CUMPLIR ACUERDOS Y VULNERAR LEYES.

Zaragoza, 17 de marzo de 2009.

En una nota hecha pública hoy con el expresivo título “EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO”, el sindicato Comisiones Obreras informa de una próxima modificación de la Instrucción aprobada por la Dirección General de la Función Pública, el pasado 18 de diciembre de 2008, por la que se regula la consolidación de grado personal derivada del Acuerdo Administración-Sindicatos de 13 de agosto de 2008.

Con dicha modificación, instada por el citado sindicato, se van a ampliar los supuestos en que cabrá reconocer grado personal al margen de los requisitos que establece la vigente normativa sobre consolidación de grado personal, contenida en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio.

Esta Asociación ha solicitado tanto al titular del Departamento de Presidencia como al conjunto de los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos del Gobierno de Aragón, así como al Justicia de Aragón, la anulación de la referida Instrucción, al entender que su contenido tiene naturaleza normativa y, por lo tanto, constituye un desarrollo de la Ley de Ordenación de la Función Pública, por lo que ha de ser regulado mediante Decreto del Gobierno de Aragón, conforme al procedimiento establecido para la aprobación de las disposiciones de carácter general.

Comprendemos que las organizaciones sindicales valoren positivamente que se cumplan los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva, pero lo que no comprendemos de ninguna forma es que dichos sindicatos puedan admitir y celebrar que la ejecución de tales acuerdos se haga al margen de la legalidad, con vulneración manifiesta de las reglas más básicas del ordenamiento jurídico.

Debemos recordar que el principio de legalidad es de mucho mayor valor, en todos los sentidos, que cualquier posible acuerdo que pueda alcanzarse en la negociación colectiva.

Si las conquistas laborales en la Administración autonómica han de hacerse, como ya parece habitual, mediante la quiebra de elementos esenciales del Estado de Derecho, como son el principio de legalidad, los derechos fundamentales o la división de poderes –todos ellos vulnerados por unos u otros acuerdos fruto de la negociación colectiva-, la imagen de los sindicatos quedará inevitablemente asociada a la degradación de nuestro sistema constitucional. No puede existir Estado social sin Estado de Derecho, pues éste constituye la principal garantía de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores del sector público.

La negociación colectiva, como señala el Estatuto Básico del Empleado Público, ha de respetar, entre otros, el principio de legalidad, algo que parecen obviar de forma sistemática tanto los responsables sindicales como los propios responsables de la función pública, entre los cuales hay que citar expresamente al Director General de la Función Pública, Antonio Brun, y al Consejero de Presidencia, Javier Velasco.

Esta Asociación, como ya ha señalado en otras ocasiones, no va a consentir que los diferentes elementos del régimen de función pública -entre los que destaca el de la carrera administrativa- sean objeto de desarrollos ilegales. Ni la Dirección General de la Función Pública debe usurpar las funciones normativas que corresponden al Gobierno de Aragón, prescindiendo además de los trámites y garantías previstos para la aprobación de normas reglamentarias, ni los sindicatos pueden llevar a cabo su acción sindical desde el desprecio al valor esencial de la función pública, que es el respeto a la legalidad.

Es decir, esta Asociación no admitirá que el “CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS” vaya asociado a la “VULNERACIÓN DE LAS LEYES”.