Frente
al escepticismo generalizado –ese que trata de convencernos de que no hay nada
que hacer y que todo esfuerzo para que las leyes se respeten resulta inútil-,
hay que concebir la legalidad –su respeto y cumplimiento- no solo como
resultado del buen funcionamiento de las instituciones pública sino también
como fruto del compromiso de los ciudadanos con el Estado de Derecho. Como una
posibilidad realizable, como un deber de ciudadanía que nos incumbe a todos, en
distinto grado.
Ninguno
está exento de responsabilidad –grande o pequeña- en la tarea de restablecer el
respeto a la ley –de asegurar su cumplimiento- en nuestro país, pero entre los
especialmente llamados a contribuir a dicho objetivo se encuentran los
servidores públicos, quienes diariamente aseguran la actividad de la Administración y el
funcionamiento de los servicios públicos.
Dos
actitudes resultan fundamentales para atender dicha tarea: en primer lugar, la capacidad
para detectar y evaluar los incumplimientos de la ley –desde una cultura de la
legalidad, que obliga a cuestionar y rechazar toda actuación ilegal, que
sacrifica el interés general o el derecho de terceros de manera antijurídica-,
y, en segundo lugar, la voluntad de
reaccionar frente a las vulneraciones del ordenamiento jurídico, utilizando los
mecanismos existentes para reclamar el respeto de las normas. En este punto hay
que recordar la ausencia de cauces válidos para que los servidores públicos
puedan reaccionar frente a instrucciones recibidas contrarias a la ley. Un
verdadero compromiso de la
Administración con la legalidad –como el que corresponde a lo
previsto en el artículo 103.1 de la Constitución
Española- debiera llevar al establecimiento de este tipo de
mecanismos, para prevenir y corregir actuaciones ilegales.
El
respeto a la legalidad no solo es posible –lo que descalifica a quienes creen
que la realidad ha de situarse siempre al margen, por exigencia de la eficacia
o de ciertos usos sociales o inercias-, sino que, además, constituye una auténtica
prioridad para corregir la grave crisis de credibilidad que afecta hoy a
nuestras instituciones públicas y al conjunto de la vida social, donde los
abusos y actuaciones ilícitas de todo signo han dañado la confianza en la que
se asienta todo sistema democrático.
En
una democracia constitucional como la española, la legalidad no solo es una
posibilidad –ya que sería absurdo pretender lo imposible- y una necesidad
requerida para su buen funcionamiento, sino que es, y es necesario recordarlo
de manera reiterada –pues la tendencia a olvidarlo es llamativa-, una obligación,
tanto de los poderes públicos como de los ciudadanos, como expresamente
establece el artículo 10.1 de la Constitución
Española. ¿Por qué hemos de aceptar, entonces, que los
poderes públicos desconozcan y vulneren la legalidad?¿Por qué tantas veces reclamamos
el respeto a nuestros derechos y olvidamos, cuando nos interesa, nuestros deberes
legales?
La
cultura de la legalidad es un elemento indispensable para que instituciones y
sociedad fortalezcan diariamente la calidad de la democracia y del Estado de
Derecho. La calidad de las normas ha de contribuir también a ello, pero un factor
determinante para asegurar la efectividad de las leyes lo constituye una función
pública profesional y plenamente comprometida con los derechos de los
ciudadanos y la realización del interés general, cuya principal salvaguarda es
el principio de legalidad.
ResponderEliminarLa legalidad es una de las señas de identidad de la democracia.
No debemos, sin embargo, olvidar que el contenido de la legalidad debe de ser legítimo.Y la legitimidad no se adquiere tan solo porque el órgano que apruebe una norma sea legítimo, sino que también el contenido de la norma debe ser legítimo per se.
ResponderEliminarDecía Gandhi que cuando una ley es injusta debemos desobedecer. Todos los Estados emiten normas para legitimarse, pero un verdadero Estado de Derecho también debe penetrar en la justicia de la norma. Por tanto, la legalidad sí, pero sin convertirnos en meros iuspositivistas. Recordemos que la defensa de los jueces nazis fue argumentar que cumplían con la legalidad del país.
Saludos.
No hay esfuerzo baldío.
ResponderEliminarUn comentario excelente.
ResponderEliminarLa legitimidad de las normas, más allá de la otorgada por la representación parlamentaria, dadas las mayorias, coaliciones y demás circunstancias que han hecho de la sede parlamentaria un coto normativo del gobierno, debe ser entendida dentro del marco constitucional y los principios del ordenamiento jurídico que informan el valor último de justicia.
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ResponderEliminarLos jóvenes españoles son los europeos que más se plantean ser funcionarios como mejor opción de futuro con un 32% por encima del resto de los países del sur de Europa: los italianos (17%), los griegos (13%) y los portugueses (13%) y los portugueses (11%).
Son datos del informe Young Business Talents sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles los jóvenes que encabezan el ranking de los españoles que desean ser funcionarios son los estudiantes de Castilla-La Mancha y Andalucía, por encima de los madrileños y catalanes.
A otro tercio de los jóvenes españoles les gustaría ser emprendedor como vía profesional futura. Y de este porcentaje, Castilla y León y Galicia son las comunidades con jóvenes más emprendedores.
En cuanto al sector servicios -públicos y privados- para el 86,7% de los jóvenes españoles el sector servicios resulta mucho más atractivo que el sector industrial o el agrícola o ganadero.
El estudio también recoge que el 89% de los jóvenes entre 15 y 21 años están dispuestos a cambiar su lugar de residencia, siendo los más dispuestos los castellanos y leoneses seguidos de los madrileños.
ResponderEliminarEso es bueno para España?