AL CONCLUIR UN AÑO DE LABOR.

Cuando concluye 2016, parece oportuno hacer un balance de la actividad desarrollada a lo largo del año por parte de esta Asociación, sin necesidad de hacer recuento de los resultados obtenidos, pues hay que empezar a valorar el impulso de iniciativas cuya oportunidad no se ve desvirtuada por la distinta suerte que puedan correr.

La defensa de la legalidad, la exigencia de respeto a los derechos fundamentales, la reivindicación de transparencia en la gestión pública o la activación de los mecanismos de garantía del Estado de Derecho frente a la arbitrariedad de los poderes públicos valen por sí mismas, se alcancen o no los objetivos perseguidos.

Esta Asociación, desde el primer momento, rechazó tanto el fatalismo -ese no hay nada que hacer, tan frecuente entre los ciudadanos que parecen haber dimitido de su condición- como el cálculo interesado -esa tendencia a no consumir esfuerzos ni energías en empresas de incierto resultado, a no embarcarse en aquello que solo puede generarnos desgaste o dificultades,  condensado en esa frase cínica que se nos ha querido inculcar desde siempre de que "donde no hay ganancia la pérdida es segura"-, y, en su lugar, se apuntó a la autoexigencia que deben tener, en su actuar, todos los ciudadanos y, en particular, los servidores públicos: no callar ante la quiebra de las normas, no permitir el vaciamiento progresivo de las garantías del Estado de Derecho, no contribuir a la pérdida de calidad de nuestras instituciones y a la desprofesionalización de la función pública, no desatender nuestro cometido.

Podemos decir que a lo largo de 2016 hemos trabajado, menos de lo que hubiéramos deseado, dadas las circunstancias de nuestra Administración Pública, manteniendo la defensa del derecho de acceso a la función pública, reclamando al Gobierno de Aragón -y también a otras instituciones, como el Ayuntamiento de Zaragoza o la Universidad de Zaragoza- la aprobación de ofertas de empleo público que incluyerann la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por personal interino, tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado Público, tratando de impedir con ello que una desafortunada interpretación de las tasas de reposición de efectivos, previstas en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado, cercenasen el derecho de acceso e incrementen hasta niveles escandalosos e inaceptables los niveles de interinidad en el conjunto de las Administraciones Públicas.

En vano hemos intentado que el Gobierno presidido por Javier Lambán aceptase la ejecución de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2014 y 2015, por vulnerar el derecho de acceso a la función pública. Resulta sorprendente que un Ejecutivo se resista a aceptar y ejecutar unas sentencias favorables al derecho de los ciudadanos, alegando que las mismas van en contra de la legalidad. Y aún más que se acuda al Tribunal Supremo en recurso de casación para tratar de obtener, como ya ha hecho en alguna ocasión, una sentencia restrictiva al derecho de acceso, haciendo primar de manera absurda e irreal los límites presupuestarios al régimen de acceso, sin reparar en que la falta de oferta no solo no reduce costes de personal sino que los agrava, como lo evidencian las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a indemnizar al personal interino en el momento de la terminación de su relación laboral con la Administración.

Corregir las bolsas de interinidad generadas durante todos estos años puede comportar, en indemnizaciones salariales, un coste millonario, dejando así en evidencia la falaz argumentación de quienes afirmaban que la interinidad abarataba costes a la Administración Pública. La negación de derechos y la discriminación laboral que supone la tasa de interinidad actualmente existente no puede salir barata nunca, y las indemnizaciones son uno más, pero no el principal coste a pagar por la miopía y arbirariedad con la que se ha gestionado la selección de personal en las Administraciones por los sucesivos responsables políticos.

El Gobierno de Aragón no solo se ha mostrado incapaz de ejecutar sentencias, sino también de respetar las leyes, y por eso esta Asociación se ha visto obligada, una vez más, a impugnar los Decretos de aprobación de la oferta de 2016 -tanto en el ámbito de la administración general como en el sanitario-, sin que dicho incumplimiento lo podamos entender enmendado ni paliado con la modificación de la Ley de Salud de Aragón para dar cobertura a una oferta extraordinaria de personal del Servicio Aragonés de Salud.

Alguien debería explicar las razones por las que es importante corregir la interinidad en el ámbito sanitario y no en el resto de los sectores de la Administración, cuando la titularidad de un derecho fundamental, como es el de acceso a la función pública, corresponde por igual a todos los ciudadanos, con independencia de su perfil profesional o del sector al que tengan derecho de acceder. Un Gobierno que discrimina a la hora de legislar no hace sino ahondar y reafirmarse en la ilegalidad de su gestión.

