domingo, 27 de septiembre de 2009

¿CONTAMOS CON UN VERDADERO DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA?

Todo parece indicar que el Director General de la Función Pública, Antonio Brun, va a presentar ante la correspondiente Comisión de las Cortes de Aragón un análisis y diagnóstico sobre la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Cuando esta Asociación compareció, en noviembre de 2008, ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, apuntó ya tal necesidad: no es posible carecer de un diagnóstico sobre la realidad de la función pública aragonesa y de un estudio sobre el clima laboral existente dentro de la Administración autonómica.

Parece lógico que antes de abordar cualquier modificación normativa de una materia -como es el caso de la función pública-,y más si lo que se pretende es dictar una nueva regulación que venga a desarrollar en nuestra Administración el nuevo marco jurídico establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público, deba realizarse un detallado análisis de la realidad de la función pública aragonesa -su dimensión, su composición, sus exigencias, sus problemas, etc-, determinando, si ello es posible, las causas de dicha realidad, y formulando las necesidades y posibilidades de mejora, así como las opciones que quepan para llevarlas a efecto.

Las realidades responden a causas y circunstancias concretas,y sólo desde un ejercicio de honestidad en su análisis cabe buscar soluciones efectivas. El primer dato a analizar, sin duda, sería la dimensión de la plantilla: cuántos somos, qué hacemos, y si somos más o menos de los necesarios. Posteriormente, la composición de la plantilla: si estamos las personas requeridas, por su formación o cualificación, o si la plantilla carece de la cualificación requerida para ejercer adecuadamente las funciones que corresponden a la Administración autonómica. En tercer lugar, comprobar si la situación de la plantilla es la que las leyes exigen -personas reclutadas por procesos objetivos y con inamovilidad en su relación de servicios- y las razones que puedan explicar el que la realidad desmienta o no se ajuste a esta exigencia, dado el elevadísimo porcentaje de interinidad o temporalidad.

Después de esa primera aproximación a la realidad cuantitativa y cualitativa de los efectivos de la Administración autonómica, podemos empezar a analizar, de forma singularizada, el conjunto de los elementos del régimen funcionarial vigente y del que cabe establecer en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, para asegurar los principos constitucionales a los que sirve la Administración Pública y los derechos fundamentales de los ciudadanos en lo que toca a la Administración Pública. ¿Qué hacer en materia de selección? ¿Qué fórmulas aplicar a la provisión de puestos de trabajo? ¿Cómo garantizar la profesionalidad de los servidores públicos y asegurar un régimen adecuado de carrera profesional? ¿Qué régimen de retribuciones establecer? Y así con los restantes elementos del régimen de personal de la Administración.

Todo diagnóstico y toda estrategia debieran estar, en su caso, presididos por una determinada idea de función pública. ¿Qué entendemos por función pública? ¿Cuál es la misión que le corresponde desempeñar en un Estado social y democrático de Derecho? Esta Asociación ha expresado, desde su constitución, la necesidad de configurar la función pública como garantía de buen funcionamiento del Estado de Derecho, es decir, como elemento asegurador del respeto del principio de legalidad y de la realización de los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a una buena administración, derecho que no fue recogido en el Estatuto de Autonomía de Aragón. Con subordinación al poder político -al Gobierno que dirige la Administración-, pero sólo desde la premisa de que ese Gobierno actúe sometido a la Ley y al Derecho.

El compromiso de los servidores públicos con el ordenamiento constitucional los convierte en un agente cualificado de garantía de los ciudadanos frente a las arbitrariedades e ilegalidades posibles del poder político. Justo todo lo contrario a su brazo ejecutor. Cualquier desarrollo del marco jurídico de la función pública que no contemple esta necesidad no constituye una opción verdaderamente regeneradora del actual modelo degradado de función pública.

Debemos saber qué razones han llevado al actual estado de degradación del modelo de función pública y por qué otras Administraciones, con idéntico modelo, han asegurado un mejor funcionamiento y un mayor respeto de los principios legales del sistema.

