Llega
2016, y la pretensión lógica es que el nuevo año nos permita avanzar en el
logro de objetivos de mejora de la función pública. Al menos, nuestra voluntad
como Asociación es proseguir con la tarea de defensa de la legalidad y de la profesionalidad
en las Administraciones Públicas, con la orientación establecida en el
Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración aprobado por la Junta Directiva y presentado el
pasado día 9 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción, en el
Centro de Prensa de Zaragoza.
Vamos
a convertir cada una de las propuestas contempladas en dicho Documento en
iniciativas trasladadas a las instituciones públicas, a las que corresponde la
responsabilidad directa de su impulso o aprobación, y vamos a insistir en la
defensa del derecho de acceso a la función pública, al entender que es uno de
los más graves incumplimientos en los que han venido incurriendo el conjunto de
las Administraciones Públicas.
Nuestra
acción más inmediata es el recurso a interponer ante el propio Tribunal Supremo
frente a la sentencia desestimatoria de nuestro recurso contra la Oferta de Empleo Público de
2014 en la Administración
General del Estado, en la que se dan por buenos los límites
fijados por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado al ejercicio del derecho fundamental de acceso
a la función pública, inaplicando el régimen establecido en el propio Estatuto
Básico del Empleado Público, en el que se obliga a la inclusión en oferta de
todas las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos.
Pero,
aun siendo prioritario el restablecimiento pleno del derecho de acceso a la
función pública, para corregir la generalizada conculcación del mismo, con la
consiguiente desnaturalización del modelo constitucional de función pública,
debemos extender nuestra actuación a otros muchos aspectos también decisivos
para el buen funcionamiento institucional, con el fin de corregir malas prácticas
que van desde la inactividad administrativa –olvidando mandatos legales de
desarrollo reglamentario o de elaboración de informes en los que se rinda
cuentas de la gestión realizada- y el incumplimiento de obligaciones que impone
el derecho de petición de los ciudadanos –hay que reaccionar frente al general
incumplimiento del deber de responder en que está incurriendo el actual
Gobierno de Javier Lambán, tanto por parte del Presidente como de los Consejeros- hasta el
mantenimiento del abuso de la estructura administrativa para proveer de puestos públicos reservados a funcionarios
a personas de partido ajenas a la función pública, a través del uso
improcedente del contrato de alta dirección, en centros dependientes del
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
La
exigencia del control ciudadano sigue siendo imprescindible –sin delegar dicha
función en ninguna fuerza política, ya sea de viejo o nuevo cuño-, porque solo
la sociedad civil puede actuar como sociedad civil vigilante frente al conjunto de las
fuerzas políticas y de las instituciones públicas, desde la colaboración y el
respeto, pero también desde el control y la denuncia, para recordar que nadie –ni
ciudadanos ni poderes públicos- puede vulnerar el ordenamiento jurídico, cuyo
respeto es la principal garantía de los derechos de todos y de la convivencia
libre y pacífica.
Feliz y fructífero año a todos.
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