No solo el derecho de acceso a la función pública ha sido el objetivo de nuestra actividad a lo largo de 2016, aunque sin duda ha consumido la práctica totalidad de nuestros recursos -unos recursos limitados para hacer frente a la contumaz postura del Gobierno-, sino que también hemos insistido en el derecho de petición -tan vulnerado por el Gobierno de Aragón y tan desdeñado por las Cortes de Aragón, al margen de discursos de pretendida apertura como el de su actual Presidenta, Violeta Barba, pues traducir las palabras en hechos sigue siendo un camino costoso-, y en el derecho de acceso a la información pública, demandando información de calidad en el boletín estadístico de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma -su contenido es impropio de una Administración obligada a suministrar información veraz y comprensible a los ciudadanos- y reclamando publicidad activa que la Administración se resiste a dar a conocer, como se evidencia con la ausencia de los decretos de oferta en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, incumpliendo la normativa autonómica.

Por último, pero no por ello menor, esta Asociación ha querido mantener en 2016 su compromiso con la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, a celebrar el 9 de diciembre, y organizó con tal fin la proyección del documental "La corrupción: el organismo nocivo", contando en su proyección con la valiosa presencia de sus codirectores, de Pandora Box TV. El acto, al margen de su concreto desarrollo, ha abierto unas vías de colaboración prometedoras para desarrollar en el resto de las Comunidades Autónomas esfuerzos dirigidos a que, en el seno de su respectiva función pública, se inicie un proceso de reflexión que pueda cristalizar en la constitución de una asociación similar a la nuestra, destinada a promover en su propio ámbito los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública.

Hemos desplegado, en suma, el esfuerzo del que hemos sido capaces, pues a cada cual hay que exigir de acuerdo con sus fuerzas y recursos. Nos hubiera gustado haber hecho mucho más, infinitamente más, pero podríamos también haber hecho menos o nada, podríamos haber llegado a tirar la toalla, cosa que no ha sucedido y por ello llegamos a completar un año más de actividad, con la esperanza de seguir trabajando durante el próximo año, en la defensa de nuestros principios  y en la dirección que marcan nuestros objetivos, que en definitiva son los de todos los servidores públicos y ciudadanos que aspiran a contar con una función pública comprometida con la democracia y el Estado de Derecho, con el interés general y la cohesión social, con la libertad y la dignidad de las personas.

A ese trabajo, seguimos convocando a todos, para poder hacer más, para aspirar a que nuestra aportación pueda contribuir a hacer realidad la regeneración democrática que nuestro país necesita.

EL VALOR DE LA EJEMPLARIDAD.

Ayer tarde, en el Centro Joaquín Roncal, de Zaragoza, se proyectó, según lo programado para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, celebrado el pasado día 9 de diciembre, el documental “Corrupción: el organismo nocivo”, realizado por Pandora Box TV, y, tras la proyección del mismo, tuvo lugar un interesante coloquio, con la presencia de los codirectores del documental, Albert Sanfeliu y Teresa Soler, y del Presidente de nuestra Asociación, Julio Guiral.

El documental fue combinando con enorme destreza e impecable realización los relatos de un conjunto de servidores públicos –hay que reservar para ellos esta denominación, que solo merecen quienes de verdad anteponen el deber ético de servicio a sus intereses o a su comodidad- y las intervenciones de una serie de expertos en materia de ética y corrupción, como Victoria Camps, Manuel Villoria, Joan Queralt o Carlos Jiménez Villarejo, de manera que la acción de quienes, en el ejercicio de su función, se enfrentaban a la corrupción pública –con un alto coste personal- venía a encarnar la teoría de quienes reflexionaban y analizaban la exigencia ética en la vida pública y la necesidad de prevenir y combatir la corrupción. Las virtudes que se predican solo pueden apreciarse, verdaderamente, observando el comportamiento de las personas ejemplares que se guían por ellas.

No podemos dejar de señalar, con profunda satisfacción, la plena coincidencia entre los mensajes esenciales del documental realizado y los planteamientos que, desde su inicio, han alentado el trabajo de nuestra Asociación.

No resultó por ello anecdótico el hecho de que, en el transcurso del coloquio, Teresa Soler leyera unos párrafos de un texto que bien podían servir de síntesis de todo lo expuesto y que, no por azar, pertenecían al artículo que en febrero de 2007 se publicó en las páginas de “Heraldo de Aragón” para dar a conocer la constitución de esta Asociación y exponer la necesidad de un “giro ético” en la función pública.