¿Por qué no se ha respetado el régimen de acceso y oferta de empleo público? ¿Por qué no se ha asegurado el acceso objetivo a los puestos de trabajo? ¿Por qué los pactos y acuerdos alcanzados en la negociación colectiva han vulnerado, en numerosas ocasiones, la legalidad? ¿Por qué no se aseguran criterios objetivos en la definición de los puestos de trabajo? ¿Por qué se adaptan requisitos y retribuciones de los puestos a sus futuros titulares? ¿Por qué no se garantiza la objetividad en la designación de los miembros de los Tribunales? ¿Por qué se ha incurrido en supuestos generalizados de cesión ilegal de trabajadores entre empresas públicas y departamentos, como en el caso de Sodemasa y Medio Ambiente? ¿Por qué determinados puestos de trabajo, como los de los asesores del Gobierno de Aragón, se utilizan sólo como medio de asegurar retribuciones a militantes de los partidos del Gobierno?

El diagnóstico, seguramente, no dará respuesta a todos nuestros interrogantes, pero debiera señalar los motivos fundamentales del actual estado de cosas, apuntando no sólo a las deficiencias normativas sino a las malas prácticas de los responsables de la Administración. Si no se remedia lo segundo, no existe garantía ninguna de que con distintas normas no se llegue a idéntico resultado de degradación sistémica. El problema que encierra el diagnóstico realizado por el responsable del órgano gestor es la dificultad de apuntar los problemas reales y efectivos de los que -en buena medida- es responsable también el actual Director General de la Función Pública. Es una ocasión única para poner a prueba su capacidad de autoexigencia y autocrítica.

34 comentarios:

  1. No espero nada de semejante diagnóstico.

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  2. Gobierno y sindicatos firman el Acuerdo para la Función Pública 2010-2012

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  3. La Vicepresidenta Primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, y los líderes sindicales de la Función Pública, Julio Lacuerda de UGT, Enrique Fossoul de Comisiones Obreras y Domingo Fernández de CSI- CSIF han firmado el Acuerdo para la Función Pública 2010-2012.

    Este acuerdo, que se desarrollará a lo largo de los próximos tres años y que se enmarca en el diálogo social, incorpora 50 medidas para el incremento de la calidad y eficacia de los servicios públicos, la reforma y modernización de la Administración, la mejora de las condiciones de trabajo, la profesionalización y la productividad de los empleados públicos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios, y la garantía y buen ejercicio de los derechos sindicales.

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  4. Uno de los principales objetivos de este acuerdo es la modernización y reforma de la Administración. Para ello, además de continuar el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, se elaborará una Ley de Función Pública con el fin de empezar su tramitación como Proyecto de Ley en septiembre de 2010.

    También se creará un Observatorio del Empleo Público encargado de realizar un diagnóstico que permita redimensionar las plantillas, establecer los criterios de calidad y eficiencia y el estudio de las necesidades de incorporación de nuevas categorías profesionales ahí donde sea necesario.

    En este mismo sentido, se elaborará un Plan de Ordenación de Recursos Humanos con el objetivo de mejorar los servicios y la utilización racional y eficiente de los recursos tanto materiales como tecnológicos y personales.

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  5. Una Ley de Función Pública, no una Ley de Empleo Público.

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  6. El Gobierno garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios. Para ello, se ha establecido una subida salarial del 0,3% en 2010 y se ha acordado, por primera vez en la Administración del Estado, una cláusula de revisión salarial por la que el Gobierno se compromete a compensar en 2012 la pérdida del poder adquisitivo que pudiera producirse hasta esa fecha.

    Asimismo, para impulsar una Administración de calidad y eficaz, Gobierno y sindicatos, han acordado culminar el desarrollo de la Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos aprobada en junio de 2007. Para ello, se aprobará el Real Decreto que desarrolla la ley y se impulsará un Plan General de Formación en Administración Electrónica.

    Además, se hará efectivo el Código Ético de Conducta de los empleados públicos, se implantará el teletrabajo allí donde sea oportuno y se simplificarán plazas y procedimientos.

    Por otro lado, la formación va a ser otro de los retos para la Administración. Se potenciarán planes de formación no sólo para perfeccionar y mejorar las funciones a desempeñar de los funcionarios, sino que también den un impulso a su promoción y carrera profesional.

    Por último, el acuerdo contempla reducir las tasas de temporalidad hasta un máximo del 8%, elaborar planes de igualdad de trato entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del sector público y permitir el acceso a la jubilación parcial, entre otros asuntos.

