¿DÓNDE ESTÁ LA REGENERACIÓN PROMETIDA?

Después del primer semestre de recorrido del nuevo Gobierno de Aragón, presidido por el socialista Javier Lambán, cabe constatar la absoluta falta de medidas para impulsar una real regeneración de la función pública y del conjunto de las instituciones.

Prosigue la utilización de los puestos públicos para conceder favores políticos –mediante la fraudulenta utilización del contrato de alta dirección-, prosigue el uso y abuso de la libre designación para la provisión de puestos de responsabilidad administrativa –ni siquiera en el ámbito de la Intervención General se ha querido dar una señal para corregir dicha fórmula discrecional de provisión de puestos-, prosigue el abusivo empleo del préstamo de trabajadores para el desempeño de funciones administrativas mediante personal de empresas públicas –fundamentalmente en el área de agricultura y medio ambiente-, se constata la incapacidad para eliminar el complemento de alto cargo que se reconoce a funcionarios por desempeñar funciones fuera de su ámbito profesional, y lo que es el peor signo de todos, se sigue sin dar señales inequívocas del debido respeto a la legalidad, ya sea en el tratamiento del derecho de petición ejercido ante los miembros del Gobierno de Aragón, ya sea en la garantía del derecho de acceso a la función pública.

Se nos podrá alegar que las medidas están previstas y que aún es pronto para valorar la acción del actual Gobierno, pero a ello hay que responder que el respeto a la legalidad y el restablecimiento de los derechos fundamentales reiteradamente conculcados –como ha ocurrido en materia de oferta de empleo público- debe adoptarse desde el primer día de la legislatura. No cabe admitir prórroga alguna a las numerosas irregularidades existentes.

Desde esta Asociación hemos concedido un margen más que suficiente para observar las posibles señales emitidas por el nuevo Gobierno, y esas señales no pueden ser más decepcionantes, una vez visto lo sucedido con el complemento de alto cargo y la falta de voluntad de restablecer el pleno respeto al derecho de acceso a la función pública, como se evidencia con la actitud ante la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la Oferta de Empleo Público de 2015.

En lugar de aceptar una sentencia modélica, que prima la garantía del derecho de acceso sobre la pretendida contención del gasto público que establecen las tasas de reposición de efectivos, cuyo resultado no supone ahorro ninguno sino deterioro creciente de la función pública por los cada vez más elevados niveles de temporalidad, el Gobierno de Aragón, a través de sus servicios jurídicos, ha impugnado ante el Tribunal Supremo dicha sentencia, para procurar su anulación, lo cual significa procurar la negación del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública que establece la Constitución. No cabe imaginar un mensaje peor por parte de un Gobierno, que el de emplear recursos públicos no para asegurar y ampliar derechos sino para cercenarlos y, con ello, proseguir con el deterioro de la función pública. Tal decisión resulta particularmente reveladora al coincidir con el mantenimiento del régimen de consolidación del complemento de alto cargo de los funcionarios que ejercen altos cargos –de designación política- en la Administración. Se mantienen los privilegios injustificados y se combaten los derechos fundamentales. Esto se encuentra, sencillamente, en las antípodas de un programa regenerador, y nos revela y muestra el verdadero perfil del programa de este Gobierno en materia de función pública.

Con ello, esta Asociación vuelve a encontrarse claramente en posición crítica frente al programa del Gobierno de Aragón –al igual que en anteriores legislaturas, con independencia del signo político del Ejecutivo-, al carecer el nuevo equipo de gobierno de verdadera voluntad regeneradora y de compromiso real con la legalidad constitucional y administrativa. Consecuentemente, promoveremos todas aquellas medidas a nuestro alcance para denunciar el actual estado de cosas y la deriva provocada por las decisiones y omisiones del Ejecutivo de Javier Lambán.