Convencidos del indudable valor que tiene el documental realizado para suscitar una verdadera reflexión sobre las exigencias éticas que comporta el ejercicio de la función pública, desde esta Asociación, tal y como se sugirió ayer en el coloquio, se va a solicitar a los responsables de la Dirección General de la Función Pública que el Instituto Aragonés de Administración Pública, dentro de sus actividades de formación, programe una sesión de sensibilización sobre el fenómeno de la corrupción, dirigida al conjunto de los funcionarios públicos, consistente en la proyección de este documental y posterior debate entre los asistentes a la sesión.

Creemos que el visionado del documental resulta enormemente útil para comprender cuál es el alcance del código de conducta que resulta exigible a los funcionarios públicos, código que ha quedado formulado en el Estatuto Básico del Empleado Público desde 2007, sin que el mismo haya sido objeto de desarrollo alguno ni haya servido para propiciar ese “giro ético” que nuestra Asociación comenzó a demandar justamente en ese mismo año.

Han pasado, prácticamente, diez años, pero los avances en materia de buen gobierno y buena administración han sido muy limitados, y en ocasiones se limitan a simples operaciones de imagen que en modo alguno atacan la raíz de los problemas, y que vuelven a dejar los intereses públicos a merced de abusos y conductas ilícitas. Solo cuando se conoce, de primera mano, la batalla librada contra la corrupción por funcionarios españoles a lo largo de estos años pasados, se comprende que el compromiso con la legalidad y la ética pública es una obligación contraída con los ciudadanos, sin duda, pero también un tributo necesario hacia quienes, como refleja el documental, no han dudado en plantar cara a la corrupción sin otra consigna que sus convicciones personales, su sentido de la dignidad y su conciencia cívica.

Gracias sinceras a Albert Sanfeliu y a Teresa Soler por las horas compartidas con todos nosotros, y por el magnífico trabajo realizado sobre el deber ético para todo servidor público de enfrentarse a la corrupción, pues esa actitud es la que nos permite sentirnos orgullosos de nuestra profesión y no vivir avergonzados por consentir y convivir con la degradación moral de nuestro entorno, en el funcionamiento de nuestras organizaciones públicas.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN: PROYECCIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTAL “CORRUPCIÓN, ORGANISMO NOCIVO”, EL 13 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO JOAQUÍN RONCAL DE ZARAGOZA.

El próximo día 13 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, en el Centro Joaquín Roncal, de Zaragoza, tendrá lugar la proyección pública del documental “Corrupción, el organismo nocivo”, realizado por Pandora Box TV, y en el que se recogen numerosos testimonios de servidores públicos –que han revelado y denunciado casos de corrupción desde sus puestos públicos- y de expertos, con el fin de analizar uno de los problemas que de manera más directa ha afectado a la credibilidad de las instituciones y de la política en general, aportando soluciones para prevenir su aparición y reducir su impacto sobre la gestión de los recursos públicos y los derechos de los ciudadanos.

Con dicho acto público, que constará de la proyección del documental y del posterior coloquio con los dos directores del mismo, Albert Sanfeliu y Teresa Soler, junto a Julio Guiral, Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, deseamos conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción y recordar la necesidad de desarrollo de las numerosas previsiones que, en materia de prevención, contiene la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada en 2003, y ratificada por España en 2006 y por la Unión Europea en 2008.

Son numerosas las medidas contempladas en dicha Convención que afectan al sector público, y que tienen como finalidad la prevención de la corrupción, atribuyendo un papel especialmente relevante en dicha tarea a los servidores públicos. Su selección, su estatuto jurídico, su formación, su profesionalidad son elementos que han de configurarse de manera que contribuyan decisivamente a reforzar la lucha contra la corrupción, mediante su prevención en el seno de las propias instituciones públicas gracias al compromiso expreso con la ética pública y las normas de conducta propias de quienes han de velar por el respeto de la legalidad y la realización del interés público.

El valioso contenido de los testimonios recogidos en el documental son un elemento de primer orden para propiciar un vivo debate sobre los diferentes aspectos que reviste la corrupción pública –tanto política como administrativa- y las estrategias y medidas que cabe promover para prevenirla y sancionar a los corruptos.

Invitamos por ello a todos los ciudadanos y funcionarios públicos a asistir al acto organizado, para disfrutar del documental excepcional que se proyectará y animar el posterior coloquio sobre el papel que corresponde a la sociedad civil, servidores públicos y medios de comunicación, entre otros, en la lucha necesaria contra la corrupción, para su prevención y sanción.