención de los puestos de trabajo de nivel superior, privilegiando de esta forma a los trabajadores que ya desempeñaban previamente dichos puestos de forma provisional en comisión de servicios, elegidos a dedo para ello.
Denunciamos la consolidación del sistema de nombramientos en comisión de servicios, sin someterlo a criterio alguno de selección previa, a través del cual se viene transformando «de facto» la provisión ordinaria de puestos por concurso de méritos en un procedimiento generalizado de designación a dedo.
Denunciamos la extensión desaforada de la técnica de gestión privada de la evaluación del desempeño, mediante la calificación y examen de la conducta profesional de los empleados públicos por parte de los cargos de designación política, que condicionará si dicho anteproyecto prospera la permanencia en los puestos de trabajo obtenidos por concurso de méritos y una parte significativa del salario. De este modo, se propiciará que los empleados públicos atiendan más a satisfacer las conveniencias políticas de sus jefes, que a actuar con la imparcialidad y objetividad imprescindibles para el desarrollo de las funciones públicas conforme al interés general.
Al mismo tiempo, se aboca a los trabajadores a una carrera competitiva permanente por el puesto de trabajo y el sueldo, que generará tensiones, mal ambiente de trabajo y, finalmente, redundará en una degradación de la calidad de los servicios públicos que se prestan.
Denunciamos, finalmente, un endurecimiento represivo del régimen disciplinario, traducido en la tipificación como infracciones muy graves y graves de conductas relacionadas con la libertad de expresión y el comportamiento crítico de los trabajadores, dirigidas a amedrentar al personal y a formar una clase funcionarial sumisa, adocenada y fielmente identificada con las decisiones del poder político.
Todo lo que rodea a la Administración pública está funcionarizado excepto, tal vez, los que más deberían estarlo que son los funcionarios (lo digo porque un funcionario se presupone independiente y no lameculos).
ResponderEliminarAlgunos políticos se aferran al sillón como si fueran funcionarios (lo que menos les importa es si lo hacen bien o mal).
Algunos sindicalistas hacen lo mismo.
Algunas empresas externas (concesionarias) que prestan servicios en nombre de la Administración, también tienden a asumir comportamientos de funcionarios porque, a fin de cuentas, las elegidas son siempre las mismas.
Y aquí está el fracaso de lo público, los políticos están vacíos de ideología, los sindicatos van perdiendo su razón de ser y aquella chispa reivindicativa que los caracterizaba. Las empresas contratistas de servicios hacen "de su capa un sayo" porque los que deberían fiscalizarlas (políticos) no tienen gana de complicarse la vida.
Y, a fin de cuentas, nuestra sociedad del bienestar se nos derrumba. Si las personas que forman parte de la Administración pública (políticos, sindicatos,...) dejan a un lado la motivación necesaria para conseguir la materialización de los ideales en los que creen, para conseguir un mundo mejor .... estamos perdidos.
¿Sería una buena causa la lucha contra la corrupción de la Administración?
ResponderEliminaryo diría que la mayoría de los blogs que duran más de un año es porque tienen una causa; es decir, a un/a activista detrás.
ResponderEliminar“Demócrata, en definitiva, es aquel que admite que el adversario puede tener razón, que le permite, por consiguiente, expresarse y acepta reflexionar sobre sus argumentos”
ResponderEliminarAlbert Camus
La prensa de hoy trae información sobre la ridícula oferta de empleo público que piensa aprobar el Gobierno de Aragón para 2009, cuyos datos se agravan por el hecho de que no hubo oferta el año pasado. Hay que estar muy atentos al tema.
ResponderEliminarAtención, que se acerca la primavera: es momento de elevar los ánimos.
ResponderEliminarEstos datos aparecen hoy en prensa:
ResponderEliminarLa Mesa de la Función Pública de la Administración General aprobó ayer la oferta de empleo público para el año 2009 en Aragón, con un total de 713 plazas, de las que 511 corresponden a Educación y las restantes al personal funcionario de la Administración General.
El director general de la Función Pública del Gobierno de Aragón, Antonio Brun, explicó que el objetivo de esta oferta de empleo es la progresiva reducción de la tasa de temporalidad y, por lo tanto, promueve la estabilidad laboral.
De las 511 plazas de turno libre para personal docente no universitario, se convocan 114 para personal funcionario de la Administración General y 18 plazas se reservan a discapacitados, además de 70 para la promoción interna de personal funcionario de la Administración General, lo que supone alrededor de un 16% del total de las plazas ofertadas en la convocatoria correspondiente a la Administración General.
Seguid cultivando la radicalidad de principios tan necesaria en una sociedad acomodaticia y amorfa como la que tenemos en este momento. Todos lo agradeceremos tarde o temprano.
ResponderEliminarEl anónimo del comentario dos se pregunta "por qué Función Pública consiente"... estarás de coña, D. Anónimo... ¿consiente? ¿consiente, dices?... ni que Función Pública fuera un simple monaguillo... a ver si nos enteramos...: es el Papa.
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