NECESARIO RECHAZO A LA ARBITRARIEDAD ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PERSONAL.

El cúmulo de incumplimientos de las normas en las que incurre la gestión de personal por parte de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hace que los principios de seguridad jurídica y sometimiento al ordenamiento jurídico se vean desplazados por la estricta arbitrariedad administrativa, de manera que los criterios de actuación antijurídicos establecidos por parte de la Administración son los que se imponen en los procesos selectivos de personal y en los procesos de provisión de puestos de trabajo, al igual que en otros diferentes ámbitos de la gestión de personal.

Todo parece indicar, además, que los responsables de personal de los diferentes Departamentos aceptan el actual estado de cosas, permitiendo que sea la actuación arbitraria de la citada Dirección General la que marque criterios y ritmos en la cada vez más degradada gestión de personal en la Administración autonómica. Ni existe celeridad y eficacia en los procedimientos ordinarios, ni los diferentes procesos de selección y provisión se ajustan a las reglas establecidas en las leyes y reglamentos de aplicación.

No se desarrollan los procesos selectivos en los plazos legales marcados, no se asignan los primeros destinos definitivos en la forma legalmente establecida, que no es otra que atendiendo al orden de puntuación de cada uno de los procesos selectivos, no se respetan los plazos máximos de duración de las comisiones de servicios, no se convocan los procesos de movilidad en los plazos señalados, no se publican las comisiones de servicios otorgadas en puestos de libre designación, no se reclasifican los puestos de trabajo que marcan las ofertas de empleo público en los procesos de promoción interna de auxiliares administrativos, y tantos otros incumplimientos que cabría reflejar por quienes, como gestores o empleados públicos, sufren a diario esta actuación arbitraria.

Sería deseable que desde la Inspección General de Servicios, como ya se hiciera hace años, se revisaran los criterios de gestión del conjunto de los procedimientos de personal para detectar y corregir todas las desviaciones producidas y, al parecer, consolidadas en la actuación diaria de la Dirección General de la Función Pública, así como, en su caso, en la de los órganos de personal de los Departamentos y organismos públicos.