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  7. El Gobierno y los sindicatos han llegado a un acuerdo para incorporar a los Presupuestos Generales del Estado los criterios por los que se regirá la Oferta de Empleo Público para 2010. Según este acuerdo, el número total de plazas públicas no superará el 15% de la tasa de reposición y se concentrará en los sectores que se consideran prioritarios y esenciales.

    Esta limitación no se aplicará al ámbito de la Justicia, la Sanidad, la Educación, las políticas de empleo, las instituciones penitenciarias o los municipios de menos de 50.000 habitantes.

    Tras la firma del Acuerdo, la Secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, reunirá a la Mesa técnica de las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, y a la Mesa General de la Negociación las Administraciones Públicas para trasladarles el acuerdo alcanzado.

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  8. Podrá encontrar el Acuerdo para la Función Pública 2010-2012 en: www.mpr.es

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  9. Vicepresidenta Primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, y los líderes sindicales de la Función Pública, Julio Lacuerda de UGT, Enrique Fossoul de Comisiones Obreras y Domingo Fernández de CSI- CSIF firmaron hoy el Acuerdo para la Función Pública 2010-2012.

    Este acuerdo, que se desarrollará a lo largo de los próximos tres años y que se enmarca en el diálogo social, incorpora 50 medidas para el incremento de la calidad y eficacia de los servicios públicos; la reforma y modernización de la Administración; la mejora de las condiciones de trabajo, la profesionalización y la productividad de los empleados públicos; el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios; y la garantía y buen ejercicio de los derechos sindicales.

    Uno de los principales objetivos de este acuerdo es la modernización y reforma de la Administración. Para ello, además de continuar desarrollando el Estatuto Básico del Empleado Público, se elaborará una Ley de Función Pública con el fin de empezar su tramitación como Proyecto de Ley en septiembre de 2010. Y se creará un Observatorio del Empleo Público encargado de realizar un diagnóstico que permita redimensionar las plantillas, establecer los criterios de calidad y eficiencia y el estudio de las necesidades de incorporación de nuevas categorías profesionales ahí donde sea necesario.

    En este mismo sentido, se elaborará un Plan de Ordenación de Recursos Humanos con el objetivo de mejorar los servicios y la utilización racional y eficiente de los recursos tanto materiales como tecnológicos y personales.

    En materia de retribuciones, el Gobierno garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios. Para ello, se ha establecido una subida salarial del 0,3% en 2010 y se ha acordado, por primera vez en la Administración del Estado, una cláusula de revisión salarial por la que el Gobierno se compromete a compensar en 2012 la pérdida del poder adquisitivo que pudiera producirse hasta esa fecha.

    Asimismo, para impulsar una Administración de calidad y eficaz, Gobierno y sindicatos, han acordado culminar el desarrollo de la Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos aprobada en junio de 2007. Para ello, se aprobará el Real Decreto que desarrolla la ley y se impulsará un Plan General de Formación en Administración Electrónica.

    Además, se hará efectivo el Código Ético de Conducta de los empleados públicos, se implantará el teletrabajo allí donde sea oportuno y se simplificarán plazas y procedimientos.

    Por otro lado, la formación va a ser otro de los retos para la Administración. Se potenciarán planes de formación no sólo para perfeccionar y mejorar las funciones a desempeñar de los funcionarios, sino que también den un impulso a su promoción y carrera profesional.

    Por último, el acuerdo contempla reducir las tasas de temporalidad hasta un máximo del 8%, elaborar planes de igualdad de trato entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del sector público y permitir el acceso a la jubilación parcial, entre otros asuntos.

    Además, el Gobierno y los sindicatos han llegado a un acuerdo para incorporar a los Presupuestos Generales del Estado los criterios por los que se regirá la Oferta de Empleo Público para 2010. Según este acuerdo, el número total de plazas públicas no superará el 15 por 100 de la tasa de reposición y se concentrará en los sectores que se consideran prioritarios y esenciales.

    Esta limitación no se aplicará al ámbito de la Justicia, la Sanidad, la Educación, las políticas de empleo, las instituciones penitenciarias o los municipios de menos de 50.000 habitantes.

