Desde
esta Asociación llamamos la atención en su día, con motivo del desarrollo de los últimos
concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo, sobre la irregular
previsión que se contenía en sus convocatorias, al admitir la participación de los funcionarios de
nuevo ingreso sin destino definitivo, a los que, de manera indebida, se había
adjudicado destino provisional, en algunas ocasiones en puestos singularizados
con niveles de complemento de destino superiores a los de muchos funcionarios
de carrera con años de experiencia.
Esa
doble arbitrariedad administrativa –la adjudicación de destinos provisionales
en lugar de definitivos, y la adscripción a puestos singularizados en lugar de
a puestos de entrada no singularizados- ha sido un elemento de distorsión en
los recientes concursos de méritos para la cobertura de puestos singularizados,
dado que no solo se ha permitido participar en los mismos a quienes todavía no
habían obtenido su primer destino definitivo –contraviniendo las reglas que
fija la Ley de
Ordenación de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma
para ello, que impone su adjudicación en atención al orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo,
y no conforme al baremo aplicado en los concursos de méritos-, sino que el tiempo de
desempeño provisional de los puestos indebidamente adjudicados -en muchos casos
con niveles superiores a los ocupados por muchos funcionarios de carrera-, les
ha permitido obtener un primer destino definitivo no solo al margen de las
reglas legalmente previstas sino en condiciones de clara ventaja respecto al
resto de los concursantes, quebrando con ello el principio de igualdad que ha
de presidir cualquier procedimiento de provisión de puestos de trabajo.
Como
advertíamos en su día, la quiebra de las normas ha propiciado la lesión de los
derechos de muchos funcionarios que han intervenido en los procesos de provisión,
al ver como, por ejemplo, sus comisiones de servicios –cuya duración prolongada se debía a la inactividad de la Administración en la convocatoria de los correspondientes
concursos de méritos- se veían penalizadas por el baremo de méritos, en tanto
que el desempeño de los destinos provisionales de los funcionarios de nuevo
ingreso se veían irregularmente
premiado por el baremo. La quiebra de las normas de provisión de puestos que
ello ha conllevado, con efectos duraderos en el tiempo, supone una de las más
graves lesiones a los principios de mérito y capacidad que ordenan la provisión
de puestos de trabajo.
Acaso
los responsables de la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, tras su declarada apuesta por la carrera horizontal
en el propio puesto de trabajo, han comenzado a aplicar la verdadera política
que se oculta tras la misma, consistente en implantar la máxima arbitrariedad en la
carrera vertical, alterando sin el menor reparo las reglas de provisión de
puestos fijadas legal y reglamentariamente.
Lo
más grave de este suceso es que la Dirección
General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios no solo no quiso corregir
la irregular previsión de las convocatorias de concurso –una vez denunciadas
por esta Asociación y señaladas por el Justicia de Aragón- sino que tampoco trató de evitar o minimizar sus efectos distorsionadores
en la aplicación del baremo de méritos –en el que se privilegia el tiempo de
desempeño de puestos en destino provisional- y, lo peor de todo, es que, pese a todo, se
sigue adjudicando destinos provisionales a los funcionarios de nuevo ingreso en
puestos singularizados, con niveles de complemento de destino que muchos
funcionarios de carrera con larga experiencia no han alcanzado.
Es
evidente que el órgano responsable de asegurar las reglas de provisión de
puestos de trabajo y garantizar los criterios de igualdad y mérito en la
carrera administrativa del personal de la Administración ha
optado por olvidar y desatender tal obligación y limitarse a aplicar su voluntad arbitraria en la
adjudicación irregular de puestos. Esa conducta es perfectamente coherente con el inaceptable Proyecto de Ley de Función Pública remitido por el Gobierno de Aragón a las
Cortes de Aragón. Desde esta Asociación nos sentimos obligados a rechazar tanto
la gestión arbitraria de la provisión de puestos como el Proyecto de Ley
elaborado para consolidar la arbitrariedad en la gestión de la función pública.
ResponderEliminarMe alegra que esa asociación señale esta injusticia que han sufrido buena parte de los administrativos de la DGA.
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ResponderEliminarGracias por vuestro acertado diagnóstico de la situación. Faltan, a mi juicio, otros dos puntos:
ResponderEliminar- 1º el sistema de valoración por Comisiones deja al albur de éstas la valoración de determinados méritos específicos, de manera que hay plazas a las que pueden acceder un número limitado de aspirantes, mientras que en otras es más amplio.
- 2º ¿qué podemos hacer los que nos hemos visto afectados por esta situación?
Gracias de nuevo
ResponderEliminar¿Serán necesarias nuevas notas para abordar esos flecos que se señalan?
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ResponderEliminarA mi juicio, las adjudicaciones a funcionarios sin primer destino definitivo son nulas de pleno derecho. Habría que pedir, por lo tanto, su revisión de oficio, y contra lo que se resuelva recurrir en su caso.
ResponderEliminarLas convocatorias eran contrarias a la ley y por lo tanto, al permitir la consolidación de derechos de manera antijurídica, lesionando el principio de igualdad, resultan nulas de pleno derecho en lo que afecta a la posibilidad de participación de los funcionarios de nuevo ingreso sin destino definitivo.
ResponderEliminar¿Alguien aporta alguna idea más sobre esta cuestión tan relevante para combatir la arbitrariedad de Función Pública?
ResponderEliminarEsta nota merece difundirse ampliamente entre el personal administrativo de la DGA.
ResponderEliminarHay que evitar que la injusticia se consolide y se repita, como si fuese posible vulnerar las reglas sin consecuencias para nadie.
Deberían hacerse públicas las actas de todas las Comisiones de Valoración del concurso de Jefaturas de Negociado. Sorprenderían a más de uno.
ResponderEliminar¿buscar un buen abogado?
ResponderEliminar¿Y volver a gastar dinero otra vez sin tener ninguna garantía?
ResponderEliminar¿Qué abogado quiere llevar esto hasta las últimas consecuencias?