NUEVAS VÍAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN.

El nuevo Reglamento de las Cortes de Aragón, publicado ayer en el Boletín Oficial de Aragón, incluye como una de sus más importantes novedades un conjunto de mecanismos de participación ciudadana en los procedimientos parlamentarios, y una concreta regulación del derecho de petición ante la Cámara, además de establecer criterios de transparencia de su actividad, a través de un Portal de Transparencia de las Cortes de Aragón y del reconocimiento del derecho de acceso a la información y documentación de las Cortes de Aragón.

Valoramos positivamente lo que ello supone de apertura del Parlamento a la acción pública de los ciudadanos, para reforzar la necesaria relación de colaboración entre sociedad y parlamento, evitando así que la representación política se desligue de la voz y la presencia de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, entre las cuales hay que incluir las que corresponden a la labor parlamentaria, sin que ello, lógicamente, desvirtúe el papel propio de la institución parlamentaria, como titular de la potestad legislativa y como principal agente de control político del Gobierno, comenzando por la confianza parlamentaria que se manifiesta, en primer lugar, en la investidura del Presidente del Gobierno de Aragón y en el respaldo a su programa político y acción de gobierno.

No es preciso recordar que esta Asociación a lo largo de sus diez años de actividad ha ejercido una constante acción ciudadana ante el Parlamento aragonés, a través del derecho de petición –negado en dos ocasiones por la Mesa de las Cortes y motivo de amparo por el Tribunal Constitucional, en una sentencia que necesariamente se ha debido tener presente a la hora de reformar su reglamento- y la comparecencia en tres ocasiones ante la Comisión parlamentaria de peticiones y comparecencia. Hemos estado permanentemente abiertos al contacto con los Grupos Parlamentarios, y a lo largo de estos años nos hemos reunido prácticamente con todos ellos, con contadas excepciones, entre las que se cuentan de manera significativa las nuevas fuerzas políticas  llamadas a superar un bipartidismo que nunca ha existido en nuestra Comunidad Autónoma. A los Grupos Parlamentarios hemos remitido, al inicio de cada legislatura, nuestro Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, y numerosas propuestas a lo largo de cada legislatura, y no podemos dejar de constatar la escasa capacidad de nuestros parlamentarios para su relación con las entidades cívicas, pues la inmensa mayoría de comunicaciones quedan sin respuesta de ningún tipo, sin siquiera acuse de recibo, como si al otro lado de la relación de representación no existiese nadie consciente de lo que tal relación implica y exige.

El nuevo reglamento titula su Título XVIII con la rúbrica “Del Parlamento abierto”,  y se abre con esta declaración: “Las Cortes de Aragón reconocen el derecho de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma (sic) a relacionarse con el Parlamento”. ¿Acaso ese derecho no existía antes? ¿No es consustancial a la relación de representación que existe entre los ciudadanos y sus representantes políticos? Los mecanismos de participación que se enuncian son la iniciativa legislativa popular, las audiencias ciudadanas y la propuesta de enmiendas en los procedimientos legislativos, las comparecencias ante la Comisión de Comparecencias y Derechos Humanos, la presentación de propuestas de preguntas y proposiciones no de ley, como acción de control del Ejecutivo, y el derecho de petición.

Desde esta Asociación haremos uso intenso y constructivo de todos los mecanismos ahora contemplados en el reglamento de las Cortes de Aragón, del mismo modo que lo hemos venido haciendo en los diez años pasados, cuando desde la Mesa de las Cortes se cuestionaba nuestra legitimación para formular peticiones y se llegaba a acusarnos de injerencia en la actividad parlamentaria, por ejercer el derecho de petición. Confiamos en que el cambio normativo vaya, por lo tanto, acompañado de un cambio de cultura política en nuestros representantes, dejando atrás cualquier vocación de monopolio de las instituciones democráticas.

El Parlamento es una institución abierta a los ciudadanos por definición, y es bueno que las normas reglamentarias que lo regulan profundicen en la relación que vincula a representantes y representados, parlamentarios y ciudadanos, dotando a estos de instrumentos claros para canalizar al Parlamentos sus propuestas, sus demandas, sus aportaciones, y reforzar con ello el compromiso cívico y la confianza precisa en la capacidad de nuestras instituciones para avanzar en la necesaria regeneración democrática, y demostrar que la democracia representativa, núcleo insustituible de nuestro diseño institucional, no excluye la implicación ciudadana, sino que busca en ella el refuerzo imprescindible, la reafirmación de los valores que constituyen el cimiento de nuestra vida pública en libertad, la democracia como autogobierno.