    Tras la firma del Acuerdo, la Secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, reunirá a la Mesa técnica de las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, y a la Mesa General de la Negociación las Administraciones Públicas para trasladarles el acuerdo alcanzado.

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  10. Empleo Público para una nueva Administración Pública
    Autor: Pinazo Hernandis, Javier.
    Año: 2007
    Editorial: Tirant lo Blanch.

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  11. Lo decía Jordi Sevilla:

    ¿Cuál sería el diagnóstico del ministro (que también es funcionario) de la situación en que se encuentra la Función Pública española?

    Este Gobierno apostará por el valor de lo público. Creemos que las Administraciones son un instrumento esencial para garantizar la igualdad y el bienestar de los ciudadanos. Y no podemos hacerlo sin una Función Pública eficaz, moderna y con medios adecuados. Esta política se trasladará a la Conferencia Sectorial de Administración Pública, órgano de colaboración entre la Administración General del Estado y las Administraciones Territoriales.

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  12. HOY, EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN:


    EL DIRECTOR general de Función Pública, Antonio Brun, comparecerá hoy en la comisión institucional para analizar y debatir la actual situación del sector público aragonés. Brun esbozará las líneas generales del documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública en la Administración autonómica, intervención que abrirá el turno de los grupos parlamentarios y, por tanto, el contraste de las opiniones en torno a la política autonómica de personal. E. P.

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  13. No iba, por lo tanto, descaminada la nota de ayer.

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  14. Comisión Institucional
    28.09.2009

    Orden del día

    Comparecencia conjunta del Director General de la Función Pública, a propuesta del Consejero de Presidencia y del G.P. Popular, para explicar el documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

    Debate y votación de la Proposición no de Ley núm. 217/09, sobre el desarrollo de la carrera profesional en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el G.P. Popular.

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  15. ¿Comparecencia conjunta?
    ¿No acude solo?

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  16. ¿Qué proposición ha formulado el PP y que se debate a continuación?

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  17. ESTA:

    D. Eloy Suárez Lamata, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de la carrera profesional en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Aragón, solicitando su tramitación ante la Comisión Institucional.

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    La Ley 7/2007, de 12 de abril, aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público y configura, en sus artículos 14 y concordantes, unos principios que regulan la carrera profesional de los empleados públicos. La determinación del régimen de carrera debe recogerse en la Ley reguladora de la función pública de cada Comunidad Autónoma.

    El Gobierno de Aragón ha presentado recientemente ante las Cortes de Aragón el Diagnóstico sobre la Función Pública, el estudio previo a la futura Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

    La Orden de 9 de octubre de 2008, del Departamento de Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General sobre medidas de desarrollo profesional de los empleados públicos del citado ámbito sectorial.

    Es necesario, por razones evidentes de seguridad jurídica, dotar a dicho acuerdo de la cobertura normativa suficiente y adecuada hasta la nueva Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

    Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

    PROPOSICIÓN NO DE LEY

    Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que remita, en este periodo de sesiones, un Proyecto de Ley sobre medidas de desarrollo profesional de los empleados públicos en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Aragón.

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  18. ¿Qué pretende exactamente el PP?

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  19. ¿Dar amparo normativo a una ilegalidad del Gobierno? ¿Asegurar el ilegal anticipo de carrera acordado entre sindicatos y gobierno?

    ¿Esto es hacer oposición?

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  20. ¿O hacerle el juego al gobierno y la pelota a los funcionarios?

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  21. Diagnóstico:Admón Pública, Cortijos privados de algunos
    Una Admón. Pca moderna debe prestar el mejor servicio a los ciudadanos a través de unos trabajadores que, de una forma objetiva y desde el principio constitucional de la igualdad, por méritos y capacidad (al margen de otras connotaciones) deberían acceder a los puestos de trabajo de esos servicios que dirigen personas de “confianza”, libremente nombradas por aquellos políticos a los que el pueblo ha elegido para dirigir sus designios.
    Es preocupante comprobar como cada vez prolifera mas la forma que en la práctica se adopta para cubrir esos puestos de trabajo: el concurso y la oposición acabará sustituyéndose por la dedocracia, el amiguismo y el clientelismo: si pretendes un puesto de trabajo y eres amigo de algún jefe podràs conseguir una comisión de servicio o ser uno de tantos asesores,… pero trambién podrás entrar como interino.
    Si eres funcionario y eres feo, bajito, antipático con el jefe …. buf!! , chungo, chungo!!!!, estas fuera del clan y aunque lo tuyo sea trabajar … te quitan el trabajo y a otra cosa mariposa, …total, paga la Administración, o sea, el contribuyente. Ah!, si de paso dejas un hueco para otro amiguete mas, pues cojonudo. Y SI LA OPOSICION CALLA, OTORGA O NO SE ENTERA…… ¡SIEMPRE NOS QUEDARAN LOS SINDICATOSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!, para aplaudir!

