TOMAR EN SERIO LAS COSAS: EJERCER LA DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y DEL ESTADO DE DERECHO.

Esta Asociación va a tratar de analizar la situación compleja en la que está quedando sumido el ejercicio del derecho de acceso a la función pública, a causa del sistemático incumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público por parte de las Administraciones Públicas y el deficiente amparo del derecho por parte de los Tribunales y de los órganos de vigilancia y defensa de los derechos de los ciudadanos, como son el Ministerio Fiscal o el Defensor del Pueblo. 

Llama la atención la actividad de los Servicios Jurídicos del Estado para impugnar las ofertas de empleo público, cuando exceden el límite indebido de las tasas de reposición establecidas en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado, frente a la pasividad general de las instituciones de control y garantía cuando las Administraciones no aprueban las ofertas de empleo público que exige el ordenamiento jurídico o no convocan, en los plazos establecidos, los procesos selectivos correspondientes, incurriendo con tal inactividad en una manifiesta vulneración del derecho de los ciudadanos, lo cual podría revestir incluso relevancia penal, pues la lesión de un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, constituye una infracción del ordenamiento constitucional, y un claro menoscabo del Estado de Derecho.

La inaplicación de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, en el que se obligaba a incluir en la oferta anual de empleo público todas aquellas plazas ocupadas por personal interino, salvo que se optase por su amortización, ha provocado una grave descomposición del sistema de acceso a la función pública, que se constata con la compleja situación judicial a la que nos hemos visto abocados, con la frontal pugna de intereses del personal interino y la acción de los sindicatos de la función pública para obtener la estabilización del empleo temporal, sacrificando con ello el efectivo ejercicio del derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, conforme a estrictos criterios de mérito y capacidad.

Las tasas de reposición de efectivos –y la interpretación que de ellas se ha venido haciendo por los Tribunales y por los responsables de función pública de las distintas administraciones, incluido el Gobierno de Aragón- han degradado nuestra función pública y han desfigurado gravemente uno de los elementos definitorios de nuestro modelo de servicio público, como es el principio democrático y meritocrático del acceso a la función pública, generando a su vez bolsas de interinidad en el seno de las Administraciones que han distorsionado el correcto funcionamiento de todo el sistema y que han consagrado una dualidad en la gestión del personal que supone una clara desigualdad y discriminación de derechos y una pérdida de calidad y profesionalidad y un menoscabo en el papel de garante de la legalidad administrativa que corresponde a la función pública.

Nunca hemos admitido que el gasto público –es decir, la norma presupuestaria- pueda suspender el ejercicio de un derecho fundamental –como es el de acceder a la función pública-, pues la legalidad presupuestaria no puede prevalecer sobre la norma constitucional. Cosa distinta es que el gasto público pueda controlarse a través de medidas salariales o de limitación de la plantilla de personal funcionario, pero en modo alguno cabe aceptar que la falaz invocación al gasto púbico –sin efecto real alguno en su contención- sirva para congelar la oferta de empleo público y disparar las tasas de interinidad en el conjunto de las Administraciones, quebrando con ello el modelo constitucional y legal de acceso a la función pública, e inaplicando de manera arbitraria lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por todo ello, esta Asociación va a seguir demandando el escrupuloso respeto al derecho de acceso a la función pública, del que son titulares todos los ciudadanos, sin que puedan prevalecer otros intereses ni razones de índole personal o económica, como son los invocados por interinos afectados, sindicatos y responsables de la función pública. La función pública debe ser rescatada de la situación de deterioro en que se encuentra, y a ello debieran aplicarse las energías de todos, comenzando por las instituciones llamadas a garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.