Este
pasado lunes tuvo lugar la reunión constitutiva de la nueva Junta Directiva de la Asociación,
parcialmente renovada en la pasada asamblea de 27 de junio. Reelegido como
Presidente Julio Guiral, la
Junta ve reducida su composición a ocho miembros, para
asegurar una mayor operatividad en su funcionamiento, incorporándose como
responsable de la Tesorería Victoria
Conde, en sustitución de José Ramón Gálligo, y como nuevo vocal Alfredo Legaz,
causando baja como vocales en la nueva Junta Eduardo Notivol, Guadalupe Zárate
y Álvaro Hernández. Permanecen como vocales en la nueva Junta Adolfo Ballestín,
Antonio Brotons, Enrique Borruel y Antonio Serrano, y, como Secretario, Félix
Gracia.
De
acuerdo con lo ya señalado en la reciente asamblea de junio, la Junta se marca como
prioridades de su actuación la actualización del Documento de Propuestas de
Buen Gobierno y Buena Administración y el impulso de un Observatorio del
Derecho de Acceso a la Función Pública.
En
primer lugar, respecto a la actualización del Documento, hay que revisar todas
aquellas medidas sobre las que incide la reciente Ley de Integridad y Ética Pública,
cuyos contenidos serán objeto de análisis en una sesión monográfica de debate
que se celebrará al comienzo del próximo otoño, y cuya puesta en marcha debe
ser objeto de especial atención por parte de la Asociación, a la vista
del preocupante alcance que revisten muchas de sus previsiones.
En
segundo lugar, durante los meses de verano, se tratará de perfilar con detalle
la propuesta de Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública que se desea
promover, a nivel estatal, junto con otras asociaciones del ámbito de la función
pública española y con los centros de formación de opositores, de manera que
sea posible conocer el grado de cumplimiento de las diferentes Administraciones
Públicas en materia de acceso al empleo público y evaluar su comportamiento en
un informe anual que se dará a conocer públicamente al inicio de cada
ejercicio. Entendemos que la labor de observación y seguimiento de la actividad
administrativa, y la implicación que sobre la labor de control quepa obtener
por parte del Defensor del Pueblo e instituciones análogas, puede ofrecer
resultados superiores a los que se derivan de la estricta acción ante los
Tribunales, vista la lamentable evolución de los pronunciamientos del Tribunal
Supremo sobre el derecho fundamental de acceso a la función pública, renunciando
claramente a la labor de garantía que le correspondería ejercer.
Asimismo,
esta Asociación va a mantener el impulso a las iniciativas emprendidas para asegurar
que al frente de los órganos que han de velar por el buen actuar
administrativo, como es el Consejo de Transparencia de Aragón, figuren personas
que gocen de la necesaria credibilidad y ejemplaridad en su actividad pública,
sin que pueda darse el caso de que los llamados a vigilar el cumplimiento de
las normas son los primeros que las incumplen, como ocurre en el caso del
actual Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón. Admitir dicha situación
constituye un pésimo precedente que pone en entredicho toda la labor tendente a
la regeneración de las instituciones públicas y a elevar el nivel de exigencia
en la gestión de los asuntos públicos.
ResponderEliminarÁnimo para los miembros nuevos y para todos los que siguen año tras año con su compromiso intacto.
ResponderEliminarGuiral parece incombustible.