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  22. Función ¿pública?. La Administración cosita de unos cuantos, desde donde se ejerce un nepotismo moderno donde la arbitrariedad se va a convertir en uno de los principios básicos.
    Este año las tablas salariales publicadas por los Sindicatos recogen para el nivel 30, B, un especifico de 20.651.16 € (En 2005, BOA 129, eran 18.148 €), para una remuneración total de 53.429.46 €, pero no hacen referencia para nada a unos pocos (Jefecillos de Servicio) “pata negra”, de libre designación, perpetuados en un puesto de confianza desde donde ejercen su poder, acogen y protegen a sus afines y arrinconan a todo aquel “cuyo perfil” no es de su agrado, para los que ese mismo BOA de 2005 fijaba en 35.610 €, y que viendo la evolución del anterior en 2009 serían 40.521.70 € de específico, y unas remuneraciones de 73.300 € (sin incluir antigüedades, dietas, locomociones, cursos, cursillos …..). Tampoco parece muy justo que otro funcionario de su mismo grupo A, específico B, nivel 22 cobre un total de 37.421.44 €, 3.000 € menos que el específico del “pata negra”, o 33.003.60 € si tiene específico A, o que un funcionario del grupo E, específico A cobre 15.876.14 €.
    En estos tiempos de crisis, ¿es justa la congelación del sueldo de los funcionarios?. ¿Cuantas congelaciones de funcionarios del grupo E se evitarían simplemente cesando a los “pata negra”?

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  23. ¿Habéis pensado en la función pública como oportunidad de negocio?

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  24. Brun es muy indicado para diagnósticos.

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  25. Nota de prensa de las Cortes de Aragón:

    El director general de la Función Pública apuesta por una reforma de la Administración Autonómica para “modernizar” y “dar mejor servicio” al ciudadano.

    Antonio Brun ha presentado ante la Comisión Institucional el documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública en Aragón. Además, los diputados del grupo de trabajo parlamentario han debatido en torno a una iniciativa del PP, sobre esta materia, que ha decaído finalmente.

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  26. Zaragoza, 28/09/2009.- El director general de la Función Pública, Antonio Brun, ha explicado esta mañana en sede parlamentaria la necesidad de emprender una reforma del empleo público, encaminado a “modernizar” y “dar un mejor servicio público a los ciudadanos”. Estas afirmaciones se desprenden de su comparecencia, ante la Comisión Institucional, que ha servido, por petición del consejero de Presidencia y el Grupo Parlamentario Popular, para explicar el documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; un texto que han alabado todos los grupos parlamentarios por el trabajo realizado y que, además, reconoce las “deficiencias” del actual sistema.
    Asimismo, los diputados de la Comisión han debatido una iniciativa del PP sobre el desarrollo de la carrera profesional en el ámbito de la Administración General, que ha decaído porque, según han concretado los grupos, el texto presentado por Brun recoge la intención de regular esta petición.
    Por otra parte, tal y como estaba indicado en el orden del día, el presidente de la Mesa de la Comisión, Enrique Villarroya, ha dado a conocer al resto de los integrantes del grupo de trabajo parlamentario el dictamen elaborado por la Ponencia sobre Asuntos Europeos, y aprobado por unanimidad en septiembre de 2009, sobre la adecuación al principio de subsidiariedad de la Propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa al derecho a interpretación y traducción con los procesos penales.
    Así pues, durante la intervención del director general de la Función Pública, se han dado a conocer los procesos emprendidos para elaborar el documento hoy presentado y que, presumiblemente, permitirá que se presente la nueva Ley de la Función Pública antes de que finalice la actual legislatura. De esta manera, Brun ha indicado que se ha hecho un “intenso” proceso de reflexión sobre la actividad administrativa, en la que se han celebrado veintitrés reuniones de trabajo con distintos departamentos, organizaciones sindicales, Administración Local, Diputaciones, la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMP) y la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL); y en la que han participado un centenar de expertos que han revisado “la actual legislación autonómica y la de otras tantas comunidades autónomas y países”, según ha apuntado el director general. Por otra parte, se ha recordado el “profundo cambio” en la Administración autonómica después del traspaso de competencias como Sanidad, Educación y Justicia a las comunidades autónomas.

