El
próximo día 14 de junio, de acuerdo con la decisión adoptada por la Mesa de la Comisión de
Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, comparecerán
ante la misma representantes de esta Asociación para exponer las posiciones
mantenidas en defensa del derecho de acceso a la función pública autonómica, y
demandar de los Grupos Parlamentarios iniciativas tendentes al aseguramiento
efectivo de dicho derecho, entre ellas la petición al Gobierno de Aragón de que
retire los recursos de casación promovidos contra las sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón que declararon contrarias a derecho las ofertas
de empleo público de 2014 y 2015.
Como
señalamos en nuestra petición de comparecencia, dirigida a las Cortes de Aragón
el pasado 18 de febrero, “entendemos conveniente que las Cortes de Aragón
puedan recibir de manera directa información sobre el actual funcionamiento del
régimen de acceso a la función pública –tras cuatro sentencias judiciales
anulatorias de ofertas de empleo público del Gobierno de Aragón- y la escasa
voluntad del actual Ejecutivo autonómico para corregir las irregularidades
señaladas, como lo demuestra al promover recurso de casación contra la última
de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con
el fin de impedir o demorar la restauración del derecho vulnerado”.
La
defensa de la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos, que
deben tener su reflejo en la aprobación anual de la oferta de empleo público
por parte del Gobierno de Aragón, no es una mera discusión jurídica. Es ante
todo una decisión política, tanto del Parlamento que aprueba las leyes que
establecen el régimen de ejercicio del derecho, como del Gobierno, que debe
asegurar la realización práctica del mismo, sin que los ciudadanos nos veamos
obligados a acudir año tras año a los Tribunales por la inhibición o deficiente
actuación de uno y otro en el desempeño de sus respectivas responsabilidades.
Las
elevadas tasas de temporalidad en la Administración Pública
autonómica son directa consecuencia del incumplimiento de la normativa de función
pública en materia de selección de personal, incumplimiento que ha quedado
claramente de manifiesto con las cinco sentencias estimatorias de los recursos
promovidos por esta Asociación contra las irregulares ofertas de empleo público
aprobadas por el Gobierno de Aragón.
Dicho
incumplimiento ha de acarrear no solo una sanción jurídica sino un claro
reproche social y una censura política, que corresponde a la institución que
tiene encomendada la función de control de la acción de gobierno, y que no es
otra que el Parlamento. Por ello, tras acudir a los Tribunales, entendemos
necesario acudir al Parlamento, para reclamar control sobre la acción de
gobierno en materia de acceso al empleo público, porque garantizar el exacto
cumplimiento de la legalidad y de las sentencias dictadas por los Tribunales es
avanzar en el respeto de los derechos de los ciudadanos y en el reforzamiento
necesario de la profesionalidad de la Administración Pública.
Todos esperamos que los diputados escuchen atentamente vuestra intervención.
ResponderEliminar