LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CARECE DE FACULTAD Y POSIBILIDAD PARA PRORROGAR EL HORARIO DE VERANO.

En estos días se ha trasladado a los diferentes centros de trabajo de la Administración autonómica y se ha hecho pública en el portal del empleado la instrucción de la Dirección General de la Función Pública, de fecha 10 de septiembre de 2010, por la cual se prorroga, con carácter extraordinario, el horario de verano del 16 al 30 de septiembre de 2010, argumentándose para tal medida razones de futura ordenación que poco tienen que ver con la actividad normal de los diferentes servicios públicos, y que, según la instrucción, persiguen “minimizar los perjuicios que tales cambios pueden causar al personal”. Razones peregrinas para una decisión arbitraria y contraria a derecho, como es la de alterar el régimen de jornada de los servicios públicos por órgano que carece de competencia para ello y fuera del periodo en que cabe el establecimiento de una jornada reducida de verano.

La citada instrucción de la Dirección General alude, para su dictado, a las competencias establecidas en el artículo 6 del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las competencias en materia de pesrsonal entre los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma. Basta, sin embargo, una mera lectura de dicho precepto para constatar que en el mismo no se atribuye a la Dirección General de la Función Pública ninguna competencia en materia de jornada laboral. Por el contrario, dicha materia se recoge, en el artículo 3.3.m) del Decreto, como competencia propia del Consejero competente en materia de función pública, al atribuírsele la relativa a “establecer los regímenes de vacaciones, permisos, licencias, jornadas de trabajo y horarios”. Sorprende que el centro directivo responsable de cuidar la correcta aplicación de la normativa de función pública sea precisamente el que lo vulnera, al no respetar el régimen de distribución de competencias.

Pero no estamos sólo ante una vulneración de la distribución de competencias, sino también ante una vulneración de los límites en que cabe ejercer la facultad de fijación de horario de verano. Tanto el vigente Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón como el Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, ambos de 2006, al regular el régimen de jornada irregular, prevén el establecimiento de “una minoración de la jornada durante los meses de julio, agosto y los quince primeros días de septiembre”. Por lo tanto, la segunda quincena de septiembre no es un periodo en el que quepa llevar a cabo minoración de la jornada laboral ordinaria, pues excede el periodo autorizado para la fijación de tal jornada especial. Ni cabe extender a dicho periodo la minoración de jornada ni tiene facultad para ello el Director General de la Función Pública, al carecer de competencias en materia de jornada laboral y horarios.

Pese a que la medida pueda entenderse favorable para los trabajadores, al prolongar una quincena adicional el horario reducido de verano, esta Asociación no sería coherente con sus principios si no hiciese pública su posición contraria a tal decisión, al incurrir en vicio de incompetencia e infracción de la normativa de función pública. La infundada motivación de tal decisión, por otra parte, hace sospechar que estamos ante una medida populista y lesiva del interés general –cuántas horas de trabajo se pierden a causa de dicha prórroga y cuál es su coste económico- que no tiene otra finalidad que compensar de forma indebida la rebaja salarial aplicada en la función pública y paliar el malestar por tal medida ante la proximidad de la convocatoria de huelga general para los últimos días de este mes de septiembre.

Por ello, esta Asociación va a trasladar tanto a la Inspección General de Servicios como al Justicia de Aragón y a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón las razones que le llevan a calificar tal decisión del Director General de la Función Pública como irregular y lesiva del interés público.