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  27. En cuanto al grueso del documento, Antonio Brun ha asegurado que “encontrará en la ley una potente palanca” que permitirá crear un sistema retributivo “más equitativo y racional”. También ha indicado que se reconoce la carrera profesional, la figura del directivo profesional y un código de ética, entre otras cuestiones, en el texto de diagnóstico y análisis.
    Asimismo, el responsable de la Función Pública ha reconocido que la regulación autonómica en esta materia “está fragmentada desde sus inicios recogidos en la Ley de 1986” y que los vectores de la próxima norma deben encauzarse hacia la renovación de los procesos selectivos y la provisión de puestos de trabajo; la flexibilización de los puestos; la adaptación de categorías; la planificación estratégica; la incorporación de nuevas tecnologías y la regulación de cargos en función del mérito y la capacidad.
    Desde el PP, grupo que solicitó la comparecencia, han dicho coincidir en algunas propuestas, aunque, por otra parte, han recriminado a Brun que “se esperaba más chicha” y que “el documento presentado es algo parcial en el diagnóstico”. Asimismo, el portavoz en la Comisión, Antonio Suárez, ha asegurado que falta un análisis de datos en el documento presentado para “saber cuántos funcionarios hay, cuántos están ocupando su trabajo y cuántos no, porque, una cosa son los funcionarios y otra cosa es la gestión”.
    Carlos Tomás, del PSOE, ha recordado el acuerdo que se alcanzó en esta Comisión para elaborar el documento hoy presentado, un hecho que el diputado ha asegurado es “un paso previo y un compromiso del Gobierno para aumentar la calidad del servicio a los ciudadanos”. Además de ahondar en que la reforma de este sector es una cuestión “importante”, Tomás ha apuntado al factor humano como la clave para alcanzar la modernización de la Administración.
    El portavoz del PAR en la Comisión, Javier Allué, ha felicitado a Brun por el “buen” trabajo presentado y expuesto ante la Comisión. Por otra parte, el diputado ha destacado el compromiso y el proceso de participación que se desprende del texto como, según ha señalado Allué, “desde renovar puestos y plazas de trabajo hasta la visión de una nueva ética de la función pública”
    Chesús Bernal, diputado de CHA en el grupo de trabajo parlamentario, ha agradecido el tono de autocrítica del documento que ha asegurado es “una novedad” en todo lo presentado al respecto en la Cámara. “El reto es dar cobertura a toda la Administración Pública, respetando escrupulosamente la Administración Local”, ha sentenciado. Por otra parte, Bernal ha apostado por un objetivo: que la ley del empleo público aragonés garantice la eficiencia de estos servicios en Aragón.
    “Tenemos el documento, ¿cuándo va a venir la ley? Estamos dispuestos a participar en el trabajo, además, el servicio público es algo a pactar entre todos”. De esta manera, el diputado de IU Adolfo Barrena ha respondido a la intervención de Antonio Brun, que, entre otras cuestiones, le ha indicado que el texto presentado “se queda cojo en explicaciones” puesto que “no es bueno que proliferen los entes públicos, porque quedan fuera de control”. En este sentido ha puesto de ejemplo el servicio del “Salud Informa”, “un call center que está atendido por personas que no son enfermeras y que tienen un salario de 652 euros al mes”.

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  28. REGULACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN.

    Los diputados de la Comisión Institucional han debatido, tras la intervención del director general de la Función Pública, una proposición no de ley sobre el desarrollo de la carrera profesional en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Esta iniciativa, presentada por el diputado del PP Manuel Guedea, no ha sido tomada en consideración porque, tal y como han señalado algunos de los grupos, “existe un compromiso del Gobierno de regular la carrera profesional mediante una ley”.

