FRAUDE DE LEY EN LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN.

Zaragoza, 7 de noviembre de 2008.


El Consejero de Presidencia, Javier Velasco, mediante Orden de 21 de octubre de 2008, ha resuelto desestimar el recurso potestativo de reposición formulado por esta Asociación frente a la convocatoria de provisión, mediante procedimiento de libre designación, del puesto de Secretario General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

El recurso venía motivado por el hecho de haberse acordado por el Gobierno de Aragón un incremento del complemento específico de dicho puesto con anterioridad a la publicación de la citada convocatoria, razón por la cual cabía entender que, al no reflejar la convocatoria las retribuciones reales que se percibirían por el adjudicatario del puesto convocado, no se respetaba el principio de publicidad y, consiguientemente, se lesionaba el principio de igualdad en el acceso a las funciones públicas.

En la resolución al recurso, adoptada por el Consejero de Presidencia, no se hace mención alguna al motivo de impugnación expresado por esta Asociación, cuya veracidad y fundamento ni se admite ni se rechaza, sino que simplemente se ignora, dando con ello ejemplo de la arbitrariedad existente en la gestión de la función pública, pues, una vez más, no se da respuesta a lo que se plantea, sino que se afirma lo que interesa, pese a la falta de congruencia con lo planteado y a que la realidad desmiente e invalida lo afirmado.

Sin embargo, y toda vez que, por el tiempo transcurrido, ya son conocidas perfectamente las circunstancias del proceso de provisión del puesto de Secretario General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y el propio BOA basta para acreditar que durante el procedimiento de provisión del puesto se ha tramitado de forma simultánea la modificación de sus condiciones retributivas, alterando con ello los elementos de la convocatoria, no cabe concluir sino que la resolución desestimatoria ahora dictada ha venido a confirmar el fraude de ley en que se ha incurrido por los responsables de la Dirección General de la Función Pública y del Departamento de Presidencia, pues no merece otro calificativo la afirmación realizada de que la convocatoria es plenamente conforme a derecho.

Confunden dichos responsables la conformidad con la letra de la norma y la conformidad con el derecho, pues una conformidad aparente y estrictamente formal como la señalada, a una relación de puestos de trabajo que se modifica al mismo tiempo que se convoca el puesto no es sino una calculada y manifiesta operación de fraude de ley, haciéndose uso de una apariencia de legalidad formal para alcanzar un resultado distinto al previsto por la norma aplicada: el fin es pagar más por el desempeño del puesto convocado, sin respetar las condiciones de la convocatoria.

Es de lamentar una vez más que la argumentación jurídica se ponga al servicio del cinismo y se degrade cada día más la credibilidad de quienes debieran asegurar el respeto y cumplimiento de las normas de función pública. ¿Qué mensaje creen enviar con actuaciones como ésta al conjunto de los funcionarios públicos? ¿Qué respuesta esperan recibir?