Tras
la celebración ayer tarde de la asamblea anual de la Asociación, en la que
se hizo balance de lo realizado, se marcaron objetivos para los meses próximos
y se renovó la composición de la Junta
Directiva –de cuyo contenido y resultados se informará con más
detalle en próximos días-, se abre una nueva etapa de trabajo y de nuevos desafíos
que estamos plenamente dispuestos a afrontar.
Pese
a la actual carencia de interlocución institucional –tanto con el Gobierno de
Aragón como con los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón-, seguimos
optando por la vía de la utilización de los canales institucionales para el
planteamiento de nuestras propuestas y demandas en materia de calidad democrática
y ordenación de la función pública. Días atrás solicitamos precisamente una
comparecencia en las Cortes de Aragón para reclamar la aceptación y ejecución
por parte del Gobierno de Aragón de la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón que anuló la
Oferta de Empleo Público de 2015 –por no incluir el total de
las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos- y la retirada del recurso
de casación promovido contra la misma ante el Tribunal Supremo.
En
tal sentido, valoramos el hecho de que la toma de conocimiento del Anteproyecto
de Ley de Función Pública de Aragón, acordada por el Gobierno de Aragón el
pasado 22 de marzo, incluya expresamente a nuestra Asociación entre las
entidades a las que se va a solicitar informe sobre el texto elaborado, dentro
del trámite de audiencia pública señalado. Al igual que se ha hecho en
ocasiones anteriores, atenderemos la petición realizada por el Consejero
competente y formularemos nuestras observaciones al proyecto normativo
elaborado. Buena parte de nuestras aportaciones están ya expresadas en el
Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración elaborado con
motivo de la nueva legislatura autonómica.
La
nueva etapa que se inicia, tras nueve años de existencia y actividad, nos
exige una apertura mayor al conjunto de las Administraciones Públicas presentes
en la Comunidad Autónoma
de Aragón –como son la Administración
Local, la
Universidad de Zaragoza y la Administración Periférica
del Estado-, y es nuestra voluntad realizar actos de presentación de la Asociación dirigidos
específicamente a los funcionarios públicos que trabajan en dichos ámbitos. Pero
nos obliga también a trascender los límites territoriales de Aragón, y seguir
dirigiendo iniciativas a las instituciones del Estado y del resto de las
Comunidades Autónomas. Y estar asimismo dispuestos a converger con otras
organizaciones de la sociedad civil, para colaborar tanto en iniciativas de
prevención de la corrupción –como hacemos en Acción Cívica contra la Corrupción o Coalición
Pro Acceso- como en propuestas de seguimiento de la política de función pública
en el conjunto de las Administraciones Públicas de España, empezando por el análisis
y seguimiento del régimen de acceso al empleo público.
Estamos
dispuestos, en definitiva, a ser un instrumento útil a disposición de quienes no se conforman
con el actual estado de cosas y desean que los principios de legalidad,
profesionalidad y ética pública cobren plena vigencia en la actuación
institucional y en la ordenación y desenvolvimiento de la función pública, que
sirve a las diferentes Administraciones Públicas para el aseguramiento del
interés general y del adecuado funcionamiento de los servicios públicos.
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