    Después del debate, en el que han participado junto a Guedea Carlos Tomás (PSOE); Javier Allué (PAR); Chesús Bernal (CHA) y Adolfo Barrena (IU), la propuesta ha obtenido seis votos favorables del PP; diez contrarios a la iniciativa de la coalición PSOE y PAR y dos abstenciones de CHA e IU.

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  29. Con este diagnóstico me vuelvo agnóstico. No puedo creer ni no creer. No se da ni un solo dato que permita dimensionar la realidad de la función pública. Todo es una suma de valoraciones e intenciones. En fin, opiniones no sustentadas en ningún dato objetivo. ¡Vaya diagnóstico! ¡Además, alabado!

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  30. ¿Disponéis de ese documento de diagnóstico? Me gustaría algún análisis por vuestra parte.

    Me temo, por otra parte, que ese diputado del PP que ha participado en el debate, que creo que además es funcionario, no se entera de nada. O no quiere enterarse.

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  31. HOY EN LA RAZON:

    Una asociación de funcionarios lleva ante la Fiscalía al Ejecutivo de Iglesias.

    Los asesores del Gobierno de Aragón cobran 37.000 euros «por no hacer nada»

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  32. DICE ASÍ LA NOTICIA DE LA RAZÓN:

    28 Septiembre 09 - Madrid - F. Cancio.

    Los que han puesto el grito en el cielo en esta ocasión han sido los funcionarios. Se quejan de que la gran mayoría de los asesores que trabajan para el Gobierno de Aragón «no realizan función alguna y se limitan a cobrar un sueldo público de modo injustificado». Y por ello, hace unos días, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa decidió formular una denuncia ante la Fiscalía por esta «irregular situación».
    La asociación prefiere no hablar ni de cifras ni de nombres, pero según fuentes consultadas por este periódico al menos 32 de los 60 asesores designados por el Ejecutivo de Marcelino Iglesias «apenas aparecen por sus puestos de trabajo». Trece de ellos son alcaldes en algún municipio de las tres provincias aragonesas y su sueldo en esa tarea es, en ocasiones, simbólico o inexistente, por lo que lo completan con esta otra labor de confianza.
    Pero no sólo hay alcaldes. También hay concejales, ex diputados, candidatos a las elecciones... Todos, del PSOE o del PAR. Desde la asociación llevan desde 2007 peleando y, aparte del silencio institucional, sólo han conseguido que sea obligatorio hacer público el nombramiento de estos cargos de confianza de libre designación que cobran, aproximadamente, unos 37.000 euros anuales como mínimo. Es más, en plena crisis, el Gobierno de Iglesias ha aumentado el personal de confianza, pasando de 60 en 2005 a 136.
    Y no han sido los funcionarios los únicos que han cargado contra estos asesores. Desde el PP aseguran que también llevan tiempo haciéndolo y que han solicitado un plan de austeridad, pues estos cargos suponen «un gasto público innecesario».
    Algunos de los nombres que han ido saliendo en torno a este asunto son el Encarnación Mihi, asesora de presidencia y ex diputada de las Cortes, o el de Nicolás Medrano, alcalde de Cabañas de Ebro y asesor en el área de Educación, Cultura y Deporte. El alcalde de Magallón, Víctor Manuel Chueca, asesor en Ciencia, Tecnología y Universidad también está. Como M. Ángeles Roca, alcaldesa de Albelda y asesora en Salud y Consumo. Y los regidores de Herrera de los Navarros, Aniñón, Camporrells...

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  33. Es hora ya de que este asunto trascienda, que se sepa fuera de Aragón.

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  34. valen la pena iniciativas como la de este portal que os comento aquí:

    Bienvenidos al Portal Rendición de Cuentas.

    El Portal Rendición de Cuentas es una iniciativa conjunta del Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Cámara de Cuentas de Madrid, la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, el Consejo de Cuentas de Castilla-León y la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, para ayudar y dar soporte a las Entidades Locales en el proceso de rendición de cuentas de acuerdo con la Resolución de la IGAE, de 28 de julio de 2006, por la que se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades locales en soporte informático, que facilite su rendición (http://www.pap.meh.es/) y los Acuerdos respectivos de estas Instituciones de control que regulan el formato de la Cuenta General de las Entidades locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.

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